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La industria discográfica: o te mueves o caducas

Los encuentros especializados son oportunidades únicas en las que conocer las posiciones de todos los que participan, siquiera tangencialmente, de los entresijos de una determinada industria. En este caso, el 1er Encuentro Especializado de Música Online, organizado en Madrid por el Grupo Recoletos, sirvió para desvelar de qué pie cojea cada uno de los protagonistas que hacen posible que el fan de Britney Spears, por ejemplo, disfrute de su música tirado sobre su cama. Y también para comprobar que nadie sabe en qué terminará la unión no deseada, por las numerosas muestras de rechazo que despierta, entre la música e Internet.

Más cemento sobre los pilares de la propiedad intelectual

En principio, y como viene sucediendo desde hace mucho tiempo, es aceptado por contrato social que los creadores deben cobrar por el trabajo realizado. En el caso de la música, los intervinientes son numerosos: el autor, editor, artista y productor fonográfico. Cada uno de ellos, sin olvidar al distribuidor final, uno de los principales perjudicados por la existencia de sistemas de intercambio de ficheros de música gratuitos como Napster, se lleva un pedazo del precio del CD que se paga en las tiendas.

Las leyes de la propiedad varían en función de cada país, sobre todo en lo relativo a los derechos y las excepciones a la ley. En España, y según reza el Texto Refundido de la Ley de la Propiedad Intelectual de 1996 en su artículo 17, \”corresponde al autor (un Joaquín Sabina, por poner un ejemplo) el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de su obra en cualquier forma y, en especial, los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, que no podrán ser realizadas sin su autorización…\”.

A partir de ahí y como explicó con claridad uno de los ponentes, se abre un mundo de derechos morales, patrimoniales y remunerativos. Estos últimos, que se concretan en el derecho a percibir compensación, son los que resultan más directamente afectados y por lo que todos, especialmente las sociedades colectivas de gestión de derechos (los que van llamando a las puertas de las emisoras de radio y televisión, tiendas de discos, etc., en busca del dinero que corresponde a los que toman parte en el proceso creativo) y discográficas ponen el grito en el cielo y amenazan con eliminar a quien se atreva a bajarse un archivo musical sin pagar por ello.

La industria parece inclinarse por la vía punitiva

La solución, para ellos, es clara. La ley actual es adecuada, afirmó Carlos Grande, gerente de la Asociación Fonográfica y Videográfica Española (AFYVE), entidad que agrupa a más de 50 discográficas. Aunque no parece serlo su aplicación, en un escenario en el que se realizan millones de descargas de música gratuita por día. Por tanto, lo mejor es ajustar esos pequeños cabos que quedan sueltos y prohibir específicamente algunas actividades que pueden incitar a confusión (adivine el lector cuáles son).

La nueva directiva europea

De esta forma, la industria parece inclinarse por la vía punitiva. No rechazan el medio, por lo menos no ahora que ven la aceptación que tiene entre los usuarios, únicamente el uso fraudulento que de él se hace. Esto lo recalcaron uno tras otros los ponentes, empeñados en limpiar la imagen arrogante que las industria se ha ido ganando a pulso durante los últimos años. Todos aseguran estar abiertos a todo tipo de nuevos canales de distribución de la música.

Y mientras afilan su nuevo modelo de negocio (muletilla que hoy se usa para casi todo), presionan para que se produzca una modificación del marco legislativo, algo que poco a poco van consiguiendo. Primero fue el turno de los tratados de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) sobre derechos de autor e interpretación o ejecución de fonogramas, aprobados en 1996 y todavía pendientes de ratificación por la Unión Europea. Ahora, el de la Directiva 2000 del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información.

La directiva nació a propuesta de la Comisión Europea en diciembre de 1997 y desde entonces ha pasado por diversas visicitudes hasta situarse a tan sólo un paso de su aprobación definitiva (con lo que también se ratificarían los tratados anteriores). Para que eso sucediera, primero hubo de ser modificada por el comité encargado de su confección (la primera lectura del borrador por el Parlamento europeo dio lugar a 56 enmiendas al texto). De ahí nació la posición común aprobada por el consejo en septiembre de 2000, que es la que ahora, modificada en alguno de sus puntos, se presentará al Parlamento europeo.

