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ICANN: devorada por la ambición

La semana pasada tuvo lugar en Madrid el III Seminario de Telecomunicaciones e Información organizado por la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense. Una de las ponencias estrella correspondió a Michael Froomkin, profesor de derecho de la universidad de Miami, miembro fundador del ICANNWatch y conocido crítico de los desmanes –aunque también aplaudidor de los aciertos- de la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN).

Este organismo, creado en 1998 por el gobierno Clinton con el fin de asumir las funciones de control del sistema de servidores raíz, asignar los parámetros de los protocolos de Internet y sobre todo gestionar el sistema de nombres de dominio (DNS) y de asignaciones de direcciones IP. Desde entonces, es blanco de críticas que crecen como lo hacen las bolas de nieve al deslizarse por una pendiente.

Aunque muchos la llaman gobierno, su verdadera función es la de la administración por consenso de las funciones técnicas de la Red. Algo que, como afirma Froomkin, no ha hecho hasta ahora y puede no hacer nunca. Por eso conviene recordar, al hilo de sus palabras, alguno de los temas que despiertan más controversia. Para que todos sepamos lo que hay en juego.

Ingeniero convertido en político

El nacimiento de la ICANN tiene lugar a finales de 1998 por decisión unilateral del gobierno estadounidense. Hasta entonces, el control de las direcciones de Internet había sido responsabilidad de la IANA (Internet Assigned Numbers Authority), tras la que se encontraba John Postel, uno de los míticos patriarcas de la Red, que se había erigido en su supervisor gracias a su inmenso prestigio y a la aceptación que despertaba entre el resto de académicos y científicos que colaboraron en la creación de Internet. Sin embargo, el crecimiento exponencial de la Red exigía un control más exhaustivo y reglamentado.

Por otra parte, los demás países llevaban un tiempo quejándose del excesivo poder de Estados Unidos en relación con Internet. El gobierno estadounidense era quien tenía la mano sobre los servidores raíz que controlaban el tráfico de la Red, y por tanto podía dejar a oscuras al mundo cuando le viniera en gana. Ante esta situación, el gobierno Clinton, de la mano de Ira Magaziner y en un gesto de buena voluntad, elabora en junio de 1998 un informe (White Paper) del que presumiblemente mana la legitimidad de ICANN.

Su concepción es en sí revolucionaria, pues con su nacimiento se produce la primera cesión de soberanía de los gobiernos nacionales a favor de un organismo de carácter privado. Al contrario de organizaciones como Naciones Unidas o la Unión Europea, regulada por los propios estados miembros, el ICANN es una entidad privada sin ánimo de lucro con domicilio social en el estado de California (EEUU). De esta forma, y a través de un contrato con el Ministerio de Comercio estadounidense (Department of Commerce) firmado en noviembre de 1998, comienza a gestarse la transición de una Red controlada por un solo gobierno (EEUU) a una en manos del sector privado.

En principio, las tareas del ICANN debían ser puramente técnicas. Sin embargo, de las cuatro funciones originarias que el informe del gobierno atribuye al organismo naciente (preservar la estabilidad de la Internet, promover la competencia, alcanzar la mayor representatividad posible y coordinar las políticas mediante consenso entre todos los estamentos del sector privado) sólo una, la primera, era puramente técnica. Esta dispersión entre sus atribuciones y sus fines es la que ha hecho que el tiempo haya arrastrado al ICANN a un callejón sin salida, pese a su voluntad inicial de transparencia.

No obstante las generosas intenciones del gobierno Clinton, su independencia, sobre el papel, nunca ha sido plena. El Congreso estadounidense no vio con buenos ojos que el presidente entregara las llaves del control de la Red a un puñado de personas para muchos desconocidas. De esta forma, la transferencia de autoridad se convirtió en una cesión vigilada -el U.S. Department of Commerce siempre tiene la última palabra.

El ICANN, con sus normas flexibles de funcionamiento, pretendía emular a los pioneros de la Red, ese grupo de jóvenes universitarios que habían trabajado durante años como una piña y documentado su trabajo concienzudamente. Por entonces el consenso era la práctica habitual en la toma de decisiones. Tenía voz todo aquel que tuviera algo que decir. Sin embargo, esto, que podía funcionar en una Internet reducida en la que predominaran los académicos benevolentes, no tenía porqué hacerlo en una red de tamaño monstruoso donde los intereses económicos, como sucedía en el mundo offline, tenían prioridad sobre cualquier otro tipo de consideración, incluidos los principios y las ideologías.

