BAQUIA

123456

La Asociación de Usuarios de Internet (AUI), la Asociación de
Internautas (AI), la Confederación de Organizaciones de Amas de Casa,
Consumidores y Usuarios (CEACCU), Comisiones Obreras (CC.OO.), la Asociación
Nacional de Empresas de Internet (ANEI), la Asociación Multisectorial
de Empresas Españolas de Electrónica y Comunicaciones (ASIMELEC),
la Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de
la Información y Telecomunicaciones de España (AETIC), la Asociación
de Empresas Operadoras y de Servicios de Telecomunicaciones (ASTEL), la Asociación
Música en Internet (AMI), la Confederación Española de
Centros de Formación y Academias Privadas (CECAP) y el Colegio Oficial
de Ingenieros de Telecomunicación (COIT) muestran su rechazo al establecimiento
de cualquier canon que grave los soportes, equipos, redes de comunicaciones
o tecnologías, a la vez que defienden la utilización de los sistemas
digitales de control ya existentes para gestionar los derechos de autor.

Es un hecho contrastable que los avances tecnológicos inducidos por
las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)
son uno de los elementos que más han contribuido a mejorar el nivel de
vida y el bienestar de la sociedad actual, tal como expresaron los mandatarios
de 120 países reunidos en Ginebra, en diciembre de 2003, con motivo de
la primera fase de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información.

El uso de las TIC por ciudadanos y empresas es una de las claves para permitir
el acceso a la cultura, a la calidad de vida y a configurar una economía
competitiva en las sociedades modernas.

Las nuevas redes y servicios de telecomunicación, basados en la tecnología
digital, han propiciado un cambio en el entorno al que es preciso adaptar los
procedimientos anteriores de protección de los derechos de autor. La
tecnología digital permite la gestión directa de los derechos
de propiedad intelectual y la existencia de sistemas de protección contra
la realización de copias ilegales. La evolución del mundo analógico
al digital permite, además, la gestión de los derechos de autor
a través de métodos distintos al “canon”, como son
los TPMs y DRMs (Technological Protection Measures y Digital Rights Management).

Internet propicia un cambio de modelo, con canales de distribución alternativos
a los tradicionales. Un “canon” no debe proteger un canal frente
a otro. El “canon” no soluciona el problema de fondo y legitima
la actividad ilegal de los contenidos y de los productos culturales. Así,
la imposición de un “canon” en las líneas de banda
ancha daría apariencia de legalidad a una actividad que ahora es etiquetada
como ilegal.

Todos los elementos que intervienen en las TIC (soportes, equipos y redes de
telecomunicaciones) sirven tanto para los contenidos que tienen derechos como
para los que están libres de ellos. Por tanto, si se grava de forma indiscriminada,
se penaliza a todos los usuarios.

La existencia de un “canon” sobre los elementos mencionados introduciría
una múltiple imposición, ya que se pagarían derechos por
comprar o adquirir contenidos, se volverían a pagar por el hecho de almacenarlos
en un dispositivo y por moverlos a través de una red de telecomunicaciones.

El “canon” no erradica en ningún caso, las actividades vulneradoras
de los derechos de autor -la piratería o el top manta-, e incentiva el
fraude por los beneficios que supone hurtar su pago. Un “canon”
incrementaría el coste de soportes, equipos y servicios, propiciando
la deslocalización de actividades a otros países que no tiene
este gravamen.

En este momento, determinados agentes están presionando públicamente
en los medios de comunicación, con la pretensión de legislar en
favor de un canon o impuesto que grave a los soportes, equipos, redes de telecomunicaciones
o accesos a Internet. Para ello se criminaliza constantemente al usuario y al
proveedor de tecnologías, comparándolos con los grupos que vulneran
sistemáticamente y con ánimo de lucro los derechos de propiedad
intelectual y las mafias que los sustentan.

Y es ahora, cuando Administración, empresas y ciudadanos están
haciendo un amplio esfuerzo para impulsar la Sociedad de la Información
en España, que permita mejorar la competitividad y productividad de nuestro
país, cuando pretende introducirse un elemento de distorsión de
este proceso. Un anacrónico e injusto “canon” daría
al traste con este esfuerzo colectivo.

