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Las guerras del DRM

La semana pasada, el Defensor del Pueblo noruego declaró ilegal iTunes Store, la tienda de música de Apple, estableciendo que la protección DRM, que impide reproducir esos archivos en aparatos de otras marcas, va en contra de los usuarios y socava su capacidad de elegir.

Iniciativas similares surgen en otros países europeos, como el resto de los países escandinavos y Holanda. Y las empresas afirman sentirse perseguidas, además de denunciar una intromisión de los gobiernos en su negocio. ¿Qué es lo que está pasando?

Lo cierto es que las guerras de formatos en general, y las de los DRM en particular, han cosechado mala fama. Los consumidores ya tuvieron que enfrentarse a una situación algo confusa en la época de la popularización del vídeo doméstico, cuando uno debía decidirse entre comprar un vídeo Beta o un VHS.

La confusión se convirtió en indignación con la llegada de los CD y la introducción de sistemas DRM en ellos a partir de 2002. Al principio, estos sistemas habían causado algún problema menor, como no sonar o hacerlo con dificultades en los equipos de música del coche y en algunos ordenadores. Pero el escándalo llegó en 2005, cuando se descubrió que los CDs de Sony instalaban en los ordenadores de los usuarios un programa oculto, exponiéndoles a ataques externos. Sin permiso, por supuesto.

El objetivo de los DRM

¿Para qué sirven realmente estos sistemas? DRM significa Digital Rights Management (gestión de derechos digitales), y se supone que su objetivo es proteger los derechos de autor. Por eso, se incluyen sistemas de este tipo en la música, el software propietario o las películas. Es decir, el fin de los DRM, según aseguran productoras y fabricantes, es defenderse de la piratería.

Sin embargo, en la práctica y al margen del fin con el que se idearan, sirven para otras cosas. Principalmente, para asegurar el negocio. Y la opinión pública empieza a cuestionar la legitimidad de esta clase de sistemas en dos frentes muy concretos: la música digital y los DVD de alta definición.

El caso de la música, que ha tenido su último capítulo en la decisión del Defensor del Pueblo noruego, es especialmente flagrante en tanto que son muchos los fabricantes de reproductores, y más aún las discográficas, que tienen su propia tienda. Es decir, existen muchos formatos que no suelen ser compatibles entre sí, de forma que aquellos consumidores que deciden pagar por sus descargas de música ven cómo son forzados a utilizar un determinado reproductor, o necesitan programas específicos para escuchar la música en su ordenador. Todo ello cuando podían haberse descargado la música gratis en formato MP3 y ahorrarse tantas complicaciones.

En cuanto al DVD, la piratería vuelve a ser la excusa de los fabricantes. Toshiba presenta orgulloso su HD-DVD, bendecido por otras empresas como Microsoft, que lo ha incluido en su XBOX 360. Y Sony, que parece no haber escarmentado, responde que Blu-Ray será el formato de alta definición del mercado. Y el de la nueva versión de su Play Station.

Por supuesto, los consumidores no podrán reproducir un disco de un formato en un reproductor de otro. Pero es por la piratería, afirman.

Si realmente era por la piratería, la inversión en tecnología anticopia ha sido una de las más inútiles de la historia. Porque cuando aún no se ha extendido el uso de los nuevos formatos de vídeo, ya se han encontrado formas de copiar estas películas. Ha ocurrido así desde un principio, con sistemas anticopia que debían renovarse continuamente porque siempre aparecía una forma de saltárselos.

¿De quién es la idea?

Los más criticados (y ahora, los que reciben las denuncias) son los fabricantes de software o hardware, como Apple, Sony o Microsoft. Pero con frecuencia no son ellos, sino las productoras de contenidos (ya sean música, películas o vídeojuegos) las primeras en exigir el control de las copias de los archivos.

Podemos verlo en las relaciones de las empresas tecnológicas con las productoras: Microsoft pasa unas arduas negociaciones para sacar a la venta su reproductor portátil Zune, prometiendo una parte de los beneficios a la industria discográfica. Una vez a la venta, ésta decide que uno de los puntos fuertes del aparato -la posibilidad de compartir música durante un número limitado de días y para un número limitado de escuchas- no es aceptable para muchos de sus archivos.

Este es un ejemplo de cómo, en ocasiones, los DRM se aplican hasta extremos ridículos. Por ejemplo, en archivos pertenecientes a bibliotecas públicas, de forma que no sólo no pueden copiarse: tampoco pueden reproducirse en equipos que no utilicen Windows.

La tendencia actual

A juzgar por los últimos acontecimientos, algunas empresas deberían preocuparse menos por los formatos que utilizan sus competidores y más por replantearse su línea de acción.

En primer lugar, porque incluso dentro de la industria tecnológica empieza a cuestionarse la utilidad de estas prácticas. Bill Gates reconocía hace poco que los sistemas DRM no tenían mucho sentido, y aconsejaba en cambio pasar los CD originales a formato digital. Sun Microsystems pedía sensatez y estándares abiertos, y algunas empresas sugieren otros sistemas de control menos agresivos.

En segundo lugar, porque el modelo de negocio empieza a perder efectividad: Virgin y Fnac anuncian que empezarán a vender música sin limitaciones para intentar compensar el descenso de las ventas.

Y esto nos lleva a la tercera y más poderosa razón que amenaza la manera actual de entender los sistemas DRM: los compradores.

No olvidemos que los clientes potenciales de esta clase de productos suelen ser personas familiarizadas con la tecnología. Una tecnología que avanza hacia la personalización del contenido y la participación de los usuarios, otorgándoles una capacidad de decisión cada vez mayor sobre lo que quieren ver o utilizar. A los nuevos consumidores les gusta elegir por sí mismos. Y muchos han decidido que los DRM no les gustan.

La mayoría de los estadounidenses considera \”poco grave\” descargarse películas de Internet. La comunidad pública internauta, que con frecuencia demuestra tener su propio código ético, aprueba sin reservas a los que se esfuerzan por romper los sistemas de protección anticopia.

Y ya no se trata de demandas individuales, sino de iniciativas organizadas a través de asociaciones o de administraciones (como en el caso de Noruega) que tratan de expresar el descontento de los consumidores. Y ellos, al fin y al cabo, son los que pagan.


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