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Libertad de Expresión para la Era Digital

Los fundadores los Estados Unidos de América aprobaron la Primera Enmienda para distanciar el nuevo gobierno de las directrices de Inglaterra, que utilizó sin pudor la censura para perseguir a quienes tratasen de socavar los intereses de la corona británica. La Primera Enmienda de la Declaración de Derechos de la Constitución de los EEUU garantiza cuatro libertades: la libertad religiosa, la libertad de expresión, la libertad de prensa y la libertad de congregarse. Fue ratificada el 15 de diciembre de 1791 y desde entonces se ha discutido, debatido y defendido hasta la muerte.

Cuando se firmó aquél documento que garantizaba principios fundamentales nadie imaginaba un mundo conectado mediante computadoras; ni obras transformadas al formato digital que se pudiesen difundir sin trabas. Desde la llegada de Internet, las leyes creadas para proteger los derechos de autor y la propiedad intelectual han quedado obsoletas. El propio concepto de copyright se tambalea.

Además, la defensa a ultranza de los derechos de autor se topa en muchos casos con la libertad de expresión defendida por la Constitución. ¿Se puede considerar el código fuente de un programa una forma de expresión protegida por la Primera Enmienda? ¿Es legítimo investigar o publicar cuando los estudios o textos pueden atentar contra obras protegidas?

Dos sentencias recientes de jueces norteamericanos han dado la razón a la industria y los autores contra aquellos que defienden que la libertad de expresión no debe acotarse con la llegada de un nuevo medio de comunicación interplanetario. Los propietarios del copyright defienden que es una perversión pensar que las leyes de la propiedad intelectual restringen la libertad de expresión; del otro lado, se acusa a la nueva legislación de alejarse cada vez más de su objetivo inicial: promover el desarrollo de la ciencia y las artes.

Ley para la Era Digital

Tratando de adaptar las leyes de propiedad intelectual a los nuevos tiempos, en 1998, tras cuatro años de discusión en el Congreso, se aprueba en EEUU la Digital Millenium Copyright Act.

La DMCA otorga fuerza a los artistas y otros tenedores de derechos para combatir la piratería de música, películas y otras obras protegidas. Los fabricantes de software y las industrias de la música y el cine, estaban detrás de la propuesta de esta ley. Y muchas son las voces que se han levantado para combatir esta ley, a la que acusan de otorgar excesivo poder a la industria, limitando los derechos de los consumidores y poniendo en peligro la innovación tecnológica.

Una de sus cláusulas más controvertidas hace referencia a la prohibición de eludir las medidas tecnológicas utilizadas por los titulares de derechos para proteger su creación. Así, cualquier actividad (publicación, modificación de software, investigación, etc.) que facilite la desprotección de archivos puede ser perseguida.

Un caso paradigmático es el de Dmitry Sklyarov, el programador ruso que fue detenido en un congreso de hackers (DefCon) en Las Vegas después de dar una conferencia sobre las vulnerabilidad de un sistema de protección de contenidos. Su pecado original: trabajar en ElcomSoft, una empresa de Moscú que fabrica entre otros el Advanced eBook Processor. Este programa permite transformar los archivos del Adobe eBook (que son pdf protegidos) en archivos pdf normales (duplicables); es decir, abre el camino para copiar libros digitales.

Adobe denunció el ruso acogiéndose a la DMCA, que prohibe la fabricación de ese tipo de programas, aunque nadie los haya utilizado jamás para copiar nada. Detenido por el FBI, Sklyarov (que contaba con la defensa de Electronic Frontier Foundation) se enfrentaba a un largo proceso que seguramente llegaría a manos del Constitucional, en el que se encontraban frente a frente la Libertad de Expresión y la DMCA.

Se montó un considerable escándalo político y mediático, tras el que Sklyarov salió en libertad bajo fianza. Pero al programador ruso todavía debe verse las caras ante el juez, a pesar de que la EFF y la propia Adobe acordaran pedir su absolución.

La revista online y el investigador

La industria del entretenimiento y los autores a los que supuestamente representa se han anotado otros dos importantes tantos en los juzgados. De nuevo, dos casos independientes ponían a prueba la solidez de la DMCA para defender a los titulares de derechos en el Mundo Digital. Y las sentencias han dado la razón a los propietarios de obras protegidas frente a los que desarrollan o divulgan tecnologías que se pueden utilizar para reventar la protección de esas obras.

La MPAA (Motion Picture Association of America) denunció Eric Corley y su revista online destinada al público hacker (2600) por publicar en sus páginas el código de un programa que se puede utilizar para saltarse la protección del sistema anticopia de los DVDs, el famoso DeCSS. La apelación de los abogados de Corley ha recibido la bofetada del tribunal, que se apoya en la DMCA para prohibir a 2600 incluso incluir enlaces a páginas que contengan el DeCSS.

De acuerdo con la jurisprudencia anterior, el Tribunal de Apelación estima que el código fuente, por su condición de expresión escrita, está bajo la tutela de la Primera Enmienda de la Constitución de EEUU. Pero el juez establece que en este caso \”el material (el código) es contenido neutro y por tanto bajo menor protección que el contenido \’expresivo\’, como el de una novela o la poesía\”.

Esta decisión es una victoria para los tenedores de derechos en general, pero muy especialmente para la industria del cine, que lleva ya dos años batallando para echar al DeCSS de la Red. Los defensores de los derechos civiles, por su parte, siguen el caso muy de cerca y afirman que prohibir ciertos links atenta directamente contra la libertad de expresión en Internet.

