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Software abierto, software seguro

El ahorro que representa el no pagar de licencias es importante, pero hay otros aspectos importantes, muchos de los cuales también acaban repercutiendo económicamente. El software libre no precisa un hardware tan caro como el propietario, por lo que también se reduce el gasto en máquinas.

Además, cuando se emplea software propietario se origina una dependencia excesiva con el proveedor inicial. Las actualizaciones suelen ser obligatorias, vienen cuando a la empresa le da la gana y, desde luego, no son baratas. Pero el cambio a proveedores alternativos, ya sea por descontento o porque las necesidades han cambiado, suele ser costosísimo, y supone en muchos casos tirar a la basura todo lo que se tenía anteriormente.

Una cuestión inevitable

La pregunta que se podría hacer mucha gente entonces es que si tan provechoso es el pasarse al software libre, por qué no lo adoptan las empresas privadas, cuyo único objetivo en la vida es lucrarse.

José Manuel Gómez, director de la revista online Kriptópolis, tiene la respuesta: \”Por costumbre. Supone un cambio de mentalidad que requiere que transcurra algo de tiempo\”. También reconoce que llevar a cabo la revolución open source en sistemas que ya funcionan bajo software propietario entraña costes económicos: \”Es como cambiar toda la red de carreteras, al principio supone grandes costes, que se compensan a medio plazo. Pero, en cualquier caso, los motivos económicos para nosotros son una consecuencia; lo importante es la seguridad\”.

No obstante, las empresas privadas están pasándose cada vez más al open source: el 63% de los servidores web ya son Apache, y el 35% de los servidores de correo en Internet son Sendmail.

Claro que los sistemas operativos GNU/Linux no tienen porqué ser sólo un asunto de administradores y grandes máquinas. El miedo a que los usuarios finales no sepan manejarse con este nuevo entorno, pese a existir y a ser la excusa que usan muchos para defender el software propietario de toda la vida, es infundado.

José María Olmo, presidente de Ándago: \”Eso también está cambiando, aunque más despacio. Funcionarias de toda la vida en el registro de usuario usan Linux sin problemas, porque sólo arranca con lo que necesitan y tienen bloqueado el acceso a todo lo que les pueda complicar la vida. Ese es nuestro trabajo\”. Pero Olmo reconoce que aún no son demasiados. \”Hay pocos puestos, deben ser unos 500, pero ya hay unos 6 proyectos dentro de la Administración Pública que están estudiando poner cerca de 60.000 terminales Linux en la parte cliente\”.

Y además…

Pero incluso suponiendo que al final se acabara gastando el mismo dinero adoptando software libre, porque lo que se ahorrara en licencias se gastase en mantenimiento, soporte y personalización, al menos esos miles de millones no se los embolsarían grandes corporaciones, prácticamente todas estadounidenses, sino que revertiría en pequeñas y medianas empresas nacionales para impulsar el sector de tecnologías de la información de dentro del país.

Que este sector se revitalice dentro del país tal vez les importe poco a las empresas privadas, pero no parece lógico que tampoco les importe a las Administraciones Públicas.

El secreto también está en los secretos (de Estado)

El dinero no es una fruslería, pero la seguridad nacional tampoco, y este es el motivo que esgrime mucha gente para exigir que la Administración use software abierto.

\”Decimos software abierto y no libre, porque para nosotros lo importante es que se vea el código. Por ejemplo, StarOffice es software libre pero no abierto, por lo que nosotros abogaríamos por OpenOffice\”, puntualiza José Manuel Gómez.

Si la Administración tiene acceso al código, puede saber exactamente qué hace el programa, comprobar sus errores o sus agujeros de seguridad, y repararlos de la manera que deseen y tan pronto como puedan. De hecho, con el software abierto es imposible que existan puertas traseras colocadas malintencionadamente por los diseñadores del software por el motivo que sea.

Kriptópolis cree que la seguridad y la privacidad están por encima de cualquiera motivo económico, y en por eso ha lanzado recientemente la Primera Campaña por la Implantación del Software abierto en la Administración.

En su manifiesto se acogen a la Ley Orgánica de Protección de Datos y al Reglamento de Medidas de Seguridad, que requieren que los particulares y empresas que almacenan bases de datos de carácter personal adopten medidas que garanticen la seguridad. Así, se debe exigir a la Administración que actué en consecuencia para \”asegurar que los datos personales de los ciudadanos en manos de la Administración, así como los secretos oficiales, se encuentren adecuadamente protegidos\”.

José Manuel Gómez: \”Queremos que los informáticos del Estado, que me consta que están muy bien preparados y son de los que más preocupados están por este tema, puedan ver el código de, al menos, los sistemas que manejen datos sensibles. Que luego la Administración comparta su código con la comunidad es algo que me da igual, lo importante es que lo tengan para examinarlo\”.