¿Representante de los usuarios de Internet en el mundo?

Tampoco su estructura organizativa parecía el mejor camino hacia la legitimación que anhelaba desde su concepción. Por aquel entonces, el consejo de dirección se componía de diez miembros interinos, nueve directores y una presidenta (Esther Dyson), elegidos a dedo por un pequeño grupo de expertos. En principio, su reinado sólo habría de durar un año, hasta que pudiera concretarse un procedimiento más democrático para elegir a nueve consejeros de forma directa entre los miembros registrados de la comunidad global de la Red (At-Large Directors). Otros nueve serían nombrados por las tres organizaciones de apoyo. Estas son las relacionadas con los dominios (DSO), protocolos (PSO) y direcciones IP (ASO). El miembro restante, el número diecinueve, sería el nuevo presidente.

La temprana muerte de Postel, la mente luminaria que se escondía entre bambalinas, hizo que las carencias de un consejo escogido mayoritariamente por motivos políticos y no técnicos se hicieran más evidentes. En octubre de 1999, las organizaciones interesadas eligieron a sus representantes. Sin embargo, los consejeros originarios, cuya salida estaba prevista en las mismas fechas, extendieron sus mandatos (primero en septiembre de 1999 y posteriormente en la cumbre de Yokohama en julio de 2000) ante los retrasos en la preparación del proceso electoral.

Por todo ello, la representatividad anunciada en el informe blanco del gobierno estadounidense está lejos de alcanzarse. De los nueve miembros interinos, cuatro todavía permanecen actualmente el consejo (son los que Froomkin llama irónicamente \”boardsquatters\”, por hacer una analogía con los usurpadores de dominios).

Todo porque el ICANN no fue capaz de diseñar un procedimiento de elección que ofreciera las máximas garantías. Los problemas, como señala Froomkin eran numerosos y novedosos, pues nunca se había realizado una elección de este tipo. ¿Quiénes tendrían derecho a votar? ¿Cuántos votos y en función de qué criterio deberían asignarse a cada persona? ¿Se deberían realizar particiones geográficas para asegurar la inclusión de miembros pertenecientes a las regiones minoritarias en el Consejo?

Asustado ante lo que se le venía encima, el ICANN decidió poner en juego únicamente 5 sitios, que fueron asignados por votación directa entre unos cuantas decenas de miles de navegantes en cada continente (en toda Africa votaron sólo 130 personas).

De esta forma, se rompió el equilibrio previsto entre los 9 miembros escogidos por el público y los 9 seleccionados por intereses técnicos y corporativos. Y lo malo puede estar aún por llegar, pues el ICANN trabaja actualmente, a través de un comité dirigido por el antiguo primer ministro sueco y enviado de la ONU Carl Bildt, en un \”extenso estudio\” del cuerpo electoral del ICANN (At-Large Membership) que muchos temen desemboque en una justificación teórica y oficialista de este desequilibrio.

Por lo tanto, en la actualidad sólo 5 de los 19 miembros del Consejo representan a la generalidad de los votantes. Que por otra parte, como afirma Froomkin y secundan otros conocidos defensores de los derechos de los usuarios, no tienen muchas oportunidades para hacer oír su voz entre la maraña de comités, algunos abiertos, otros no, que tienen lugar en distintas partes del mundo.

¿De verdad existe competencia?

Entre las funciones inicialmente asignadas al ICANN estaba la de promover la competencia en el seno de la Red. A este fin, el ICANN negoció con Network Solutions, que de 1992 a 1998 gestionó y mantuvo las bases de datos y los servidores DNS para los dominios .com, .org y .net. También consiguió ampliar el número de registradores, lo que abarató notablemente los gastos de registro.

