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Internet bajo sospecha

El 11-S cayeron las Torres Gemelas y muchas otras cosas. Entre ellas, una trozo de la libertad conquistada en dura lucha a lo largo de muchos años. Internet no es inmune a las cadenas de seguridad que atan el mundo para combatir la amenaza terrorista. Así lo aseguran dos informes publicados recientemente, uno de Reporteros sin Fronteras y otro realizado conjuntamente por Privacy International y el Electronic Privacy Information Center.

Internet en libertad vigilada

La defensa de la libertad de expresión es inseparable de la libertad de prensa, \”pero también de la libre circulación de la información en Internet y de la preservación de la confidencialidad de los intercambios en la Red\”. Por eso Reporteros sin Fronteras ha realizado un informe para denunciar \”los graves golpes asestados a Internet, tras el 11 de septiembre de 2001\”. El balance, asegura RSF, es abrumador.

Internet siempre ha supuesto una pesadilla para los gobiernos. Por un lado no pueden dejar de fomentar su desarrollo e implantación masiva para no quedar descabalgados de la Sociedad de la Información; por otro, la libertad y anonimato que corre por las redes se ven como una amenaza. Así, la obsesión por controlar lo incontrolable está en la agenda política de muchos países, lanzados a legislar para que no exista información que escape a sus garras.

Ya desde mediados de los años 90, Estados e instituciones internacionales comenzaron a intentar controlar Internet, con relativo éxito, mediante leyes o textos regulativos. Ahora, la cruzada antiterrorista en que está embarcado medio planeta, de la mano del todopoderoso EEUU, ha llevado esta tendencia a su máxima expresión. \”Cuando se cumple un año de los trágicos acontecimientos de Nueva York y Washington, la Red puede muy bien figurar en la lista de \’daños colaterales\’ de la deriva generalizada de la seguridad. Y, a causa de ello, se han amputado las libertades digitales fundamentales\”, asegura el estudio de RSF.

Demócratas en la lista negra

Los países \’sospechosos habituales\’ de falta de respeto hacia los derechos humanos y la libertad de expresión —RSF cita China, Vietnam, Arabia Saudí, Túnez, etc.—, \”han adoptado una actitud esquizofrénica en relación con la Red\”. Pero, tras los atentados del 11 de septiembre, una legión de países democráticos se han unido ellos a la hora de cercenar las libertades fundamentales en Internet.

Las naciones poco amigas de la libertad también mantienen una relación dual con Internet: animan su desarrollo para la propaganda estatal o con fines económicos, pero también controlan la contaminación que pueda penetrar del exterior y las contestaciones internas. Esa política se ha acentuado con oportunismo con la campaña antiterrorista internacional, dice RSF, y los \”enemigos de Internet\” han reforzado sus dispositivos policiales y legislativos para cercar la Red, a la vez que han aumentado la presión sobre los ciberdisidentes.

Claros ejemplos se pueden encontrar en China o Túnez. El gigante asiático ha cerrado los cibercafés por miles, mantiene encarcelados a una treintena de internautas y ha obligado a aceptar un pacto de autocensura —firmado por Yahoo!— por el que proveedores de acceso a Internet (ISPs) y portales se comprometen a bloquear sitios web con \”información dañina\” y dar parte a las autoridades. Recientemente, China ha sellado el acceso a los buscadores Google y Altavista. Por su parte, el régimen tunecino, el 20 de junio de 2002, condenó a dos años y cuatro meses de cárcel a Zouhair Yahyaoui, fundador de un sitio de Internet (Tunezine.com ) demasiado crítico, según recoge el informe de RSF.

Pero, teniendo en cuenta las graves violaciones de los derechos humanos que se cometen en algunos países para preservar regímenes autoritarios, el control de la Red no pasa de ser una anécdota. Sin embargo, \”Internet ahora debe enfrentarse a una nueva amenaza, procedente de las democracias occidentales\”, supuestamente defensoras de la libertad y privacidad, que \”están a punto de poner a Internet bajo la tutela de los servicios de seguridad\”.

De modo general, las políticas de estos enemigos de la ciberlibertad se orientan hacia \”la conservación generalizada de las informaciones relativas a los emails recibidos y enviados y a los sitios consultados en la Red\”. Esto supone que los ISPs y los operadores de telefonía se convierten en una suerte de agentes de policía, a la vez que ésta \”puede acceder, con una desconcertante facilidad, a toda esta masa de informaciones\”.

Esta extensión de las medidas de seguridad \”equivale a sospechar, a priori, de todos los ciudadanos\”, explica RSF, que cita algunos ejemplos de medidas restrictivas de la privacidad:

  • Resolución 1373 (PDF) relativa a la lucha contra el terrorismo, aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU el 28 de septiembre de 2001.
  • USA Patriot Act, adoptada en Estados Unidos el 24 de octubre de 2001 y los decretos presidenciales de George W. Bush que precedieron y siguieron a ese texto.
  • Revisión de la Directiva europea sobre protección de datos de telecomunicaciones, aprobada el 30 de mayo de 2002.
  • Aprobación de leyes en los Parlamentos nacionales, un poco por todo el mundo.
  • Recomendaciones del G8 y de la Europol (policía europea)

A estas iniciativas se podrían añadir unas cuantas más, como las recogidas por el [email protected]

Los nuevos enemigos de la Red

Los países y organismos con \”una cultura democrática secular\” acusados por RSF de ir contra las libertades digitales son: Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania, España, Italia, Dinamarca, el Parlamento Europeo, el Consejo de Europa y el G8. En estas naciones, donde \”los ciudadanos lucharon para conseguir el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la confidencialidad de sus correos, el derecho al secreto de las fuentes de los periodistas\”, estas conquistas peligran en la Red.

