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Europa baila al son de los derechos de autor

El 14 de febrero de 2000 el Parlamento Europeo aprobó la nueva Directiva de armonización de los derechos de autor y derechos afines (texto previo+enmiendas). Con ella se pretende dar respuesta a los conflictos causados por la aparición de los formatos digitales y de instrumentos presumiblemente perniciosos para los derechos de autor como el formato MP3 o programas como Napster.

Los opositores a la normativa sostienen que coarta la libertad de transmisión de información en la Red. Se acabó ese nuevo Oeste en que todos podían campar a sus anchas y pegar algún tiro de vez en cuando. Nadie puede con el nuevo sheriff, el titular de los derechos de autor, que en posesión de todo tipo de \”armas\” digitales y legales no está dispuesto a que nadie se le suba a las barbas y le piratee su bien más preciado: su propia creación artística.

La aplicación de los preceptos de la nueva normativa, que convertiría en delincuentes a millones de ciudadanos, resulta hoy prácticamente imposible, a la par que impopular. A su vez, su redacción pretende mantener un equilibrio más que discutible entre los derechos de los creadores y los de los usuarios. Una vez más, estos últimos pueden ser los que más tengan que perder.

Un nuevo mercado único

Con la Directiva de armonización de los derechos de autor y derechos afines se pretende impulsar la creación y el desarrollo de un mercado interior para los nuevos productos y servicios que se originan en el marco de la Sociedad de la Información. Así, esta Directiva se promulga ante la necesidad de unificar criterios y armonizar las legislaciones nacionales de los estados miembros en materia de derechos de autor. Todo ello habida cuenta de la diversidad de regímenes existentes en la actualidad y de la necesidad de articular un verdadero mercado interior no fragmentado, que permita la libertad de circulación de los productos y servicios asociados a las nuevas tecnologías digitales pero no su copia indiscriminada.

Se intenta resolver así el problema de la evidente inseguridad jurídica derivada de la diversidad de normativas coexistentes en el mercado interior; pero también evitar la pérdida o desaprovechamiento en todo caso de las economías de escala que se obtendrían con la articulación de un verdadero mercado único para todos estos productos.

Además, la directiva pretende dar respuesta a los problemas suscitados con motivo de la aparición del medio digital y de la divulgación de obras y creaciones intelectuales a través de Internet. Nace así con la intención de delimitar el contenido de los derechos de autor.

Ante tanto buen propósito, los eurodiputados lo tienen claro. Hay que impedir el acceso no autorizado a las obras protegidas por derecho de autor así como su utilización con fines comerciales a través de Internet o similares. De esta forma, se estimulará el desarrollo y la promoción de nuevos productos y servicios, en particular los relacionados con las tecnologías digitales. Presumiblemente, a mayor seguridad, mayor producción, competitividad y empleo.

El ámbito de la protección otorgada por esta Directiva se extiende, como su nombre indica, más allá de los derechos que asisten a los creadores de las obras (y que son tanto de índole patrimonial, es decir el derecho a percibir una retribución justa cuando esas creaciones son utilizadas por terceros, como de carácter moral: la facultad de oponerse a cualquier modificación, recorte o deformación de la obra sin el permiso de su creador). En efecto, la Directiva establece también el marco jurídico aplicable a la protección de los llamados derechos afines o conexos a los derechos de autor, es decir, aquellos cuyos titulares son los intermediarios en la producción, grabación o difusión de las obras.

La protección se extiende a todos

Así, la actividad regulatoria en esta materia se justifica por la necesidad de proteger los intereses de las dos partes implicadas: los propietarios (en esta categoría se engloban los intereses de los creadores, de los intérpretes, productores, distribuidores, etc.) y los usuarios. Es decir, se hace preciso cohonestar dos principios fundamentales del derecho: el derecho de propiedad, en este caso propiedad intelectual, y el derecho de acceso a la cultura y a la información que asiste a los usuarios.

La eventual colisión entre ambos tipos de intereses se pretende resolver con la aplicación de esta norma y de las ya existentes en la materia, mediante la protección del derecho de propiedad intelectual, pero también con el establecimiento de una serie de limitaciones y excepciones a su ejercicio. La protección de los creadores y en general de toda la industria implicada en esas tareas resulta desde esta perspectiva condición imprescindible para la articulación de un mercado interior robusto para los productos y servicios relacionados con las tecnologías digitales. En este sentido, la Directiva reconoce que la difusión de la cultura no puede ser lograda a costa de sacrificar la protección de los derechos de propiedad intelectual o amparando formas ilegales de distribución de las obras.

