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Ratificada la querella contra Aznar por borrar archivos de La Moncloa

El presidente de la Asociación para la Prevención y Estudios de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas (APEDANICA), Miguel Ángel Gallardo Ortiz, ha ratificado ante el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid la querella presentada contra el ex-presidente del Gobierno, José María Aznar, por el borrado de los archivos informáticos del Palacio de la Moncloa, tras el abandono del poder por el PP en marzo de 2004, informa la agencia Europa Press.

El titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, Mario Pestana Pérez, incoó diligencias previas en junio de 2004 para aclarar si existió delito en el citado borrado de archivos a raíz de una denuncia interpuesta por el abogado murciano José Luis Mazón, en la que también pidió investigar al Ministerio del Interior, cuyo titular era entonces Ángel Acebes, por un volcado de documentos relacionados con los atentados del 11-M.

La querella presentada por APEDANICA se refiere a los mismos hechos recogidos en la denuncia del abogado Mazón, quien está personado en la causa como acusación popular junto con la abogada Encarnación Martínez, que también presentó otra querella criminal sobre el mismo contenido. Ratificada la denuncia y las dos querellas presentadas por estos hechos, el juez Pestana se pronunciará en los próximos días sobre si las admite a trámite o no.

En concreto, el abogado murciano interpuso una denuncia el 14 de diciembre de 2004, en la que cita dos noticias publicadas por el diario El País el 13 de diciembre de 2004 en las que se informaba de que una empresa cobró 12.000 euros por eliminar archivos informáticos y sus respectivas copias de seguridad de La Moncloa, mientras que en el Ministerio del Interior se realizó un volcado de documentos sobre los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid.

Asimismo, añade que durante la comparecencia ante la comisión de investigación del 11-M, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, “ratificó la citada información” al señalar que los archivos informáticos, incluidas las copias de seguridad, fueron destruidos en los días posteriores a los atentados.

Mazón señala en su denuncia que, aunque Rodríguez Zapatero manifestó entonces que no pediría responsabilidades por los hechos, “la aplicación del Código Penal en un Estado de Derecho no está sometido al principio de oportunidad”. Agrega que “nadie, ni el Gobierno ni el Poder Judicial, puede otorgar dispensas penales que impidan la investigación de una conducta sospechosamente delictiva”.


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