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El precio de la portabilidad de los números de teléfono

El \”día D\” en EEUU fue el 24 de noviembre. Desde entonces, según la normativa legal, todos los usuarios que lo deseen podrán cambiar sus teléfonos de operadora, sin perder su número actual. Según cuenta Forbes Magazine, lo que preocupa a las operadoras, que ya soportan porcentajes de entre el 22 y el 29% de clientes que se cambian a un competidor cada año, es que este porcentaje se dispare.

El problema es coste y tiempo. Se tarda tiempo en entrenar a los empleados y en conseguir que los sistemas estén a la altura. Dependiendo del operador, un cambio de este tipo manteniendo el número significa entre 12 y 50 pasos distintos. Sólo este año Cingular, una joint-venture formada a partir de la unión de Bellsouth y SBS Communications, invirtió más de 250 millones de dólares para lograr esos objetivos. Sprint admite que tuvo que invertir varios cientos de millones de dólares.

Todo ello es en beneficio del usuario, pero nadie conoce el verdadero efecto de la normativa en los ratios de cambio de operadora de los mismos. La opinión más generalizada es que después de un período de aumento importante del ratio de cambios, los clientes descubrirán que no existen tantas diferencias entre una operadora y otra y volverán a estabilizarse los flujos de migración de clientes.

Lo que está claro, por lo menos para los observadores y analistas norteamericanos, es que el resultado será a corto plazo algo caótico debido a problemas como facturación duplicada y falta de atención postventa. Algo que estamos empezando a ver en España con la portabilidad de los números de las operadoras móviles .

La máxima flexibilidad que demanda la autoridad responsable (en España la Comisión Nacional del Mercado de Telecomunicaciones), solo es factible con las inversiones necesarias y el tiempo de respuesta mínimo que requiere la adaptación de muchos de los procesos de gestión establecidos hoy.

Es por otra parte natural el que los sistemas establecidos se resistan al cambio, incluso cuando se trata de una norma de ley. El tiempo necesario de adaptación no puede estimarse con facilidad.

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