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¿Quién ayuda a los países pobres a introducirse en la Sociedad de la Información?

La recientemente celebrada Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información ha sido orquestada por la Unión Internacional de Comunicaciones, organismo dependiente de las Naciones Unidas, y ha plasmado su preocupación por la implantación de la web en los diferentes países del mundo en un Programa de Acciones específicas. De la lectura detallada de dicho programa se desprende que uno de sus objetivos fundamentales es el de “convertir la brecha digital en una oportunidad digital y asegurar un desarrollo armonioso y equitativo para todos” (art. 49).

Ardua tarea, sin lugar a dudas, sobre todo en un mundo desigual, en el que existen países que censuran la web sin ningún tipo de tapujos o, por citar un ejemplo gráfico, países con cibercafés que multan a sus clientes con una cantidad equivalente a 4 euros por visitar lugares pornográficos, y con 8 euros por entrar en webs prohibidas por cuestiones políticas. No es de extrañar, pues, que lo primero que se observe en el Programa de Acciones de Túnez sea un lenguaje deliberadamente neutro, que da lugar a una especie de “léxico blanco”; por ejemplo, en vez de mencionar la palabra hacker, habla de “la necesidad de proteger Internet y otras redes TIC de las amenazas que atentan contra su vulnerabilidad” (art. 45).

El documento tampoco alude a los países que practican algún tipo de censura de los contenidos de la Red, sino que, más bien, habla de “otorgar plena libertad a la búsqueda, recepción, difusión y utilización de información, en particular, para la creación, acumulación y distribución del conocimiento” (art. 42).

Pero, ¿quién paga todo esto?

La primera cuestión que cabe plantearse es: ¿quién corre con los gastos? En ese punto, el Programa de Acciones se contenta con hacer “llamamientosy “recomendaciones; en el artículo 9, “a la comunidad internacional para que se fomente la transferencia de tecnología (…), para que se adopten políticas y programas que permitan a los países en desarrollo poner la tecnología al servicio del desarrollo”. Por otra parte, en el artículo 27. h) se recomienda “dar a los países en desarrollo la posibilidad de generar cada vez más capital para las TIC y crear instrumentos de financiación adaptados a sus economías, incluyendo fondos fiduciarios y capital generador de inversiones”.

Ni las recomendaciones ni los llamamientos son preceptivos; ni siquiera vinculantes. El cumplimiento de esos actos se deja al libre albedrío del gobierno, organismo supranacional o institución privada que quiera “recoger el guante”, movidos, eso sí, por impulsos filantrópicos.

El documento reconoce, no obstante, que la incorporación de las TIC a países en desarrollo se realizará al amparo de intereses comerciales y hace hincapié en la responsabilidad social de las empresas. Pero si la implantación de las TIC depende, en última instancia, de las empresas, las desigualdades no van a superarse por sí solas. En este sentido, el Programa invoca, una vez más,un término filantrópico: “instamos a que se fortalezca la solidaridad y la cooperación internacional” (art. 18). Además, el Programa alude a la responsabilidad de los gobiernos en este sentido (“Alentamos a todos los gobiernos a que concedan a las TIC la prioridad que merecen en sus estrategias de desarrollo nacionales”, art. 20), así como a la de las “instituciones multilaterales y a los donantes públicos bilaterales” (ibidem, de nuevo un término filantrópico).

Y es que los responsables de la redacción de este documento no ignoran que la financiación pública adquiere especial relevancia en zonas deprimidas, que ofrecen un menor margen de maniobra (y de beneficios) a las empresas (“Reconocemos que la financiación pública es esencial para facilitar el acceso a las TIC y la prestación de servicios conexos a las zonas rurales y las poblaciones desfavorecidas”, art. 21).

¿Y todo esto sirve para algo?

El documento enumera los ámbitos que se beneficiarían particularmente de una inversión adecuada en TIC; a saber: “contenidos destinados a la integración de las TIC en la implementación de estrategias de erradicación de la pobreza y programas de desarrollo sectorial, especialmente en materia de sanidad y enseñanza, agricultura y medio ambiente” (art. 23.f). Además, hace mención de otros puntos importantes, como la necesidad de llegar a una correcta coordinación entre las intervenciones del gobierno y las del sector privado (art. 27.f)), la conveniencia de cancelar o convertir la deuda externa de los países en desarrollo para invertir en proyectos relacionados con las TIC (27.l), o la creación del Fondo de Solidaridad Digital (art. 28).

Ahora bien, después de esta serie de pautas indicativas, surge la pregunta de si este Programa contiene, después de todo, algún compromiso efectivo. Pues bien, sí que los hay. Y son del tipo:

“Nos comprometemos a revisar y efectuar el seguimiento de los avances encaminados a reducir la brecha digital, teniendo en cuenta los diferentes niveles de desarrollo entre los países, (…) mediante la evaluación de la eficacia de las inversiones y de las actividades de cooperación internacionales” (art. 119).

Es decir, que su única responsabilidad es hacer un seguimiento de la situación y presentar información al respecto. Ciertamente, en el proceso de construcción de la Sociedad de la Información se impone la necesidad de una transparencia informativa en todo momento, porque el primer paso para tomar decisiones significativas es, indiscutiblemente, una toma de conciencia. Pero eso no es suficiente. Y tras la lectura detenida de este Programa de Túnez, una se queda con la sensación de que más allá de las buenas palabras, las medidas reales adoptadas para conseguir el grandilocuente objetivo de “convertir la brecha digital en una oportunidad digital” se quedan muy, muy cortas.


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