Con la directiva se pretende solucionar una situación que se les iba a los productores de contenido musical de las manos, no en vano Napster ya supera los 40 millones de usuarios. El concepto de obra, con el nacimiento de los nuevos soportes digitales, se tambaleaba y nadie era capaz de asegurar si la introducción de una obra en Internet era un acto de reproducción o de comunicación pública.

Su redacción, sin embargo, puede resultar insuficiente, como afirmó Hugo Écija, el abogado que explicó el marco legal en el que se mueve la industria discográfica. Después de todo, en el campo de los derechos de autor el sistema jurídico continental se encuentra en desventaja frente al anglosajón. El primero, mucho más reglamentado, se esfuerza en permitir y prohibir todo expresamente, mientras que el segundo permite mayor flexibilidad en la interpretación –eso a pesar de que la ley estrella estadounidense en la materia, la Digital Management Copyright Act (DMCA), también es blanco de todo tipo de críticas, en especial de las asociaciones en defensa de los consumidores y de las libertades individuales. De esta forma, normas que tardan años en aprobarse (los países de la Unión Europea han de ponerse de acuerdo), nacen ya mutiladas. Para Écija, ni la legislación española ni la europea dan respuesta a la problemática de las industrias audiovisuales y musicales derivada de la revolución digital.

¿Copia personal o pirateo sin escrúpulos?

Uno de los puntos más controvertidos de la nueva directiva es el de la copia privada, origen del conflicto entre Napster, MP3.com y las discográficas. El servicio MyMP3 de MP3.com sólo pretendía que el usuario individual pudiera copiar sus discos originales para luego almacenarlos en la Red, de forma que pudiera escucharlos desde cualquier localización. Con ello se quería proporcionar un valor añadido y hacer la música más atractiva.

Pero claro, las copias digitales tienen todas la misma calidad, al contrario de las realizadas en cintas magnetofónicas. Hasta la aparición del formato MP3, las copias en cinta, por lo menos a partir de un determinado momento, hacían poco daño al autor. Ahora, los usuarios pueden comprarse un CD, \”ripearlo\” y distribuir las canciones a millones de compañeros a través de programas como Napster o Gnutella, dejando a los titulares de los derechos con un palmo de narices. Esta sutil diferencia es la que hizo que las buenas intenciones de MP3.com cayeran en saco roto y que la compañía fuera castigada sin piedad en los tribunales.

Todo vale con tal de seguir con el sistema establecido

Ahora, la industria discográfica ha conseguido que se rubrique esa diferencia y que la directiva hable de copia analógica y copia digital, sometiendo ambas a la compensación económica de los titulares de los derechos. Además, permite a los productores establecer medidas tecnológicas efectivas con el fin de proteger sus derechos. Medidas que quedan protegidas jurídicamente, estrechando así el círculo sobre Napster y similares.

Con ello se da carta blanca a formatos como los propuestos por la Secure Digital Music Initiative (SDMI), cuyo director dimitió hace unos días después de que unos crackers franceses hubieran roto las protecciones, y a medidas como el número de copias reducidas o la existencia de archivos de música temporales. Todo vale con tal de seguir con el sistema establecido.

La ley no basta

Los responsables de las tres entidades colectivas presentes en el acto, la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), la Asociación de Artistas Intérpretes o Ejecutantes (AIE) y la AFYVE (que es el organismo de representación institucional de las discográficas y el foro de discusión de los derechos de los productores fonográficos), defendieron además la introducción de medidas tecnológicas que dificulten el pirateo.

Sobre la mesa pusieron todo tipo de cifras e informes que señalan los perjuicios de la piratería musical, entre ellos aquel polémico informe que aseguraba que la venta de música ha descendido en los núcleos cercanos a las universidades, lugar donde se concentran la mayor parte de los usuarios de Napster.

Su actitud no debe extrañar a nadie. Las asociaciones luchan por no perder el control sobre los derechos de sus miembros. Del precio del CD vendido en la tienda, el 9,009% lo recolecta la SGAE en concepto de derechos de autor, a los que hay que sumar otros porcentajes derivados de la radiodifusión de obras musicales, los conciertos, los videos musicales, etc. El buen celo de esta institución y de sus socias hace que, según su director general, entre el 50% y el 60% de los derechos de autor se generen en Europa.

