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La reacción de los argentinos obliga a Kirchner a echar atrás la Ley Espía

La norma ni siquiera ha entrado en vigor -estaba previsto que comenzara a regir el 31 de julio-, ni entrará: el presidente de Argentina, Néstor Kirchner, se ha visto obligado a echar atrás la ley con la que se pretendía interceptar las comunicaciones en Internet de los argentinos.

Y no es que a Kirchner no le gustara la idea, no: a finales de 2004 promulgó de forma sigilosa un reglamento ejecutivo de dicha ley. Pero el incesante aluvión de críticas que se han producido en los últimos años le han forzado a suspender la norma no nata. Ahora, desde Alemania, donde se encuentra en visita oficial, ha ordenado a sus hombres en la Casa Rosada que escriban otro decreto para suspender la iniciativa de espionaje informático y telefónico.

Era de esperar; la rebelión de los argentinos ante la impunidad ha sido generalizada. Un Fuenteovejuna contra la peregrina idea de grabar y archivar las comunicaciones online durante diez años. Pretendían almacenar incluso las llamadas a móviles, la duración de las conversaciones, dónde estaba el teléfono en el momento de la charla… De nada le han servido al jefe de Gabinete, Alberto Fernández, sus palabras (\”El objetivo era controlar el tráfico, no los contenidos\”). No ha colado.

Se encomendaba así a las compañías privadas la tarea de guardar millones de gigabytes para que la Secretaría de Inteligencia del Estado -el Cesid español- utilizase la información a su gusto, pasándose por el arco del triunfo los permisos judiciales. Los argentinos han demostrado madurez democrática y calado liberal: han preferido no perder buena parte de sus libertades y derechos civiles a sacrificarlos de forma injustificada en favor de una supuesta mayor seguridad.

En otros lugares del mundo también se han producido reacciones. En Gran Bretaña, el presidente del Partido Liberal Democrático, Simon Hughes, dijo en Londres que \”la decisión del Gobierno argentino de entrometerse en la vida privada de los ciudadanos es completamente inaceptable en una democracia\”.


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