Por eso, RSF se pregunta: \”¿Qué harían los ciudadanos de Europa, o de otros lugares, si se les anunciara la aprobación de una ley que permitiera controlar, con total impunidad, los correos que envían a través de los servicios postales y que, en virtud de ese texto, los servicios de policía pudieran seguir sus intercambios epistolares, en cualquier momento?\”

Veamos algunos ejemplos, por países, de las medidas adoptadas para controlar la Red que incluye el informe de RSF:

  • ALEMANIA. El ministro del Interior Otto Schily elaboró una serie de medidas antiterroristas, conocidas como Otto-Katalog, aprobadas por el Parlamento a finales de 2001. Las medidas más controvertidas se refieren a la abolición de la separación entre los servicios de policía y de información. Éstos últimos ahora tienen acceso a los datos de las telecomunicaciones almacenadas en soporte digital (contenidos de las comunicaciones, informaciones relativas a los intercambios de emails, etc.). Gracias a esta legislación, Schily recibió el Big Brother Award del año de manos de Privacy Internacional, \”por su política de espionaje y de restricción de las libertades colectivas e individuales\”.
  • CANADÁ. La ley antiterrorista (C-36), aprobada en diciembre de 2001, contempla la vigilancia de Internet y del correo electrónico. Además, facilita a la policía la obtención de mandatos para realizar escuchas telefónicas y electrónicas. El Centro de Seguridad de las Telecomunicaciones, perteneciente al Ministerio de Defensa, consigue, por primera vez en su historia, derecho a efectuar escuchas electrónicas tanto de ciudadanos canadienses como de extranjeros.
  • DINAMARCA. La \”batería de medidas antiterroristas\”, de octubre de 2001, supone una revisión de las principales leyes nacionales relacionadas con justicia, asuntos internos, economía y finanzas. El gobierno pidió al Ministro de Justicia nuevas disposiciones para legalizar la retención de datos relativos a las telecomunicaciones, navegación, correos electrónicos, así como facilitar a la policía acceder más fácilmente a los datos personales. La ley antiterrorista permite a los servicios secretos consultar las informaciones sin permiso judicial. A modo de Carnivore, la policía puede incluso instalar sistemas de interceptación de correos electrónicos.
  • ESPAÑA. La Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE), aprobada el 27 de junio de 2002, obliga a los ISPs a retener y conservar los datos de conexiones y tráfico al menos durante un año, aunque, gracias a las enmiendas introducidas, la policía no tendrá acceso a los datos sin permiso judicial. Queda por saber, siempre según RSF, qué autoridad administrativa tiene potestad de clausurar los sitios web que \”atenten contra una serie de valores\”.
  • FRANCIA. La Ley de Seguridad Cotidiana (LSQ), aprobada de urgencia el 15 de noviembre de 2001, obliga a los ISPs a conservar durante un año datos relativos a las conexiones a la Red y el correo electrónico. También autoriza a los jueces a recurrir a los \”medios del Estado sometidos al secreto de la Defensa nacional\” para descifrar los mensajes, obligando a proveedores de medios de criptografía a entregar a las autoridades sus protocolos de cifrado para que puedan descifrar los mensajes.
    La Ley de Orientación y Programación de la Seguridad Interior (LOPSI), aprobada el 31 de julio de 2002, prevé que la policía judicial pueda efectuar rastreos en los servidores de los ISPs donde se almacena información sobre la navegación y los emails.
  • REINO UNIDO. La Anti-Terrorism, Crime and Security Act, aprobada a mediados de diciembre de 2001, también fija en al menos un año la conservación de los datos de conexión por parte de los ISPs; datos a los que la policía puede acceder, en muchos casos, sin autorización previa del juez. A mediados de junio de 2002, el Ministro del Interior presentó un proyecto de revisión de la controvertida Regulation of Investigatory Powers Act (RIPA), de 2000, según la cual las administraciones locales podrían acceder a la información relativa a la navegación y el envío y recepción de correos electrónicos. Ante la oleada de protestas, el ejecutivo decidió aplazar la revisión legislativa hasta el otoño.
  • INDIA. La Ordenanza sobre la Prevención del Terrorismo (POTO), promulgada en medio de la confusión de los atentados del 11-S, permite al gobierno vigilar todo tipo de comunicaciones, incluidas las electrónicas, sin necesidad de control judicial ni administrativo.
  • ITALIA. El gobierno italiano aprobó a mediados de diciembre de 2001 una ley para facilitar la escucha de sospechosos, que además autoriza interceptar datos de comunicaciones, conexiones a Internet y correos electrónicos, misión que ahora cae en manos de un buen número de funcionarios de los servicios de policía de la capa baja de la jerarquía. Otra ley promulgada a finales del año pasado protege a los agentes de los servicios secretos civiles (SISDE) y militares (SISMI) que cometan delitos —exceptuando matar o herir a personas— en el curso de sus misiones. Queda autorizado el robo, las requisas \”secretas\” y las escuchas \”salvajes\”, telefónicas y electrónicas.

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