Como los programas de código propietario imposibilitan que el usuario sepa exactamente cómo funciona y qué tipo de operaciones realiza en la máquina, con lo cual ni tan siquiera los servicios de inteligencia pueden detectar la instalación de posibles puertas traseras o fallos del programa que permitan el acceso de intrusos a los secretos oficiales, exigen una serie de medidas:

  • Proscripción en los sistemas informáticos oficiales de todos aquellos programas y sistemas operativos de los que no se disponga del código fuente.
  • Ampliación de las potestades de la Agencia de Protección de Datos, para que pueda exigir a los poderes públicos la instalación de programas y sistemas operativos de código abierto.
  • Elaboración de normas legales que impulsen y promocionen, mediante subvenciones públicas, la creación de sistemas operativos y programas de código abierto, estableciendo primas a las empresas españolas que inviertan en la investigación y desarrollo de dicho software.
  • Comparecencia ante el Congreso del director del CESID, al objeto de informar sobre qué tipo de programas custodian la seguridad de los secretos oficiales.

Mucha gente se está adhiriendo a esta campaña. De momento ya cuentan con el apoyo de la Asociación de Internautas, la adhesión de la Federación de Servicios Financieros y Administrativos de CCOO, o la promesa de políticos como Felix Lavilla, Senador del PSOE por Soria y miembro de la Comisión de la Sociedad de la Información y el Conocimiento, de presentar la propuesta ante el Senado. \”Una buena parte de los informáticos de la Administración Pública se han adherido a nuestra campaña; gente de ministerios tan importantes como Sanidad, Justicia o Interior\”, afirma Gómez.

¿Y después qué? ¿Cómo avanzará esta campaña? \”Vamos a hacer una página web que recopile el software abierto de seguridad que hay, pero tenemos pocos recursos. La campaña avanzará según la respuesta que cosechemos y lo que esté en nuestra mano, pero lo que sí es seguro es que no vamos a quedarnos quietos\”, asegura el director de Kriptópolis.

Haciendo fuerza

Además del Proyecto Virtual MAP español o del empuje de Kriptópolis, hay mucha gente en todo el mundo interesada en que el software libre llegue a la Administración Pública.

Por citar unos cuantos, está al Proyecto GnuPG en Alemania, o la iniciativa por llevar el software libre a las escuelas y la Administración Central de México DF. Además, tanto en la Comisión Europea, como en las administraciones de Noruega, Alemania, Francia o Estados Unidos, hay grupos de trabajo y centros de recomendaciones.

Pero la ley no hace la fuerza

También hay diferentes proyectos de ley centrados en recomendar el software libre, en premiar los programas con código disponible en los concursos de la Administración. Pero este es un tema delicado. En Francia, hay dos proyectos de ley, uno que aboga por establecer premios y recomendaciones, y otro que pretende obligar a la Administración a trabajar con software abierto, que parece que no tiene muchos visos de imponerse.

Mucha gente se alegra de que esto sea así, porque opina que no se debería obligar por ley a erradicar el software propietario de la Administración, que en todo caso sólo se debería aconsejar la utilización del software abierto. Afirman que una ley de ese tipo sería una peligrosa arma de doble filo que impediría el uso de miles de programas, muchos de ellos necesarios y apetecibles, y que por otra parte se daría una razón estupenda a las grandes corporaciones para que alegaran discriminación.

José Manuel Gómez no opina exactamente así: \”Hay que ser tolerante con la convivencia con el software propietario, aunque a la larga sí que me gustaría que hubiera una ley que obligase a que los sistemas que manejan datos sensibles de los ciudadanos e información confidencial emplearan software abierto. Y si a las empresas de software propietario no les gusta que los tiempos estén cambiando, pues no les va a quedar más remedio que aguantarse u optar por seguir hacer negocio pero abriendo su código para no quedarse desfasados\”.

Recogiendo el testigo de Fronteras Electrónicas

Y por último, y por no dar lugar a confusión, conviene recordar que Kriptópolis no son los primeros en España que abogan por el software abierto. Los pioneros fueron los desgraciadamente fenecidos Fronteras Electrónicas.

Esta organización, de la que Kriptópolis formaba parte, empezó a presionar en 1999 para que la Administración adoptara a Tux. Fueron conocidos sobre todo porque solicitaron a la gente que enviara cartas a sus alcaldes exigiendo el uso de este tipo software.

Ningún reportaje sobre el uso de software abierto en la Administración tendría sentido sin mencionar a esta organización, incluso el manifiesto de Kriptópolis commienza recordándolos.


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