Hace dos meses, la Asociación de Internautas hacía público un informe en el que recogía una serie de incompatibilidades que la AI entendía como un impedimento a la labor de la ministra González Sinde, procedente de la industria del cine. Según la AI, la ministra carece de la aptitud, imparcialidad y neutralidad que exige el desempeño de su cargo, por considerar que mantiene intereses personales y familiares en la industria cinematográfica.

Ahora, la AI ha dado un paso más presentado una denuncia ante la Oficina de Conflictos de Intereses, tras la reciente publicación en el BOE de la concesión de ayudas a la industria cinematográficas por valor de 8 millones de euros, y que la AI entiende como una posible ilegalidad.

La Ai se ampara en lo establecido por la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado, cuyo objetivo es establecer las obligaciones que incumben a los miembros del Gobierno y a los altos cargos administrativos para prevenir situaciones que puedan originar conflictos de intereses.

La AI apela en su demanda entre otros al artículo 4 de dicha ley, que establece que “hay conflicto de intereses cuando los altos cargos intervienen en las decisiones relacionadas con asuntos en los que confluyen a la vez intereses de su puesto público e intereses privados propios, de familiares directos, o intereses compartidos con terceras personas”.

Por todo ello, solicita “la inmediata cesación de toda actividad derivada del Ministerio de Cultura, en cuyos resultados económicos pudiera tener intereses directos o indirectos la Excma Sra Dª Ángeles González-Sinde, actual Ministra de Cultura” y que imponga las sanciones que correspondan.