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DeCSS, el acróbata de la ley

A veces hechos aparentemente inapreciables traen consecuencias de insospechado calado. La legislación no escapa a esta máxima. A este respecto, los juicios que tienen de protagonista al DeCSS (Decode Content Scrambling System), un programita creado por un chaval de apenas 16 años, tienen una gran trascendencia. Para sus detractores, porque con ello esperan cambiar una ley estadounidense contra la que llevan luchando más de dos años y que consideran injusta, la Digital Millenium Copyright Act (DMCA). Ésta modifica la las leyes de la propiedad intelectual preexistentes para adaptarlas al entorno digital y es el espejo en el que se miran el resto de países, incluidos los europeos, en materia de derechos de autor.

Para sus defensores, las industrias tradicionales y creadores, porque con el apoyo de los jueces esperan terminar con la presunción de que Internet lo cambia todo. Para ellos, se trata de un canal más de distribución, por lo que la diseminación de las obras debe ser controlada (o sea, hay que cobrar por ello), golpeando de forma inmisericorde a quien se oponga al orden establecido.

Los niños malos

Con el DeCSS, Jon Johansen, el adolescente noruego de marras, se cargó de un plumazo a comienzos de 2000 el sistema de protección que impedía copiar los DVDs (un fichero digital MPEG cifrado) y que dividía el mundo en diferentes zonas geográficas de visualización.

La Motion Picture Association of America (MPAA) no tardó en reaccionar, con la esperanza de no sufrir el mismo daño que había padecido la industria musical con la explosión del formato MP3. El argumento esgrimido, que DeCSS violaba la ley al eludir las medidas de protección tecnológica que protegen a los autores de la copia indiscriminada.

Johansen, sin embargo, no tenía planes tan ambiciosos. Su único propósito, según sus palabras, era hacer posible la reproducción de películas de DVD en el entorno Linux. Para ello, utilizaba la \”ingeniería inversa\”, una de las excepciones contempladas en la DMCA, siempre y cuando tuviera por objeto asegurar la interoperabilidad entre las diversas plataformas.

Pronto el celo legal de la MPAA se extendió en las semanas y meses siguientes a todos aquellos que colgaban en sus páginas copias del programa de Johansen. El más famoso de los demandados fue la revista 2600, una publicación estadounidense de tecnología con gran aceptación entre los hackers. Con ello se daba una vuelta de tuerca más en la protección de los derechos de autor. Si hasta entonces la ley sólo perseguía los actos de copia ilegítima, ahora se ensanchaba, gracias a la interpretación de la industria cinematográfica, para amordazar a quienes distribuían las herramientas que hacían posible esa copia y que no tenían otra función aparente además de la del pirateo.

Este último punto es muy importante, pues es lo que impide que se ilegalice un cuchillo, instrumento utilizado en ocasiones para matar, pero con mayor frecuencia para comer.

Los límites de la libertad de expresión

Y se abría un peligroso precedente, pues se validaban las restricciones de acceso al contenido. La publicación de código \”diabólico\” quedaba prohibida y se impedía a los usuarios que compraran un DVD de forma legítima visualizarlo en su plataforma Linux.

De nada sirvió que la revista, una vez obligada a eliminar el programa de su nodo, tentara una vez más a la suerte al poner vínculos a otras páginas en las que los usuarios podían encontrar el programa. El juez le obligó primero a retirar los vínculos y luego dictó sentencia en agosto de 2000. Según el togado, la distribución del programa, ya fuera por vía directa o por medio de vínculos, violaba la ley de la propiedad intelectual.

Algo que no sorprendió demasiado a los abogados de 2600, que ya trabajaban arduamente en el recurso de apelación de un caso que probablemente termine en el Tribunal Supremo estadounidense. Para demostrar la fragilidad de la sentencia, la revista retiró el HTML de los links y los pegó en su página en formato texto. De esta forma, ya no se trataba del propio código ni de una ventana abierta a él, quedando así protegida por el derecho a la libre expresión (recogido en la primera enmienda de la constitución estadounidense).

Es este derecho el que esgrimen los programadores, ingenieros informáticos y criptógrafos para desarticular los argumentos del juez y los preceptos de la DMCA. Para ellos, el código informático es un vehículo de expresión como otra cualquiera, una forma de lenguaje más precisa, con independencia de su función, que la utilizada en la calle. La debilidad de los cimientos de la decisión judicial la pone de manifiesto David Touretzky, profesor de Informática en la Carnegie Mellon University, al recoger en una página las diversas formas en las que el programa puede ser distribuido.

Allí encontramos el DeCSS como poema, canción, explicado mediante un texto, impreso en una camiseta o escrito en un puñado de líneas en Perl. La MPAA no tardó en escribirle para solicitar de forma imprecisa que retirara su página, como también recoge el profesor en una contestación cargada de ironía y de cuestiones legales sin resolver.

La DMCA, para sus detractores, se inclina excesivamente hacia los intereses de los titulares de derechos. Los márgenes en los que puede desarrollarse la doctrina del fair use (algo así como uso lícito), nacida para dar respuesta a los problemas derivados de colisión entre la ley de la propiedad intelectual y el derecho a la libre expresión, se vuelven muy estrechos. Lo contrario de lo que sucede en otros casos de colisión (difamación, apología del terrorismo, etc.) con menor trasfondo económico o industrias o particulares con peores abogados, en los que la legislación se muestra más protectora con la libertad de expresión.

La Association of Computer Machinery (ACM) va un paso más allá y sostiene que la DMCA impide el análisis y la investigación tecnológica al tiempo que frena el desarrollo de las técnicas de cifrado.

El juicio del DeCSS debe ayudar a delimitar los límites del derecho constitucional a la libertad de expresión en el entorno digital. La prohibición de publicar el programa asume que el derecho del creador a no ver su obra reproducida sin su consentimiento prevalece en los casos en los que tropieza con el derecho a la libre expresión (pues el programa no deja de ser un lenguaje).

Ambos bandos afilan sus espadas mientras la apelación sigue su curso. A la MPAA, obcecada como está, no le importa que resulte imposible detener la publicación del DeCSS. Hasta el propio Johansen, premiado por el gobierno noruego (aunque eso sí, después de haber sido detenido), debe estar tronchándose en el sofá de su casa.

Pero algo sí han conseguido. Que la DMCA salga en los periódicos y los abogados, catedráticos y expertos en tecnología se esfuercen en rebatirla o apuntalarla. Y que el público sepa lo que se juega en ello. Después de todo, son ellos los que votan a quienes aprueban las leyes y los que pagan una pequeña fortuna por los DVDs.


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