Ante esta situación rechazamos el establecimiento de cualquier
canon que grave los soportes, equipos, redes de comunicaciones o tecnologías,
a la vez que defendemos la utilización de los sistemas digitales de control
ya existentes para gestionar los derechos de autor.

No obstante, las organizaciones firmantes manifestamos nuestro total respeto
por el derecho a la propiedad intelectual y los derechos de los autores de contenidos,
cualquiera que sea su origen.

Asimismo, acatamos la legislación vigente y expresamos nuestra máxima
disposición para mejorar la colaboración con las autoridades judiciales
y policiales, y con las administraciones públicas, para la resolución
y esclarecimiento de aquellas actividades delictivas que se puedan producir
en torno al mal uso de las TIC, de forma y fondo debidamente armonizados con
la legislación europea.

Mostramos nuestro rechazo a que los que fabrican soportes y equipos
o gestionan redes de telecomunicaciones, sean corresponsables de los contenidos
que se almacenan o se mueven por ellas.

La responsabilidad debe de recaer únicamente en aquel que introduce
los contenidos en los soportes, en los equipos o en las redes.

Es legalmente imposible para un fabricante, proveedor de servicios u operador
de telecomunicaciones, conocer todos los contenidos que circulan en sus redes.
Una obligación en este sentido, además de entrar en conflicto
con la legislación española y europea del más alto nivel,
violaría el derecho de los ciudadanos al secreto de las comunicaciones,
y generaría serios retos legales para la protección de la privacidad.

Es necesario crear un ambiente de confianza entre los ciudadanos y
no admitir que se equipare al usuario o al proveedor de tecnologías con
aquellos que, al margen de la ley, se lucran ilegítimamente vendiendo
contenidos de terceros.

Vivimos un momento en el que cualquier soporte o red sirve para almacenar o
transmitir todo tipo de contenidos. La experiencia demuestra que el acceso en
condiciones razonables a contenidos de la Sociedad de la Información
reduce el problema de la vulneración de derechos de autor.

Un clima de confrontación, como consecuencia de un “canon”
de este tipo, frenaría la incorporación de muchos ciudadanos a
la Sociedad de la Información, lo que afecta a nuestro futuro como país
y como sociedad, profundizando la denominada “brecha digital”. El
futuro pasa necesariamente por el uso masivo de las TIC, tanto en el trabajo
como en el hogar.

Por tanto, los abajo firmantes:

  • Rechazamos cualquier sistema de “canon digital” para
    soportes, equipos, redes y servicios de telecomunicaciones.
  • Exigimos el uso único y masivo de TPMs y DRMs para la protección
    de los derechos de autor, bajo el principio de libertad tecnológica.
  • Y abogamos por la participación de todos los agentes involucrados
    en la búsqueda de soluciones adecuadas y sostenibles en el nuevo entorno
    digital, que permitan el desarrollo de la Sociedad de la Información
    en España, la mejora de la competitividad y productividad de sus empresas
    y la libertad de acceso de sus ciudadanos a los contenidos.

Organizaciones firmantes:












AUI (Asociación de Usuarios de Internet) Miguel Pérez Subías
AETIC (Asoc. de Empresas de Electrónica, Tecnologías
de la Información y Telecomunicaciones)
Jesús Banegas Núñez
AI (Asociación de Internautas) Victor Domingo Prieto
AMI (Asociación de Música en Internet) Santiago Ureta Domingo
ANEI (Asoc. Nacional de Empresas de Internet) Miguel Errasti Argal
ASIMELEC (Asoc. Multisectorial de Empresas Españolas de Electrónica
y Comunicaciones)
José Pérez
ASTEL (Asoc. de Empresas Operadoras y de Servicios de Telecomunicaciones) Lionel Fernandez
CC.OO. (Comisiones Obreras) Ignacio Fernández
CEACCU (Confederación Española de Asociaciones de Amas
de Casa, Consumidores y Usuarios)
Isabel Ávila
COIT (Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación) Enrique Gutiérrez Bueno
CECAP (Confederación Española de Centros de Formación
y Academias Privadas)
Heliodoro Jiménez Peral


Compartir en :


Noticias relacionadas

Recomendamos




Comentarios