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BSA, el sabueso del software comercial

Evidentemente el software comercial vale dinero y pertenece a determinadas personas y empresas que tienen todo el derecho del mundo a cobrar por sus productos. Un buen puñado de estas empresas se alió en 1988 bajo el nombre de Business Software Alliance, BSA para amigos y enemigos, para defender sus prerrogativas frente a la piratería informática.

La BSA actualmente es una organización internacional (opera en 65 países) que representa a los principales desarrolladores de software comercial del mundo y que está soportada por ellos. A saber: Microsoft, Novell, Adobe Systems, Apple, Corel, Macromedia, Lotus, Filemaker, Symantec, Autodesk, Attachmate, Bentley System y Visio.

Al frente de esta organización se encuentra Robert Holleyman. Antes de unirse a la BSA hace ya 10 años, este abogado fue consejero del Senado estadounidense y director y asesor legal del senador Russell B. Long.

Una curiosidad: La BSA comparte siglas con los Boy Scouts of America y la Bank Securities Association.

Su función en el mundo

La BSA se autodenomina organización sin ánimo de lucro. Algo totalmente cierto desde un punto de vista estrictamente legal, ya que no ingresa ni un solo dólar, pero bastante discutible desde una perspectiva algo más filosófica. Con poco que se rasque la superficie se ve que su razón de ser en el mundo, perseguir la piratería de software, es una actividad que redunda positivamente en las arcas de sus componentes. Sería mucho más elegante y más sincero por su parte si se reconocieran una organización al servicio de los justos intereses de determinadas empresas en vez de intentar convencer de que actúan por el bienestar del mundo.

\”La voz de la industria del software\”, como se refiere a sí misma, asegura que sus funciones son tres:

  • Educar, concienciar a los gobiernos y a los consumidores de que pagar por usar el software redunda en beneficio de la economía de esa nación e incrementa la productividad de los trabajadores y el número de puestos de empleo.
  • Emprender acciones legales contra aquellas empresas que incumplan las leyes de propiedad intelectual y que hagan mal uso de las licencias de software. (Es de suponer que esta es la parte que más les divierte).
  • Y por último, promover legislaciones que protejan los derechos de propiedad intelectual y conseguir que los distintos gobiernos las ejecuten. Discutir sobre la viabilidad y el futuro de los derechos de autor es otro interesante berenjenal en el que Baquía.com se ha adentrado en otras ocasiones.

La BSA además, y para conseguir sus fines, publica regularmente informes alertando, y a veces informando, de los crecientes o decrecientes índices de piratería en el mundo.

Su último estudio estima que el 36% de los programas del mundo es pirata y que sólo con que la piratería en Europa occidental se redujera a un 27% en el año 2001, se obtendrían 258.651 nuevos empleos y se recaudarían 2,1 billones de pesetas en impuestos.

Como prueba para demostrar que la piratería es un freno a la economía, también hacen afirmaciones discutibles como que \”En Estados Unidos y Europa occidental, donde el índice de piratería es relativamente bajo, las ventas de ordenadores y de software fueron altas, y por el contrario en Asia, Europa del Este y Oriente Medio que presentan un elevado índice de piratería, las ventas fueron bajas\”. Seguro que no tiene nada que ver con que son países mucho más pobres.

En fin, nadie espera que no sean partidistas, basta con entrar en su sitio web y leer las ventajas que alegan para el uso del software legal. Por ejemplo, que elimina prácticamente la posibilidad de entrada de virus en los sistemas. También es indicativo de esta actitud el hecho de que en su campaña contra la piratería, la BSA considera que sólo hay dos tipos de software en el mundo: el propietario y el ilegal. Nunca recuerda ni menciona que hay otras soluciones, como acudir al software open source, completamente legal y fuera de su jurisdicción.

Una actuación hipotética

Si usted estuviera al frente de una empresa que la BSA considerara sospechosa de haber violado algún tipo de licencia de software, se podría ver muy fácilmente envuelto en una pesadilla similar a esta. Las historia empieza así: Un día cualquiera, llega una carta, a la empresa X en forma de formulario y escrita en un tono un tanto paternalista que contiene una serie de exigencias que abarcan desde el nombre del encargado de comprar el software hasta la enumeración de todos los programas empleados en la empresa y su licencia.

Ante esa carta sólo hay tres posibles reacciones: Una es devolverla cumplimentada como un niño bueno. Otra es ignorarla. La tercera es contestar airadamente que se metan en sus asuntos. La cosa se empieza a poner interesante si la BSA no queda contenta, algo que sucede casi siempre en los dos últimos casos y con frecuencia en el primero. En ese caso, otro día cualquiera, puede presentarse un juez acompañado de varios policías que ordene a todos los trabajadores que se alejen de sus computadoras. La BSA ha acudido, como aplicado sabueso que es, a investigar una denuncia, quizás de algún ex empleado rencoroso.