Pero, como afirma Froomkin, llegado un punto, el ICANN tuvo que ir más allá de sus meras funciones de coordinación y administración del sistema de nombres de dominio y de la asignación de direcciones IP. Fue entonces cuando se adentró en las pantanosas aguas de la resolución de los conflictos de nombres de dominio y \”en la elección de nuevos dominios de primer nivel (TLDs) en un mundo en el que las restricciones a la creación de nuevos dominios eran principalmente políticas y no técnicas.\”

La aplicación de la Política Uniforme de Resolución de Disputas de nombres de dominio (Uniform Dispute Resolution Policy), con sus \”reglas idiosincráticas\”, como las denomina Froomkin, ha estado cargada de polémica desde el primer día, con la sombra del favoritismo hacia las grandes compañías y registradores de marcas pendientes sobre su cabeza.

La elección de los siete nuevos dominios de primer nivel (e incluso el territorial asignado a la Unión Europea, el dominio \”.eu\”), un proceso alocado y poco transparente, tampoco ha escapado a las voces discrepantes. ¿Por qué 7 y no 30 o 2.000? Además, según parece, la mayoría de los nuevos registradores permitirán que los titulares de las marcas registren sus dominios antes de que el público en general tenga acceso a ellos. Con esta medida, se consigue impedir el acceso de los particulares a nombres para los que quizás tendrían tanto derecho como las compañías, si bien no se resuelven los potenciales conflictos entre legítimos propietarios de una misma marca (sólo en España puede registrarse un mismo nombre como marca hasta en 42 categorías diferentes).

La necesaria vuelta a los orígenes

La historia demuestra por tanto que la ICANN, no sin buena fe, termina con frecuencia metiéndose en camisa de once varas. Y lo malo es que en el proceso, como sugiere Froomkin, olvida realizar las funciones técnicas que son su razón de ser. Mientras las direcciones IP se consumen y el Internet Engineering Task Force (IETF) prepara un nuevo modelo de dirección IP (IPV6) que aumentará su tamaño para asignar un número único a todos los equipos de conexión a las redes, de forma que queden identificados y disminuya la privacidad de los usuarios, la ICANN trata de dar satisfacción al sector empresarial.

Esto supone una perversión de su naturaleza. La ICANN, señaló el Proyecto para la Democracia de Internet, elaborado durante la cumbre de la ICANN en Yokohama, en julio de 2000, no debe ser utilizado como un instrumento relacionado con la conducta o el contenido en Internet. Una vez se comienza a andar por esa vía uno se pierde en una maraña de comisiones y funciones que conducen a un gobierno efectivo para el que la ICANN no ha sido habilitada.

Por lo tanto, la ICANN debe recuperar su naturaleza originaria, la de una entidad privada que firma acuerdos con registros y registradores y que los obliga en materias en las que existe consenso. Para ello, sugiere Froomkin, deberían separarse las funciones técnicas de las políticas.

Pero por el momento no parece que eso vaya a suceder, como demuestra la Política Uniforme de Resolución de Disputas, que se salta a la torera la legislación existente en materia de marcas (actualmente la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual trabaja secretamente en un nuevo borrador que puede introducir \”mejoras\” probablemente restrictivas para la colectividad de los usuarios).

Y si verdaderamente se piensa caminar por la vía del gobierno en la sombra, todos, hasta los más pequeños, deberían tener voz y voto. Aunque eso plantee una paradoja, como indica Froomkin. Pues a mayor legitimidad –mayor democracia-, menor eficiencia. Eso sin hablar de la forma en la que habría de articularse el consenso, hoy inexistente, excepto en los foros corporativos.

Al igual que sucede actualmente con el Foro de Porto Alegre, en abierta oposición a las teorías neoliberales y globalizantes de la cumbre de Davos, el debate sobre la estructura y funcionamiento de la ICANN revela la dificultad de articular los intereses de la sociedad civil con los del mercado y los estados nacionales. Hasta el día de hoy, en el mundo virtual, los intereses de la primera (la libertad de expresión, el respeto a la diversidad, la protección de los derechos de los particulares y de las pequeñas empresas, etc.) se han visto muy perjudicados por los de los segundos. Y aunque el rodillo burocrático y la lógica económica terminen acallando las protestas, mucha gente está dispuesta a gritar hasta que no le queden fuerzas.

Temas relacionados:
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  • Gobernando el ciberespacio

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