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Blair quiere que los funcionarios hagan de espías

El Gobierno de Tony Blair está dispuesto a seguir los pasos de su hermano americano, no reparando en gastos, ni en los derechos individuales, para extender la persecución del crimen.

La última propuesta del gabinete Blair, que ha indignado a los defensores de los derechos civiles, extiende a la Administración pública —incluidos ministerios, ayuntamientos y diversos servicios públicos— el derecho a rastrear el correo electrónico, las llamadas telefónicas y los lugares en que se ha utilizado el móvil, sin orden judicial, según publica El País. De recibir el apoyo de un comité técnico del Parlamento, las medidas podrán entrar en vigor en agosto.

El gobierno británico ya había tomado una decisión similar en el ámbito laboral, otorgando libertad a los directivos para vigilar el rendimiento de sus empleados mediante el rastreo de emails y llamadas telefónicas. Ahora, el ministro del interior, David Blunkett, justifica la iniciativa —que supone sólo una extensión en la capacidad de espiar, que ya era ejercida legalmente sin permiso judicial por la policía, los servicios secretos, aduanas y Hacienda— en la necesidad de luchar contra el terrorismo y la delincuencia en general. Hasta siete ministerios (incluidos los Agricultura o Sanidad), todas las corporaciones locales y una decena de agencias del Gobierno, aparecen en la larga lista de entidades que consiguen atribuciones policiales.

Los funcionarios, a partir de un determinado nivel, tendrán la potestad de exigir a los ISPs, compañías telefónicas y operadores postales información sobre sus clientes, como el nombre y dirección, las llamadas telefónicas realizadas y recibidas, las páginas visitadas en Internet y la localización geográfica de las llamadas de móviles (lo que permite ubicar a una persona con un error de sólo cientos de metros).

El Ministerio del Interior se ampara en que los criminales cada vez utilizan más esos medios de comunicación, por lo que vigilarlos es necesario en aras de salvaguardar la seguridad nacional, la prevención o detección del crimen, la salud pública, el cobro de impuestos o cualquier otro propósito especificado en una orden del Ministerio.

Desde el 11 de septiembre, las medidas de seguridad avanzan imparables pasando por encima de la privacidad. En Estados Unidos, la lucha contra el Eje del Mal y la reciente reestructuración del FBI debido a su demostrada ineficacia, han llevado a tomar nuevas iniciativas contra el cibercrimen, que el FBI ha destacado como prioridad, y el Departamento de Justicia ha endurecido la legislación y también apunta a Internet como objetivo.

Sin embargo, con la nueva propuesta, el Reino Unido va incluso más allá que sus aliados del continente americano. Para The Guardian, poco sospechoso de conservadurismo, la vigilancia se extiende a un nivel jamás vista en otra parte del mundo. El plan gubernamental ha sido tachado de \”ataque sistemático al derecho a la intimidad\” por Simon Davies, director de Privacy International, que asegura: \”No tengo noticias de ningún país que haya otorgado ese poder a un número tan grande de autoridades\”.

El editorial del rotativo británico titulado \’British liberty, RIP\’ (Las libertades británicas, RIP) —curiosamente, hace dos años publicaba un artículo titulado \’May your privacy RIP\’ cuando entraba en vigor la Regulation of Investigatory Powers Bill (RIP), encaminada a vigilar las comunicaciones—, afirma que se trata de \”una burla al derecho a la privacidad que se supone que la Ley de Derechos Humanos tiene que proteger\”, que \”no va a ayudar a capturar terroristas pero va a aumentar la sospecha pública y la desconfianza hacia los servicios de seguridad y la policía\”. The Guardian hace un llamamiento para detener a los fisgones gubernamentales: \”Government snoopers must be stopped\”.

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