Las bases de datos cambian los modelos de negocio
por
Redacción de Baquía
05/04/2004, 06:51 GMT+1
Todos recibimos periódicamente ofertas comerciales -legales e
ilegales- a partir del uso masivo de direcciones almacenadas en bases de datos. Sin embargo, lo que puede
parecer una pesadilla para el público en general, está cambiando
la forma de conseguir clientes incluso en profesiones tan tradicionales
como la abogacía.
Una noticia aparecida en Yahoo
News nos cuenta la historia de la familia Danielson. Los padres, Julie y Dennis, llevaban varios días sin noticias de su hijo, ingresado por error en
la prisión del condado. Tan sólo unas horas después del encierro de su hijo, empezaron a recibir en su buzón de correos ofertas de abogados ofreciéndose a defender a éste ante la justicia.
En Estados Unidos las oficinas de los sheriffs locales de muchas comunidades publican de forma inmediata los datos de los detenidos, que pasan a agencias de información
que a su vez se los facilitan a los abogados. Al parecer, lo que a primera vista podría parecer
una invasión de la privacidad de los presos, proporciona a éstos rápida ayuda legal que redunda en su propio beneficio. Para los despachos locales de abogados, esta práctica se ha convertido en clave para ganar clientes
en tiempo record.
La decisión tomada por el estado de Carolina de Norte en 1999 de centralizar 100
juzgados locales y consolidar sus ficheros diariamente, ha sido una oportunidad
de oro para agencias como SpeedingTicket.net, que con anterioridad a este hecho se veía obligado a enviar personas
a cada juzgado para conseguir, de forma muy cara, dicha información. El estado cobra ahora entre 10 y 30 céntimos de dólar por cada
registro que se utiliza, y dispone de casi 1,7 millones de ellos al año. Luego cobra a los abogados de 0,50 céntimos a 1 dólar por proporcionales
la información de un acusado o llevar a cabo algún servicio de
valor añadido, como imprimir y enviar las cartas a los clientes
potenciales.
De confirmarse la posibilidad esbozada por el PSOE de convertir a la DGT en un organismo autofinanciado, no sería de extrañar que viérmaos estas o similares prácticas
funcionando en España.
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