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Continúa el juicio a Deutsche Bank sobre privacidad del e-mail

Hace más o menos dos años la entidad bancaria Deutsche Bank procedió al despido de uno de sus empleados por estimar que el uso que hacía del correo electrónico era excesivo (el empleado mandó 140 correos en un mes), destinado a fines personales y en algunos casos de contenido pornográfico. Pero para poder justificar el despido del empleado, la entidad intervino –ilegalmente mientras no se demuestre lo contrario– el contenido de su correo, ante lo cual, el empleado interpuso demanda contra el banco por violación del derecho fundamental a su intimidad.

La semana pasada el caso volvía a ser noticia porque el Ministerio Fiscal había solicitado el sobreseimiento del proceso, argumentando que \”los mensajes de correo electrónico de autos (…) en modo alguno constituyen objetos en los que se pueda materializar una proyección de la intimidad personal del sujeto que los remite, ya que el derecho a la intimidad alegado por el trabajador no es absoluto\”.

Pero el proceso sigue su curso y permanecerá abierto, ya que la juez que conoce del caso ha decidido no admitir la solicitud de la Fiscalía al considerar suficientemente probado que personal de la empresa abrió y leyço dichos mensajes, sin consentimiento del empleado; actuación que supuestamente ha vulnerado su derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones y a la intimidad.

El caso es importante ya que podría empezar a sentar jurisprudencia sobre el tema. Tras la reforma del Código Penal en 1995, la legislación española es una de las pocas de la Unión Europea que reconoce y ampara expresamente la inviolabilidad del correo electrónico. Así, el artículo 197 de dicho código establece que: \”podrá ser acusado de vulnerar la intimidad de otro quien, sin su consentimiento, se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos personales o intercepte sus telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o de la imagen, o de cualquier otra señal de comunicación, será castigado con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses\”.

A la vista de las pruebas, la propuesta del Ministerio Fiscal de la pasada semana para que se archivara el caso, ha despertado las protestas de distintos colectivos como el sindicato CC.OO., la Asociación de Internautas (AI) o la Asociación de Usuarios de Internet (AUI) entre otros, al entender que la Fiscalía no había actuado en aras a poteger los derechos fundamentales de las personas.

  • En La Vanguardia

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