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Ciudadanos, profesionales, asociaciones empresariales y sindicatos, contra el canon digital

La Asociación de Usuarios de Internet (AUI), la Asociación de Internautas (AI), la Confederación de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (CEACCU), Comisiones Obreras (CC.OO.), la Asociación Nacional de Empresas de Internet (ANEI), la Asociación Multisectorial de Empresas Españolas de Electrónica y Comunicaciones (ASIMELEC), la Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones de España (AETIC), la Asociación de Empresas Operadoras y de Servicios de Telecomunicaciones (ASTEL), la Asociación Música en Internet (AMI), la Confederación Española de Centros de Formación y Academias Privadas (CECAP) y el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación (COIT) muestran su rechazo al establecimiento de cualquier canon que grave los soportes, equipos, redes de comunicaciones o tecnologías, a la vez que defienden la utilización de los sistemas digitales de control ya existentes para gestionar los derechos de autor.

Es un hecho contrastable que los avances tecnológicos inducidos por las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son uno de los elementos que más han contribuido a mejorar el nivel de vida y el bienestar de la sociedad actual, tal como expresaron los mandatarios de 120 países reunidos en Ginebra, en diciembre de 2003, con motivo de la primera fase de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información.

El uso de las TIC por ciudadanos y empresas es una de las claves para permitir el acceso a la cultura, a la calidad de vida y a configurar una economía competitiva en las sociedades modernas.

Las nuevas redes y servicios de telecomunicación, basados en la tecnología digital, han propiciado un cambio en el entorno al que es preciso adaptar los procedimientos anteriores de protección de los derechos de autor. La tecnología digital permite la gestión directa de los derechos de propiedad intelectual y la existencia de sistemas de protección contra la realización de copias ilegales. La evolución del mundo analógico al digital permite, además, la gestión de los derechos de autor a través de métodos distintos al “canon”, como son los TPMs y DRMs (Technological Protection Measures y Digital Rights Management).

Internet propicia un cambio de modelo, con canales de distribución alternativos a los tradicionales. Un “canon” no debe proteger un canal frente a otro. El “canon” no soluciona el problema de fondo y legitima la actividad ilegal de los contenidos y de los productos culturales. Así, la imposición de un “canon” en las líneas de banda ancha daría apariencia de legalidad a una actividad que ahora es etiquetada como ilegal.

Todos los elementos que intervienen en las TIC (soportes, equipos y redes de telecomunicaciones) sirven tanto para los contenidos que tienen derechos como para los que están libres de ellos. Por tanto, si se grava de forma indiscriminada, se penaliza a todos los usuarios.

La existencia de un “canon” sobre los elementos mencionados introduciría una múltiple imposición, ya que se pagarían derechos por comprar o adquirir contenidos, se volverían a pagar por el hecho de almacenarlos en un dispositivo y por moverlos a través de una red de telecomunicaciones.

El “canon” no erradica en ningún caso, las actividades vulneradoras de los derechos de autor -la piratería o el top manta-, e incentiva el fraude por los beneficios que supone hurtar su pago. Un “canon” incrementaría el coste de soportes, equipos y servicios, propiciando la deslocalización de actividades a otros países que no tiene este gravamen.

En este momento, determinados agentes están presionando públicamente en los medios de comunicación, con la pretensión de legislar en favor de un canon o impuesto que grave a los soportes, equipos, redes de telecomunicaciones o accesos a Internet. Para ello se criminaliza constantemente al usuario y al proveedor de tecnologías, comparándolos con los grupos que vulneran sistemáticamente y con ánimo de lucro los derechos de propiedad intelectual y las mafias que los sustentan.

Y es ahora, cuando Administración, empresas y ciudadanos están haciendo un amplio esfuerzo para impulsar la Sociedad de la Información en España, que permita mejorar la competitividad y productividad de nuestro país, cuando pretende introducirse un elemento de distorsión de este proceso. Un anacrónico e injusto “canon” daría al traste con este esfuerzo colectivo.

Ante esta situación rechazamos el establecimiento de cualquier canon que grave los soportes, equipos, redes de comunicaciones o tecnologías, a la vez que defendemos la utilización de los sistemas digitales de control ya existentes para gestionar los derechos de autor.

No obstante, las organizaciones firmantes manifestamos nuestro total respeto por el derecho a la propiedad intelectual y los derechos de los autores de contenidos, cualquiera que sea su origen.

Asimismo, acatamos la legislación vigente y expresamos nuestra máxima disposición para mejorar la colaboración con las autoridades judiciales y policiales, y con las administraciones públicas, para la resolución y esclarecimiento de aquellas actividades delictivas que se puedan producir en torno al mal uso de las TIC, de forma y fondo debidamente armonizados con la legislación europea.

Mostramos nuestro rechazo a que los que fabrican soportes y equipos o gestionan redes de telecomunicaciones, sean corresponsables de los contenidos que se almacenan o se mueven por ellas.

La responsabilidad debe de recaer únicamente en aquel que introduce los contenidos en los soportes, en los equipos o en las redes.

Es legalmente imposible para un fabricante, proveedor de servicios u operador de telecomunicaciones, conocer todos los contenidos que circulan en sus redes. Una obligación en este sentido, además de entrar en conflicto con la legislación española y europea del más alto nivel, violaría el derecho de los ciudadanos al secreto de las comunicaciones, y generaría serios retos legales para la protección de la privacidad.

Es necesario crear un ambiente de confianza entre los ciudadanos y no admitir que se equipare al usuario o al proveedor de tecnologías con aquellos que, al margen de la ley, se lucran ilegítimamente vendiendo contenidos de terceros.

Vivimos un momento en el que cualquier soporte o red sirve para almacenar o transmitir todo tipo de contenidos. La experiencia demuestra que el acceso en condiciones razonables a contenidos de la Sociedad de la Información reduce el problema de la vulneración de derechos de autor.

Un clima de confrontación, como consecuencia de un “canon” de este tipo, frenaría la incorporación de muchos ciudadanos a la Sociedad de la Información, lo que afecta a nuestro futuro como país y como sociedad, profundizando la denominada “brecha digital”. El futuro pasa necesariamente por el uso masivo de las TIC, tanto en el trabajo como en el hogar.

Por tanto, los abajo firmantes:

  • Rechazamos cualquier sistema de “canon digital” para soportes, equipos, redes y servicios de telecomunicaciones.
  • Exigimos el uso único y masivo de TPMs y DRMs para la protección de los derechos de autor, bajo el principio de libertad tecnológica.
  • Y abogamos por la participación de todos los agentes involucrados en la búsqueda de soluciones adecuadas y sostenibles en el nuevo entorno digital, que permitan el desarrollo de la Sociedad de la Información en España, la mejora de la competitividad y productividad de sus empresas y la libertad de acceso de sus ciudadanos a los contenidos.

Organizaciones firmantes:


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