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El Gobierno pone firmes a las telefónicas

El Gobierno ha aprobado un nuevo reglamento para proteger los derechos de los usuarios de telecomunicaciones. A partir de ahora, cuando un cliente solicite la baja a cualquier compañía telefónica, ésta tendrá la obligación de dar cumplimiento a su petición en 15 días. Pasado este tiempo, no podrán cobrarle nada ni cargarle ningún tipo de factura. Se acabará, por tanto, eso de dar largas telefónicas, remitir de un 902 a un 901, hacer como que no se han enterado de nada, etc.

El Ministerio de Industria se ha visto obligado a actuar en un sector que acapara tradicionalmente, junto a los asuntos de vivienda, la gran mayoría de quejas de los consumidores. Las telecos deberán disponer, también, de un departamento de atención al cliente… Pero efectivo, no como lo de ahora; éste tendrá que tener teléfono, dirección postal e incluso página web. Además, para evitar los toreos y bailes, la operadora deberá asignar un número de referencia a cada comunicante, y cada cliente podrá pedir copia por escrito de su reclamación.

Se da la circunstancia de que hay personas que han llegado a ser incluidas en los registros de morosos por no pagar recibos y facturas cuando habían pedido la baja. Las telefónicas se las apañaban para que fueran integrantes de Asnef y otras entidades similares. Simplemente vergonzoso.

Y una buena noticia para Internet: el reglamento regula el servicio universal, es decir, los servicios mínimos que tiene derecho a recibir cualquier abonado independientemente de dónde viva, entre los que por primera vez se incluye el acceso a la Red. Hasta diciembre de 2007, el servicio universal lo presta en exclusiva Telefónica, sin recibir ni un euro por el coste del mismo (evaluado en 224 millones de euros en 2002), pese a que está prevista la creación de un fondo común para que sea costeado equitativamente por todos los operadores.

El Ministerio de Industria quiere acabar con esa discriminación, y va a llevar a cabo este año una consulta pública para conocer qué operadoras están interesadas en presentarse al concurso para la adjudicación del servicio universal.


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