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Plan Info XXI, una polémica ficción

El objetivo del Plan de Acción Info XXI, dotado con 4.572 millones de dólares (825.000 millones de pesetas), es llevar la sociedad de la información al último rincón del país. El proyecto establece una serie de medidas consideradas prioritarias, más un conjunto de actuaciones menos trascendentes, encaminadas a introducir a España en la élite mundial tecnológica.

Lo primero que hay que recordar es que en absoluto se trata de un plan nuevo. Hace dos años ya se presentó el mismo proyecto, por aquel entonces con una inversión prevista de 2.309 millones de dólares (420.000 millones de pesetas) hasta 2002. Inversión sin duda superior a la proyectada para la nueva versión del plan, puesto que de los 825.000 millones de pesetas presupuestados sólo 280.000 millones irán a parar específicamente a las nuevas tecnologías. El resto del dinero es para gastos corrientes: ya se sabe, los cafés que se consumen en los ministerios y esas cosas.

La impresión generalizada es que el plan parece más propio del siglo pasado que del actual. El proyecto engloba iniciativas como la renovación del parque de PCs de los colegios, hospitales u organismos administrativos varios. Es decir, cosas que deberían estar realizándose periódicamente, y que desde luego no tendrían que necesitar de ningún plan para ponerse en marcha. No hay ningún valor añadido, no existen propuestas verdaderamente superadoras del actual estado de la cuestión tecnológica de España. Simplemente es una adición de presupuestos de unos cuantos ministerios empeñados en salir en los papeles y hacer electoralismo con un tema inédito.

El Gobierno ha condenado al ostracismo a los comités asesores tecnológicos de los departamentos ministeriales, cuando su concurso resulta innegociable en un proyecto tan complejo. Tampoco han sido consultados los empresarios; y es en este punto donde mejor se advierte la vocación suicida del Ejecutivo, la prepotencia quizás. Porque es absolutamente imposible cubrir con dinero público todas las actuaciones presupuestadas en el proyecto. La iniciativa privada es fundamental para llevar a buen puerto el plan. Probablemente el Gobierno, sabedor de que las principales empresas entrarán al trapo del proyecto de cualquier modo y de que toda compañía de alguna envergadura tiene al Estado como cliente, sabe que terminará captando recursos del sector privado. La pregunta es si serán suficientes.

Competencias

Un Gobierno que presume de liberal no puede, no debe, erigirse en el protagonista del plan. Su función más justificada sería la de vigilante y supervisor, encargándose de que el dinero no se disperse en inutilidades y proyectos inviables, o mínimos. Su trabajo tiene que ser cuidar de que las comunidades autónomas y los municipios, a los que también está dejando de lado (cuando los ayuntamientos son los organismos administrativos más próximos a la sociedad), sean responsables en la aplicación de los presupuestos. Además, la brecha digital entre unas regiones y otras garantiza descontentos y luchas tribales entre las comunidades más desarrolladas tecnológicamente, como el País Vasco, y las más desfavorecidas.

Respondiendo a las crecientes críticas de la oposición, la ministra española de Ciencia y Tecnología, Anna Birulés, decía hace unos días en el Congreso de los Diputados que su departamento trabaja en conseguir la colaboración de comunidades autónomas y municipios para potenciar la Administración electrónica prevista en el proyecto.

El origen del Plan de Acción Info XXI (dejando a un lado el conato de 1999) se encuentra en el Proyecto e-Europe, aprobado por la Unión Europea a mediados de 2000 en Lisboa, y esto se nota demasiado. Quiere decirse que no pocas localidades rurales de España carecen hasta de líneas terrestres comunes, y cablear municipios remotos no es precisamente un negocio que seduzca a las operadoras de telefonía. Pero Birulés insiste con sus promesas.

Las compañías también protestan

Hasta las empresas se sienten ya discriminadas, y eso que el plan no ha hecho más que empezar. Apple y Hewlett-Packard, las más descontentas, creen que el Gobierno no ofrece iguales oportunidades a todas las compañías. Apple no fue invitada a la presentación del plan, en la que sí estuvieron sus grandes rivales Microsoft, IBM y Compaq. Estas tres firmas aportaron cada una 5.500 dólares (1millón de pesetas) para financiar la presentación del Plan Info XXI, y Apple considera que esa aportación económica se reflejará luego en un trato preferente a la hora de seleccionar a los proveedores de los servicios y equipos informáticos con los que se llevará a cabo el proyecto.

La polémica presenta visos de escándalo. Treinta empresas, todas ellas informáticas y telecos, pagaron hasta un millón de pesetas para financiar, y a cambio aparecer como patrocinadores, de una exposición de sus productos que luego nunca se celebró, todo esto durante el acto de presentación del Plan Info XXI, celebrado el pasado 24 de enero en Vitoria (País Vasco).

Sin embargo, el plan no entra en uno de los factores decisivos, el auténtico catalizador de todo el engranaje tecnológico: la calidad de las conexiones a Internet y el establecimiento de una tarifa plana de verdad, no ondulada como la que fijó el Gobierno el pasado 1 de noviembre y como la que, por otra parte, ofertan todas las operadoras (peseta arriba, peseta abajo)… salvo otros que la ponen incluso más cara. De hecho, el crecimiento de la tarifa ondulada en España se ha estancado con 600.000 usuarios conectados. Establecer el acceso a la Red como servicio universal debería ser la primera prioridad de los gobernantes. Sólo así se dejaría de construir la casa por el tejado y se acabaría con los millones de españoles y españolas que no pueden acceder a Internet o que, aun pudiendo, no saben usar las nuevas tecnologías.

Se podrá decir que la Red ya es asequible para la mayoría de la población. Sí, a costa de soportar una conexión desesperantemente lenta. La nueva red de fibra óptica o la tecnología ADSL utilizando la red de cobre ya existente están poco implantadas, apenas hay banda ancha y la navegación requiere una paciencia infinita. Uno de los retos del Plan Info XXI debería ser que, además de una Administración electrónica, los ciudadanos tengan una infraestructura electrónica del siglo XXI.

Aplicaciones pioneras

Mientras, el proyecto va dando sus primeros pasos. El Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) será el primer organismo de la administraciones públicas españolas en aplicar sistemas avanzados de gestión informática mediante la creación de un portal destinado a potenciar la comunicación externa con su entorno científico y tecnológico. Se trata del Proyecto Atlantis, con el que el INTA busca optimizar sus recursos humanos y materiales. El coste de la iniciativa, que se desarrollará en dos fases a lo largo de los próximos dos años, asciende a 3,3 millones de dólares (600 millones de pesetas).


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