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El Tratado Internacional de Cibercrimen dibuja un negro futuro

El Consejo de Europa, con el inestimable e interesado apoyo de los Estados Unidos, aprobó a finales de la semana pasada el borrador final del futuro Tratado Internacional de Cibercrimen que deberá armonizar las legislaciones en lo relativo a la actividad criminal electrónica, la cooperación policial entre países y los procedimientos judiciales que regirán en Europa y Estados Unidos.

El documento urge a los futuros estados firmantes a adaptar sus legislaciones para incluir entre las actividades sancionables todo tipo de presuntos delitos online. Entre ellos, la intercepción de comunicaciones privadas (con excepción, como dice irónicamente The Register, de toda intrusión gubernamental), la alteración y eliminación de datos electrónicos, la producción, distribución y posesión de pornografía infantil y la falsificación de datos.

El tratado deja algo de manga ancha a los firmantes. Así, se reserva a cada estado firmante la potestad de considerar ley directamente aplicable cada delito recogido en el Tratado. De ser así, estos serían perseguibles por la justicia tan sólo con darse los hechos que definen cada tipo delictivo. En caso contrario, los estados podrán adecuar los tipos delictivos a cada legislación de modo que el mero hecho de que se den las conductas típicas no sea considerado automáticamente sinónimo de delito y sea necesario añadir los elementos de prueba que cada ordenamiento jurídico crea conveniente. Los firmantes también podrán establecer si la mera posesión de contenido pornográfico es delito, o determinar dónde se sitúa la frontera entre el menor y el adulto, siempre y cuando el límite nunca baje de los 16 años.

Pero lo verdaderamente peligroso es que el Tratado anima a los firmantes a promover la aprobación de leyes que permitan a las agencias gubernamentales patrullar la Red cuando y como les venga en gana, obligando a los ISPs y gestores de Red a conservar la información sospechosa y a proporcionar los datos personales de los presuntos delincuentes sin necesidad de una orden judicial, incluyendo las claves de cifrado. Más aún, también determina que todo lo relacionado con Internet, dado que este no tiene límites, es competencia directa de las autoridades federales y no de las locales. O lo que es lo mismo, le firma un cheque en blanco a agencias como el FBI estadounidense para husmear en las esquinas que le venga en gana. A ponerse a temblar toca…

  • En The Register


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