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La CNMC se pone de parte de los vehículos de alquiler con conductor

La CNMC requiere al Ministerio de Fomento que elimine las restricciones en materia de transporte de pasajeros mediante vehículos de alquiler con conductor
vehículos de alquiler con conductor

Los deseos de año nuevo de Uber podrían ser aún mejor de lo que ellos mismo habrían esperado cuando anunciaban que volverían a España a lo largo del primer trimestre de 2016, con su servicio UberX, una reconversión de la fórmula originaria de la app para compartir trayectos con conductores particulares, que en este caso iría dirigido a personas o empresas que dispongan de licencias de vehículos con conductor (VTC).

 

 

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha instado al Ministerio de Fomento a eliminar las restricciones que considera presenta la normativa recientemente aprobada acerca de los vehículos de alquiler con conductor. En concreto, el ‘superregulador’ se refiere a la anulación de varios artículos incorporados en el Real Decreto 1057/2015, de 20 de noviembre de 2015.

El requerimiento, hecho público hoy aunque enviado el 14 de enero, constituye un “paso previo” que busca evitar la interposición de un recurso contencioso-administrativo en el marco de la Ley de garantía de la unidad de mercado (LGUM), ya que la CNMC considera que “carecen de justificación económica, obstaculizan la competencia efectiva en el transporte urbano de pasajeros en todo el territorio nacional, y reducen el bienestar general”.

Uno de los principales aspectos destacados por la CNMC son los límites cuantitativos, precisamente, una de las críticas habituales de las compañías recién llegadas al negocio del transporte de personas, que consideran excesivamente difícil conseguir las autorizaciones VTC. Hasta el momento, el Real Decreto vigente permite que la Administración Pública deniegue autorizaciones de VTC cuando, a su criterio, existe un desequilibrio entre la oferta y la demanda –la proporción es una VTC por cada treinta licencias de taxi.

La CNMC considera que dicha restricción limita de forma sustancial la entrada en el mercado de transporte urbano de viajeros e impide que los taxis y los VTC compitan entre sí y que los consumidores puedan beneficiarse de una mayor disponibilidad de vehículos, un menor tiempo de espera, y una mayor competencia en precios, calidad e innovación.

Asimismo, se critican la compartimentación geográfica –el RD incorporan un límite máximo de servicios que podrán realizarse en un territorio español distinto al de la autorización– y el número mínimo, representatividad y antigüedad máxima de los vehículos — mínimo de 7 vehículos para poder operar en este mercado y una antigüedad máxima de 10 años–, junto a otros requisitos injustificados de carácter técnico.

 Este requerimiento reconoce los beneficios que la aparición de nuevas alternativas de movilidad pueden ofrecer a nuestro país”
Desde Uber estiman que “estas alternativas favorecen, no sólo una mayor libertad de elección para el ciudadano, sino también una gran oportunidad de creación de empleo. Asimismo, existe una oportunidad de desarrollar ciudades más sostenibles con alternativas reales al vehículo privado que contribuyan a reducir los niveles de congestión y contaminación”.

Estos impedimentos a la libre competencia son especialmente gravosos en el momento actual de innovación acelerada en el sector, concluye el organismo presidido por José María Marín Quemada. Un desarrollo que se vería “frenado” por la norma y que, por tanto, deben ser eliminados del marco normativo. Y advierte de que en el caso de que no se atienda el requerimiento realizado, “impugnará ante los tribunales este Real Decreto, para conseguir que estas restricciones puedan ser eliminadas del marco normativo y aumentar el bienestar general”.

Noticia actualizada el 21/1/2016 a las 17:55h con las valoraciones de la empresa Uber.


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