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Operadores alternativos defienden la competencia en el sector de las telecomunicaciones

Los operadores alternativos DTI2, IBERCOM, IDECNET, PRORED y SARENET alertan de la incidencia que tendrá para los consumidores la actitud de Telefónica con respecto a sus pretensiones de quedarse con una red sin regulación, y defienden que la misma, en cualquier circunstancia, ha de ser regulada.

Hasta la fecha, la situación de competitividad del sector de las Telecomunicaciones estaba basada en redes fijas. En este mercado, regulado por la Comisión del Mercado de la Telecomunicaciones (CMT), el cliente final se beneficia de la existencia de una variada oferta de telefonía e Internet, gracias a la competencia entre los distintos operadores surgidos a partir de la liberalización de las telecomunicaciones.

Así, en España se cuenta con múltiples operadores que han introducido ADSL a 20 Mbps y que han hecho bajar los precios de la banda ancha en España por debajo de los 20 euros/mes.

Sin embargo, Telefónica ha optado por no seguir esta senda, ya que le hace perder clientes, y pretende recuperarlos evitando la competencia y cualquier regulación específica.

Si la CMT y el Gobierno ceden a sus pretensiones, esta intención de Telefónica puede hacer retornar al sector de telecomunicaciones al antiguo monopolio, dando vacaciones regulatorias a alguien que ha incumplido la regulación desde hace 10 años de manera sistemática.

Ante el incremento de utilización de Internet, base de la Sociedad de la Información, se plantea el reto de mejorar la parte de la red que limita su velocidad: el tramo que va desde la central telefónica al abonado, el clásico par de cobre. La alternativa es sustituir parte o todo de ese tramo por fibra óptica, conformando así una red de nueva generación.

Ante este cambio en la infraestructura de la red y las inversiones asociadas a la modernización de la red actual, la CMT ha solicitado a todos los agentes del sector su opinión sobre la manera de tratar la cuestión.

Con la red de nueva generación, Telefónica pretende monopolizar su uso en vez de dar continuidad al modelo actual, y desafía a la CMT con dejar sus inversiones en 200 millones de euros anuales, frente a un agresivo plan de 640 millones de euros al año hasta el 2014, si no obtiene “vacaciones regulatorias” a la hora de abrir los nuevos tramos de fibra a otros operadores alternativos facilitando la competencia.

Todo ello se enmascara bajo un concepto de renovación tecnológica basado en la VDSL2, que ofrece al usuario hasta 50 Mbps de ancho de banda, a la que el resto de operadores únicamente podrían acceder en las condiciones impuestas por Telefónica.

En este sentido, los operadores alternativos también promueven las redes de nueva generación –de hecho han sido los impulsores del ADSL2+ a 20 Mbps y del descenso de precios en España–, pero siempre que se desarrolle en un entorno de competencia y no de monopolio u oligopolio, como sucede por ejemplo en el mercado de la telefonía móvil.

La consecuencia de lo que propone el operador dominante puede ser que un usuario que hoy paga por su ADSL 39 euros al mes termine por pagar 3 veces más. Un ejemplo cercano se tiene en el sector de los móviles, ya que una llamada nacional entre fijos cuesta entre 2 y 3 céntimos de euro, mientras que si se realiza desde un móvil el coste alcanza 15 céntimos de euro.

En opinión de los operadores alternativos, Telefónica ha incumplido reiteradamente las obligaciones asociadas a la liberalización del mercado, como lo demuestran las diversas sanciones impuestas por el regulador.

Lo que no parece razonable es que Telefónica pida vacaciones regulatorias cuando durante 10 años su actitud hacia la regulación ha sido de voluntario y permanente incumplimiento. Esto se demuestra con las sanciones que le ha venido imponiendo el regulador (CMT) en todo el periodo.

Un ejemplo a analizar es lo sucedido en Reino Unido, en donde con la primera sanción que se le impuso al operador dominante, se decidió establecer una separación funcional para que todos los operadores pudieran acceder a la red en igualdad de condiciones beneficiando al usuario final.

Por ello, este grupo de operadores alternativos ha preparado una respuesta conjunta, planteando medidas que garanticen la continuidad de un sector en competencia y que, de producirse cambios, sean a favor de la misma y no en contra, aplicando al menos la separación funcional o estructural de la red.

Dicha respuesta defiende la evolución de la red de Telefónica hacia una configuración mixta, de forma que se puedan prestar servicios VDSL2 de 50MB desde la Central telefónica y desde Nodos locales, combinada con una adecuada configuración de los servicios mayoristas (tanto con base en los nodos como en la central), que no establezca excesivas barreras de entrada para los operadores, permitiendo una competencia sostenible en el nivel minorista.

Según las estimaciones que se manejan, el conjunto de los operadores alternativos ha invertido, en los ejercicios 2004 a 2007, una cantidad que supera los 1.000 millones de euros solamente en redes de acceso.

Estas inversiones se han producido porque los operadores alternativos contaban con un marco regulatorio adecuado que les permitía alquilar el acceso al cable de Telefónica, tanto para telefonía como para ADSL, y eso a pesar de las múltiples trabas que Telefónica ha impuesto a sus competidores y que aún hoy todavía perduran para algunos operadores.

Por tanto, es importante contar con un marco estable que compagine la futura modernización de las infraestructuras de planta exterior, con el actual estado de modernización del mercado y de las redes de acceso, al que desde un papel de primera línea y con un esfuerzo muy superior al que les corresponde por cuota de mercado, han contribuido notoriamente el conjunto de los operadores alternativos.

En este sentido, con el objetivo de alcanzar modelos estables a largo plazo en el mercado de las telecomunicaciones, la Comunidad Europea plantea la “separación funcional” de las redes respecto de los servicios que se prestan a partir de ellas; incluso habla de la “separación estructural” de la red en una empresa específica.

Gran Bretaña, que viene siendo el pionero de la liberalización, ya aplica el modelo de separación funcional y países como Suecia, Italia, Australia y Nueva Zelanda lo están impulsando.


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