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Luces y sombras de la LSSICE: la regulación de Internet

Tres meses después de su publicación en el BOE, la controvertida Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI) entrará en vigor el 13 de Octubre de este año. Es el momento oportuno para intentar hacer un análisis jurídico pero eminentemente práctico sobre la que considero una de las leyes más importantes de los últimos tiempos.

De todos es sabido que la Ley tiene como principal objetivo la transposición de la Directiva 200/31/CE (la Directiva del Comercio electrónico), sin embargo, se ha aprovechado para regular muchos otros factores que afectan a la llamada \”Sociedad de la Información\”, en particular aspectos tan distintos como obligaciones de Servicio Universal, o la legalidad o ilegalidad de los actos que cualquier particular puede realizar -o no realizar- en la red de redes. Sin perjuicio de lo criticable que a priori esta arriesgada medida pudiera parecer, me centraré en alabar o criticar los aspectos centrales de la norma, y no entraré en críticas absurdas -de esas que están tan de moda últimamente en los mas variopintos foros de opinión- y estudios sin apenas valor jurídico y hechos desde la pasión mas desmedida. No todo es blanco o negro, sino que a menudo predominan los tonos grisáceos.

Es cierto que el objetivo principal de la norma es la regulación del Comercio Electrónico, extremo lógico ya que es igualmente el principal objetivo de la directiva de cuya transposición se pretende. El ejecutivo quiere convertir a esta norma, junto con la nueva Ley de Firma Electrónica -que pretende corregir los errores de su antecesora-, un nuevo plan de Nombres de Dominio y una nueva variación de la Ley General de Telecomunicaciones, en el aspecto normativo central de su Plan Info XXI para el definitivo despegue del comercio electrónico. Recordemos que el Plan Info XXI viene impulsado igualmente por la iniciativa \”E-europa\”, por la que se considera a las Telecomunicaciones, a servicios como Internet y al comercio electrónico como motores de la economía y se pretende su avance como base para que influya en el resto de los sectores productivos de los países de la unión. Los principios básicos de dicha iniciativa (protección de la infancia, Internet para todos, desarrollo del comercio electrónico…) han sido traspasados al plan Info XXI y aparecen, igualmente, delimitados como principios generales de la norma.

Sin embargo, hay muchos mas extremos. En particular, se pretende regular la responsabilidad de los enlaces en las páginas web, se habla de la responsabilidad o irresponsabilidad de los ISPs ante ciertas situaciones, se obliga a los mismos a tener los datos de sus clientes durante un año, se establecen deberes de información obligatorias… y para conseguir el cumplimiento de todas las disposiciones, se arbitran cuantiosas sanciones económicas y mecanismos que han sido muy criticados. Como se ve, por tanto, muy lejos queda el objetivo de \”simple\” transposición de la Directiva.

Pero sería muy injusto que me centrara solo en lo negativo. Esta norma tiene aspectos muy positivos que parecen haber pasado desapercibidos para toda la comunidad internauta. En particular, se apuesta por el arbitraje de consumo como medio delimitador de conflictos, en lugar de la lenta y a veces desesperante justicia ordinaria. Se apuesta por la eliminación de las barreras físicas lógicas que existen para las personas discapacitadas, ordenando normas de accesibilidad a los ISPs para facilitarles el acceso. Se apuesta por la autorregulación y los códigos de conducta. Se prohibe el spam, y se requiere para que en un breve espacio de tiempo, todos los ciudadanos posean \”acceso funcional a Internet\”, punto último éste que prevé la sustitución de la denominada tecnología TRAC para aquellas zonas donde el par de cobre aún no había llegado (en España están afectadas unas 250.000 personas).



Alfonso Villahermosa Iglesias es especialista en Economía y Derecho de la Tecnología Digital.
Master en Derecho de las Telecomunicaciones y Tecnologías de la información por la Universidad Carlos III.


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