Durante un buen rato se dedicará a comprobar, máquina a máquina, si hay software ilegal instalado. Mientras ellos inspeccionan, no permitirán que nadie se acerque a una computadora, por si lo que quiere es eliminar pruebas. Una actitud muy parecida a buscar un alijo de drogas.

Si encuentran algo, habrá que apechugar con una buena multa, además de clamar al cielo, insultar todo lo insultable y dejarse los nudillos en la CPU portadora de software pirata. Y aprender una lección para toda la vida: no perder jamás una licencia y vigilar como una esfinge todo lo que los empleados instalen; o la conveniencia de pasarse al software open source.

Un caso real

Uno de los últimos casos que ha tenido eco en la prensa está protagonizado por la ciudad de Virginia Beach, que recibió una carta en la que les daban 30 días para encontrar y entregar las licencias del software de Microsoft instalado en todas las computadoras de la administración pública. Pese a conseguir 30 días más y a dedicar el 25% de su departamento técnico a esta tarea en exclusiva, un 13% de las licencias no aparecieron (ellos alegan que por haberse perdido, no por haber sido pirateadas). El resultado ha sido una multa de 129.000 dólares, eso sin contar los costes de tener a un nutrido grupo de personas preparando esta auditoria durante dos meses.

Otro caso reciente se ha dado en Phoenix, dónde una empresa llamada DuraSwitch Industries va a tener que pagar una multa de 135.000 dólares y borrar el software cuyas licencias no han sido localizadas.

Espía a tu vecino

Mucho ojo. Nadie va a defender desde aquí la piratería del software. Los derechos de propiedad intelectual y Copyright deben ser respetados, al menos durante el tiempo que aún les queda por vivir. Pero el objetivo de la BSA, las presas a perseguir, deben ser aquellos piratas industriales que pretenden sacar suculentos beneficios de vender copias sin licencia, pero no deberían cebarse con los particulares ni con aquellos empleados que a título personal, conscientemente o desinformados, decide saltarse a la torera los derechos de autor del software. Y los métodos para perseguir estos delitos deben ser medidos y racionales.

La BSA solicita enérgicamente, ya que no puede exigir, que todos seamos sus sabuesos y denunciemos a cualquiera que veamos empleando software ilegal. En su nodo aparece esta exhortación: \”¿Le preocupa la utilización de software ilegal? Si sospecha que un socio, un compañero de trabajo o incluso un antiguo empleado está utilizando o vendiendo software sin licencia, comuníquelo a BSA a través de la línea de información gratuita o mediante una demanda online. Sólo le llevará un momento hacerlo y la información que proporcione se mantendrá en el más estricto secreto. Incluso puede efectuar la denuncia de manera anónima\”.

Independientemente de las dudas existenciales que se le pueden plantear a aquel defensor del software legal que se encuentre a su compañero de mesa y amigo del alma con un Office 2000 sin licencia, el expeditivo método adoptado por la BSA de investigar denuncias de particulares conlleva los peligro de cualquier estado policial. Antiguos empleados rencorosos y ex novias vengativas, por poner un par de ejemplos, tienen en la BSA un sistema perfecto para buscar las cosquillas a aquellos a quienes quieren mal.

La polémica sobre esta peculiar manera de recabar información saltó de nuevo hace casi dos meses cuando la BSA anunció que ofrecería 10.000 libras como recompensa a todo aquel que facilitara información que contribuyera a atrapar malvados piratas. Una iniciativa en la mejor línea del lejano oeste americano y que da qué pensar sobre las motivaciones de la gente que llama a las líneas calientes de la BSA. Evidentemente, a la BSA le importa bien poco que el denunciante sea un convencido de la conveniencia de pagar por el software o que sus motivos sean otros.

Puede ser una política más o menos elegante, pero es innegable que da sus frutos: sólo en los primeros 9 meses del año 2000 la BSA recibió 9.516 denuncias en toda Europa, 8.186 se convirtieron en acciones legales y 1.121 en redadas. Las multas ascendieron a 3.368.659 millones de dólares. Todo esto sólo en el viejo continente, dónde curiosamente se reciben más denuncias que en ninguna otra parte. España es el tercer país europeo con más denuncias en lo que va de año: 363 empresas, distribuidores y particulares denunciados (227 de estas acusaciones se convirtieron en acciones legales e investigaciones).

¿Se ha quedado con miedo en el cuerpo después de leer esto? Tranquilo, lo único que debe hacer es recuperar y archivar cuidadosamente todas las licencias de su empresa, eliminar cualquier resto de software cuya licencia se haya extraviado, prohibir tajantemente a sus empleados que instalen cualquier tipo de software, realizar auditorías informáticas internas regularmente y, por si acaso, agasajar con un jamón ibérico a aquellos que se vea obligado a despedir. También hay otra opción, que es pasarse a los programas open source, pero esa es otra guerra que debe ser contada en otro lugar.


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