El desarrollo de sistemas de identificación de las obras (mediante cabeceras) o de marcas de agua permitirá un mejor control sobre la utilización de las obras, según la SGAE. A la mencionada SDMI se le unen otros sistemas seguros (presumiblemente) de distribución de contenidos digitales como el Electronic Media Management System (EMMS) de IBM o el Digital Rights Management (DRM) de Xerox. Como no es suficiente, las asociaciones llaman a la participación en la cruzada contra el infiel a los fabricantes de PCs (que deberán respetar las distintas medidas de control de los contenidos), los fabricantes de contenidos (que serán los que introduzcan las cabeceras y las huellas digitales), los comercializadores y los fabricantes y distribuidores de tostadoras (que habrán de compensar a los titulares de los derechos).

La regulación excesiva y la restricción de los derechos de los usuarios

La represión no es la mejor política

Pese a ser comprensible, la actitud de las discográficas y de gran parte de la industria (siempre hay honrosas excepciones) tiene grandes visos de irrealidad. El fenómeno Napster no es susceptible de ser detenido. Por lo menos, no hasta que cambie la mentalidad de los usuarios, que son los que hoy tienen acceso a las tecnologías y los que disponen de millones de CDs en sus casas susceptibles de ser pirateados.

Para convencer al navegante de que abandone Napster, la represión no es la mejor política. Un expulsado hoy será un pirata doblemente convencido mañana. Las discográficas han dejado escapar una oportunidad inmejorable de utilizar las nuevas tecnologías en su favor (¿pagaría el público si las 5 principales discográficas se hubieran puesto de acuerdo, hace ya mucho tiempo, para vender música de forma conjunta en la Red?). Es lícito discutir de qué va a comer la industria cuando todo el planeta tenga un PC y un módem; también azuzar las conciencias no siempre culpables de los usuarios, pero no matar las moscas a cañonazos.

Más peligrosa que la existencia de un número indeterminado de piratas es el escenario que algunos dibujan de sobreregulación y restricción del movimiento de la información. Uno de ellos, Jaron Lanier, creador del concepto \”realidad virtual\”, habla de forma cómica de un mundo en el que los altavoces analógicos queden prohibidos (sólo existirán aquéllos que funcionen con tecnologías seguras) y en el que todas las obras (desde una película a un vídeo casero e incluso una conversación susceptible de ser transmitida por la Red) hayan de ser registradas. Al final, el caos.

Algo más serios en la forma, que no en el fondo, son los temores de Lawrence Lessig, conocido profesor estadounidense de derecho y experto en temas de Internet. Según él, los tribunales estadounidenses han cambiado de actitud hacia la Red. De una posición flexible (no prohibamos hasta conocer las consecuencias) se han desplazado a una extremadamente rígida (prohibe, prohibe y prohibe). Los derechos de autor se sitúan en un plano superior al de la libertad de expresión y se demonizan los usos de los programas P2P sin tener en cuenta sus numerosas utilidades.

El desarrollo de restricciones tecnológicas a usos como la copia privada conducirá, sostiene Lessig, a una disminución de los derechos que los usuarios poseían en la era analógica. La generalidad paga una vez más por los presuntos desmanes de un pequeño colectivo. La doctrina del fair use (uso legítimo), que permitía cierta flexibilidad en la aplicación de las leyes, se resquebraja. Las industrias imponen todo tipo de restricciones contractuales (esa hoja introductoria que nadie se lee), con la salvedad de que la tecnología les sitúa cada vez más cerca de poder ejercer ese control.

Por lo tanto, los debates harían bien en escuchar la postura de todos los usuarios. Si se habla de piratas, también debería hablarse de los márgenes de los diversos participantes en la cadena de producción musical, de las divergencias entre las compañías o de lo complicado que resulta crear un nodo de música sin que alguna compañía o sociedad de gestión de derechos te rompa la cara. Y comenzar a pensar en nuevas formas de ganar dinero, más allá de las tradicionales. Entonces, sólo entonces, la industria alcanzará algo de credibilidad en su defensa acérrima de la inmoralidad del uso de herramientas como Napster.


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