No es lo mismo una copia digital que una analógica

Pero también se debe proteger a la otra parte de la relación, los usuarios, precisamente para fomentar que la información fluya y se difunda efectivamente sin que la protección del derecho de autor se convierta en un obstáculo insalvable. Precisamente por ello, se establece en esta norma una serie de excepciones y limitaciones (art. 5), justificadas sobre la base de la protección del interés público y del derecho al acceso a la cultura. Estas excepciones y limitaciones se circunscriben a aquellos supuestos en que pueda acreditarse que la copia, reproducción o utilización de alguno de estos bienes o servicios se realiza con propósitos científicos, pedagógicos o informativos. Entre algunos de los posibles usos lícitos citados se encuentran su empleo en beneficio de instituciones públicas tales como archivos o bibliotecas, por motivos de seguridad ciudadana, para facilitar su acceso a personas discapacitadas o como parte de la actividad informativa de los medios de comunicación. También se autoriza la copia temporal siempre que forme parte integrante y esencial de un proceso tecnológico.

El difuso y crucial concepto de la copia privada

La excepción más importante, sin embargo, es la relativa a la reproducción de una obra por una persona física para su utilización con fines exclusivamente privados, siempre que no exista un propósito \”directa o indirectamente comercial\”. Con ello pretenden acotarse los límites de la copia para uso privado. La directiva permite a los Estados miembros establecer esta excepción o limitación al derecho de reproducción siempre que se compense a los titulares de los derechos. Esto se articularía con la imposición de un canon sobre los CDs grabables, como sucede con las cintas analógicas.

Este derecho de los usuarios, que ya era reconocido en el mundo analógico, adquiere una mayor importancia en el entorno digital. A través de herramientas como Napster, una copia realizada con finalidad estrictamente privada puede, una vez almacenada en el disco duro, terminar en manos de decenas de millones de usuarios. Para resolver el entuerto, la directiva se apresura a señalar que no es lo mismo una copia digital que una analógica. Esta diferenciación quedaba incluso puesta de manifiesto en el propio articulado de la propuesta de directiva antes de la última revisión por el Parlamento Europeo. Finalmente, queda recogida únicamente en los principios generales que sirven de preámbulo a la Directiva.

El desarrollo del medio digital y la posibilidad de transmitir obras a través de la Red hacen que la doctrina del agotamiento del derecho se resquebraje. Así, cuando uno compraba antes un CD o un libro, la propiedad intelectual estaba incorporada en esos soportes. Uno podía comprarse un libro y luego hacer con él lo que le diera la gana, desde quemarlo, venderlo, o regalarlo en fascículos a los amigos.

Como afirmaba John Perry Barlow, presidente de la Electronic Frontier Foundation, allá por 1999, los soportes musicales (cintas y CDs) siguen las mismas leyes económicas que electrodomésticos de uso común como las tostadoras. Con la aparición de Internet, el soporte desaparece y las canciones saltan del CD al PC. Para prevenir este peligro, la nueva Directiva sostiene que el agotamiento no se plantea en el caso de los servicios online. Con ello se asimilan los CDs a los programas informáticos. El usuario posee una licencia de uso, pero no el derecho a la reventa o a la libre distribución de los ficheros digitales. Es un nuevo torpedo en la línea de flotación de Napster.

A este respecto, la Oficina de Copyright estadounidense trabaja en distintos proyectos para que la doctrina del agotamiento (first-sale) siga funcionando en el entorno digital. Entre otras, se estudia la posibilidad, que hoy suena descabellada, de que el contenido se autodestruya en el disco duro una vez que haya sido distribuido por segunda vez.

Pero como los europarlamentarios no se fían, con razón, de que pueda controlarse el uso privado que hacen los ciudadanos de las obras compradas legalmente, la nueva norma ampara además la utilización de marcas de agua y otros mecanismos de identificación y protección similares y establece mecanismos para evitar su vulneración. Con ello da alas al trabajo de sociedades de gestión colectiva como la SGAE, de consorcios como el SDMI (Iniciativa de Música Digital Segura) o incluso a la alianza Napster-Bertelsmann, que entre otras iniciativas trabaja en el desarrollo de sistemas de protección que impidan la copia de las canciones en CD o su transferencia a otros dispositivos como los reproductores MP3. Con la aprobación de la Directiva, los Estados miembros se comprometen a evitar la fabricación, importación o venta de dispositivos concebidos expresamente para romper las protecciones tecnológicas.

La nueva norma está siendo acogida con insatisfacción tanto por parte de los usuarios como de los autores

La normativa también hace mención a la utilización de intermediarios para llevar a cabo actividades ilícitas y permite, para terminar con ellas, que los titulares de los derechos se dirijan expresamente a ellos. De esta forma, un artista cuyos derechos estuvieran siendo vulnerados podría dirigirse tanto a un ISPs como a una compañía como Napster (pues los piratas serían los propios usuarios).

