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¿Es la censura un impulso a la Sociedad de la Información?

El borrador del anteproyecto de Ley de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información ha generado una intensa polémica en el sector, y no es para menos: el Gobierno quiere que la Administración tenga potestad para cerrar páginas web sin mandamiento judicial. Vuelven la censura, la Inquisición…

Lógicamente, a la medida no le faltan apoyos; los representantes del sector videográfico y audiovisual, así como algunas sociedades de gestión de derechos de artistas, están a favor de ello.

De hecho, algunas de estas entidades han presentado alegaciones al Ministerio de Cultura e Industria para incluir en el texto del anteproyecto una protección expresa a los derechos de propiedad intelectual. Por su parte, las compañías tecnológicas y los usuarios de Internet han puesto el grito en el cielo ante esta aberración.

La comparación que establece Enrique Dans con la famosa Ley Corcuera, la del patadón en la puerta, no puede ser más acertada: ¿Lo que se pretende es que un concejal, por ejemplo, se cargue el sitio de un medio informativo crítico con la corrupción de su ayuntamiento?

El sentido común y la razón dictan que esta medida no puede aprobarse finalmente bajo ningún concepto; que el cierre de sitios, como establece la legislación actual, debe seguir siendo competencia exclusiva de los jueces.

De la ignorancia al miedo, sólo un paso

Naturalmente, todo procede del profundo desconocimiento de Internet que tienen nuestros poderes públicos, un desconocimiento que deviene en temor, en miedo irracional de algo que ni entienden ni, por más que se empeñen, podrán controlar. También, por supuesto, se trata de demonizar a los usuarios de la Red.

Pero el disparate no acaba aquí, porque el borrador de la norma también responsabiliza al proveedor del link o del motor de búsqueda de los contenidos de los que tiene conocimiento, por haber sido elaborados bajo su dirección, autoridad o control.

¿Dónde está entonces el impulso de la Sociedad de la Información? Esto es un atentado directo contra Internet 2.0, contra el dinamismo de la Red, contra ese espacio público interactivo que entre todos hemos tratado de construir. Esperemos que el poder legislativo sepa verlo.


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