En un caso diferente, un juez federal desestimó la demanda interpuesta por un profesor de universidad contra la industria de la música, que le amenazó con emprender acciones judiciales si publicada sus investigaciones relacionadas con tecnologías anti-copia.

El profesor de Princeton Edward Felten demandó a la RIAA (Recording Industry Association of America), que representa a las mayores discográficas de EEUU, porque la asociación le envió una carta amenazándole con demandarle si daba a conocer sus estudios. Felten dejó de publicar un texto donde explicaba la debilidad de las tecnologías de la industria para proteger las obras musicales, pero a cambió se querelló contra la RIAA. \”

\”El tribunal ha puesto a los científicos en una tesitura en la que deben implorar a Hollywood para publicar sus trabajos\”, afirman desde la Electronic Frontier Foundation; \”ponen en riesgo la investigación\”, añaden.

Los límites digitales de la Primera Enmienda

Las dos victorias en los juzgados sientan un importante precedente, y determinan la relación del uso del código fuente y los derechos defendidos en la Primera Enmienda.

Los defensores de los derechos civiles ven claros signos de que la libertad de expresión sin trabas en Internet tiene los días contados.

Las sentencias apoyan con firmeza la potestad de los propietarios de contenidos de restringir el acceso a sus obras, a la vez que muestran que la legislación estadounidense está por la labor de limitar qué es lo que se puede publicar en la Red.

Junto a las iniciativas gubernamentales (léase \’Ley Patriot\’) que tratan de aumentar la potestad de las autoridades para vigilar las actividades de los ciudadanos en Internet (monitorizar la navegación y fiscalizar el correo electrónico), estas decisiones también anuncian el final del status \’intocable\’ de la libertad de expresión en Internet.

En principio, derechos y libertades deberían ser igualmente aplicados en un medio u otro, pero la potencia de Internet amenaza como nunca había pasado antes las estructuras establecidas. Como dice el abogado Allonn Levy, que defiende a un grupo de sitios web contra una demanda interpuesta por la DVD Copy Control Association, \”hay una gran cantidad de legislación creada para diferenciar entre los medios analógicos y los digitales, entre Internet y el mundo real\”.

Aunque en 1997 el Tribunal Supremo echó tierra encima de la Communications Decency Act, alegando que podría impedir la libertad de expresión en Internet, sólo cuatro años después los jueces parecen estar listos para parar los pies a la información que se mueve por lo que el Tribunal Supremo definió como \”nuevo medio mundial de comunicación humana\”.

El meollo de la cuestión está en definir hasta que punto el contenido de la Red (desde los enlaces hasta el código fuente de algunos programas) es equiparable a cualquier otra forma de expresión y, por tanto, debe estar protegido por la Primera Enmienda, como defienden los abogados de Corley; o, en cambio, textos como el código del DeCSS están sólo parcialmente protegidos y son susceptibles de ser censurados, como defienden las sentencias arriba referidas.

Con una mano te acaricio y con la otra… ¡zas!

La sentencia emplea 10 páginas (de las 72 del \’Caso Corley\’) en argumentar que el código es equiparable a cualquier texto protegido por la libertad de expresión. \”Pero en otra parte, dice, bien, como Internet es un medio más eficaz para que la gente obtenga información, y como es más fácil de utilizar, vamos a otorgarle menor protección\”, explica en News.com Cindy Cohn, de la Electronic Frontier Foundation.

Del lado de la MPAA, Charles Sims afirma que el copyright y la libertad de expresión \”han coexistido durante 200 años, y no hay ningún problema de libertad de expresión con estas leyes [la DMCA]\”. Quizá olvida que es la primera vez en esos 2000 años que los derechos de autor se enfrentan con la Red.

De hecho, los propios jueces dejan claro que es bien distinto permitir la comunicación sin trabas que prevenir del uso incorrecto del contenido protegido. Emulando a Pilatos, se lavan las manos al dictar la sentencia: \”La elección fundamental entre desvirtuar cierta comunicación y tolerar la descriptación no se puede evitar, pero no está en nuestras manos resolver asuntos políticos, es cosa del Congreso\”. Por eso han decidido ponerse del lado de los propietarios de los derechos, siendo conscientes de la amenaza que se cierne sobre la libertad de expresión.

Internet no tiene la culpa

Las dos recientes decisiones judiciales no marcan un punto y final, nisiquiera una tendencia que se vaya a seguir en un país donde la jurisprudencia es ley. Un tribunal de apelación californiano dejó una puerta abierta a la esperanza para los defensores de la libertad a ultranza. El juez rechazó una sentencia anterior que ordenaba retirar de un website el código de DeCSS,simplemente porque dictaminó que \”publicar el programa es exactamente igual que publicar culaquier otra aseveración controvertida\”, por lo tiene la total protección de la Constitución.

Quizá el quid de la cuestión esté en dar un paso atrás y mirar las cosas con cierta distancia, aislándolas de su condición de \”complicados asuntos tecnológicos\” o relacionados con Internet. Allonn Levy piensa que los jueces atacan el problema errónea mente, porque \”Internet puede magnificar el peligro, pero no lo crea\”. Sostiene Levy que crear leyes para la información digital distintas del resto no tienen ningún sentido: \”debemos tener leyes uniformes, las nuevas tecnologías no alteran los derechos fundamentales\”.

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