El castigo, aún sin definir

La nueva norma comunitaria no establece sin embargo sanciones y vías de recurso para los transgresores, sino que lo deja a discreción de los estados miembros. Tan sólo establece que los titulares de los derechos podrán solicitar indemnización por daños y perjuicios así como la incautación del material ilícito (¿veremos a la policía reventando puertas y saliendo con el PC debajo del brazo?).

A pesar del tiempo que ha llevado su aprobación (comenzó a gestarse en diciembre de 1997), la nueva normativa está siendo acogida con insatisfacción tanto por parte de los usuarios como de los autores. Las asociaciones europeas de consumidores y usuarios sostienen que es una normativa demasiado protectora de los derechos de autor, vulnerando el derecho de acceso a la información de los individuos. Los titulares de los derechos, con normativas como esta, manifiestan su deseo de controlar el destino de su obra mucho después de que haya sido vendida lícitamente. Con el desarrollo de las distintas medidas de protección lo que se ampara son los privilegios de las industrias tradicionales a la vez que se impide el acceso al contenido de parte de la población (no hay que olvidar que hoy en día Napster tiene 50 millones de usuarios).

La industria, como señaló la conocida filósofa y socióloga Susan George en una entrevista en el diario español EL PAÍS, se presenta anualmente ante los gobiernos e instituciones supranacionales para solicitar, con la excusa de la globalización y del progreso, toda una lista de peticiones que las autoridades han de satisfacer. Desde esta perspectiva, el exceso de protección, en materias como la propiedad intelectual, ataca una de las principales virtudes de Internet: su condición de red abierta.

Lo directiva autoriza la copia privada, es cierto, pero lo hace de forma difusa y da a los autores y productores manga ancha para desarrollar todo tipo de herramientas de protección tecnológica que terminarán dificultando enormemente el ejercicio de ese derecho. Además, obliga al usuario a soportar un coste económico adicional, al imponer la obligación de compensar al titular de los derechos por las copias privadas, aun cuando ya se haya pagado por la obra original.

Como era de esperar, la otra parte de la relación, es decir los titulares de los derechos regulados, consideran que el texto de la Directiva resulta vago e insuficiente. En particular, se quejan de la redacción del artículo relacionado con la copia privada. A su juicio, no se especifica que el uso de tales creaciones deba llevarse a cabo exclusivamente por el propio individuo. Para ellos, el artículo estaría amparando iniciativas como la de Napster, puesto que la difusión de contenidos musicales mediante ese servicio se realiza mediante el intercambio de archivos entre particulares para uso privado.

El debate futuro

En cualquier caso, aquí todavía queda mucha tela que cortar. Ahora es el turno de los estados miembros, que deberán promulgar sus propias leyes con el fin de transponer la normativa comunitaria a sus ordenamientos nacionales. Para ello dispondrán de 18 meses. Algo más que suficiente para abrir un debate sobre los límites de la propiedad intelectual, tal y como lleva ya tiempo realizándose en Estados Unidos con la Digital Millenium Copyright Act (DMCA), la ley estadounidense que busca los mismos fines que la nueva normativa europea.

Para algunos, las nuevas leyes suponen una perversión del objetivo inicial de la protección de los derechos de autor: promover el desarrollo de la ciencia y las artes. Para otros, la perversión es pensar que las leyes de la propiedad intelectual restringen la libertad de expresión.

Aunque la directiva es eminentemente restrictiva, no todo en ella debería ser objeto de crítica despiadada. Una de los elementos positivos, en un escenario donde las jurisdicciones nacionales se difuminan progresivamente, es la búsqueda de nuevas formas jurídicas, como la mediación, para resolver los litigios sobre derechos de autor y derechos afines. Aunque la práctica indica que la articulación de estos mecanismos no es nada sencilla, supone un paso adelante.

La normativa también protege a los usuarios de forma que una utilización intensiva de medidas de protección tecnológica por parte de los creadores o productores no les prive de sus legítimos derechos. Sin embargo, no se especifica con claridad dónde se situará el límite.

Con el fin de satisfacer las dudas de los detractores de ambos bandos y resolver todas las cuestiones pendientes, la Directiva establece una revisión dentro de cuatro años de los efectos de la aplicación de la nueva normativa. Una eternidad, tanto en tiempo real como en tiempo Internet.

La Oficina de Copyright estadounidense, por el contrario, emitirá un informe sobre la DMCA durante este año. Europa, una vez más, camina con el paso cambiado. Ahora queda asegurarse de que no lo haga también en la dirección equivocada.


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