El próximo 8 de julio se volverá a debatir en el Sonado francés el proyecto de ley Hadopi, que contempla sanciones para los internautas que descarguen contenidos protegidos por derechos de autor.

El senador Michel Thiollière será el encargado de exponer el texto y presentar las 15 enmiendas a la primera versión de la ley, que ya han sido aceptadas por el gobierno galo.

Entre ellas destaca la resolución de que sólo un juez podrá dictaminar que se corte el acceso a la Red de un usuario que reincida en la descarga de contenidos, después de que el Consejo Consitucional francés dictaminara que sólo un juez tiene esa potestad.

La primera versión de la ley contemplaba que fuera la propia entidad administrativa (Hadopi) la que dictaminara esos cortes, pero ahora se limitará a avisar a los infractores, primero a través de e-mail y luego por carta certificada.

Hadopi 2 también contempla las sanciones que se podrá imponer a los violadores del copyright. Si se trata de uso personal de los contenidos, habrá un corte de un mes de la conexión y multas de 1.500 a 3.750 euros. Si el uez considera que además hay ánimo de lucro, podría condenar hasta a 300.000 euros y dos años de cárcel al infractor.

En caso de que se le corte su acceso, el proveedor tendrá quince días para ejecutar la orden judicial y unos días antes del restablecimiento de la línea tendrá también que avisar a la operador para que elimine las pruebas contra el acusado, y evitar así que haya una lista negra de fichados.