El Tribunal de Cuentas ha criticado en un reciente informe el gasto en licencias Microsoft que afronta el Ministerio de Administraciones Públicas, que supera los 5 millones de euros. Esta institución censura sobre todo los motivos aducidos para retirar el Proyecto Rhodas, que aspiraba a poner en marcha 8.000 puestos de trabajo con Debian GNU/Linux en toda España.

Esta migración supondría un ahorro de unos 15 millones de euros en licencias, además de otros derivados de los servicios de mantenimiento, soporte, control de virus, seguridad y formación.

Entre las principales ventajas de Rhodas destaca que el sistema operativo es gratuito, ya que no hay que pagar ninguna licencia. algo fundamental si tenemos en cuenta que el proyecto abarcaba 197 sedes y unos 200 servidores.

Pero el Estado alegaba que Linux no permitía la interoperabilidad entre las distintas administraciones públicas, argumento desmentido por el Tribunal de Cuentas, que dice que sólo en ocasiones no es compatible con algunos programas de Microsoft, pero sí con Word y Excel, que son manejados sin problemas por las herramientas ofimáticas libres.

El estudio sostiene que seguir con sistemas por los que hay que pagar licencias puede ser comprensible desde un punto de vista exclusivamente comercial de la empresa privada, pero que es "totalmente rechazable" para una política racional de compras y gestión de software por parte de la Administración, obligada constitucionalmente a respetar los principios de economía y eficiencia.

Por otro lado, Microsoft e Hispalinux se las tuvieron tiesas ayer en la Comisión de la Sociedad de la Información y del Conocimiento del Senado. La consejera delegada de Microsoft Ibérica, Rosa García, pidió a las autoridades que reconsideren su postura en contra de la directiva de patentes de software, mientras que Juantomás García, presidente de Hispalinux, aseguró que las patentes de software "frenan la Sociedad de la Información. La protección de los programas informáticos debe basarse en la propiedad intelectual, no en las patentes".

Según Rosa García, "Microsoft paga más por patentes de lo que cobra", aunque justificó la necesidad de la directiva en los términos actuales, especialmente para "defender a los pequeños empresarios". "Si no se regulan las patentes de software la producción se irá a países más baratos; hay que proteger las inversiones en Europa para que no se desplacen a los mercados asiáticos", añadió.

Un aspecto importante ayer en la Cámara Alta fue el tema de la neutralidad. Mientras Juantomás García entiende que al Estado le resulte "complicado" garantizar la neutralidad tecnológica, pero pide que se legisle a favor del software libre, "aunque a la industria informática le parezca mal".

En cambio, Rosa García señaló que "la gente nos dice que los programas comerciales son más fáciles, tienen más soporte y una seguridad actualizada", y solicitó a la Administración y a las empresas neutralidad tecnológica "para que analicen todas las ventajas e inconvenientes antes de decantarse por una opción concreta de software".