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3.300.000.000 personas conectadas a Internet

Usuarios de internet

3300 millones, esa es la cifra de personas conectadas a Internet en todo el mundo, y que se estará muy cerca de alcanzar precisamente hoy[1].

Por otro lado, desde hace algunos años el volumen de datos diarios que circula en Internet dejó de contabilizarse en terabytes y petabytes y ya se cuenta por exabytes[2] -un 1 seguido de 18 ceros bytes-.

La cantidad de información, en muchos casos personal, que se vierte a Internet cada día es tal que nadie duda en etiquetarla como el petróleo del siglo XXI, porque en efecto, esa información es refinada y convertida en un derivado comerciable del cual se lucran unas cuantas empresas.

A la misma velocidad que avanza la tecnología, nos hemos acostumbrado, sin ser conscientes, a pagar lo gratis con esta nueva moneda; proveedores de correo electrónico, mensajería instantánea, redes sociales… parece que no reflexionamos sobre el hecho de que cuando un servicio nos lo ofrecen gratuitamente es porque, quizá, no quieren que seamos sus clientes, sino sus productos, los cuales venderán para costear ese servicio gratuito que nos brindan y de paso obtener beneficios.

Esto, que empieza a ser evidente para muchos, es aún más preocupante para los que lo toleran y están conformes con el trueque, a fin de cuentas “no tienen nada que ocultar”.

Sin embargo, la privacidad, como otras muchas cosas importantes en la vida, no somos capaces de valorarla hasta que la perdemos, momento en el cual hubiéramos preferido protegerla a toda costa.

La sociedad se encuentra en un punto decisivo; grandes corporaciones internacionales y gobiernos están reduciendo, lenta pero inexorablemente, nuestras esferas de vida privada, las primeras en busca de maximizar sus ingresos económicos y los segundos con la excusa de configurar un entorno más seguro y pacífico.

Los próximos años serán determinantes para nuestra privacidad; si los ciudadanos seguimos aletargados y a la vez encandilados por los miles de servicios gratuitos que podremos disfrutar en nuestros dispositivos móviles y los cientos de productos gratuitos que podremos disfrutar en nuestro entorno, alcanzaremos un punto de no retorno, ese punto en el que todos despertaremos a la vez y nos encontraremos los unos enfrente de los otros desnudos.

Y no se trata en ningún caso de negar los avances tecnológicos ni mirar a otro lado ante un nuevo invento, sino de hacer un uso responsable de todo el entorno digital que nos rodea, un uso responsable no solo en el lado del usuario sino también del fabricante o desarrollador, entender que en cuestiones de privacidad todos somos iguales.

Un ejemplo lo tenemos en la aplicación Whatsapp; resulta llamativo que el mayor escándalo que ha recibido esta aplicación de mensajería fue el día que decidió empezar a cobrar 0,80 euros; una revolución a gran escala se movilizó en contra de tener que pagar tal cantidad de dinero por una aplicación que hasta ese momento había sido gratuita. Sin embargo, a nadie parece importarle el por qué Facebook adquirió Whatsapp por 19.000 millones de euros.

En este contexto, unos de los principales retos a los que deberíamos enfrentar a los avances tecnológicos es la no necesidad de que tengan que usar –o abusar- de nuestra privacidad, de nuestros datos personales, para que puedan ser rentables. Siempre se ha afirmado que el Derecho, la legislación, va uno o dos pasos por atrás de la sociedad y en épocas recientes de la tecnología. Cierto es que hasta ahora nuestros legisladores han ido afrontando en sus leyes problemas que en el momento de promulgarse ya casi habían pasado a un segundo plano, o por el contrario, leyes que aprobadas en un momento social y tecnológico concreto han quedado absolutamente desfasadas; un ejemplo de este tipo de legislación es la relativa a la protección de datos de carácter personal; nuestra Ley Orgánica de Protección de Datos entró en vigor en el año 1999, fruto, eso sí, de una Directiva europea del año 1995. Esa legislación de finales del siglo XX es la que se sigue aplicando hoy a circunstancias inexistentes en el momento en el que fueron ideadas, y pongo dos ejemplos: Google, aunque no fue el primer buscador, se fundó en el año 1998 (3 años después de que se aprobara la citada Directiva); por su parte, Facebook se fundó en el año 2004 (9 años después de la Directiva). Tanto uno como otro ha supuesto un gran cambio en la manera de concebir Internet y la forma de relacionarnos, sin embargo, las leyes que van a regular y protegernos de los posibles abusos que se puedan hacer sobre nuestros datos personales son anteriores a la simple existencia de estas dos empresas, por lo que su aplicación será necesariamente deficiente.

Estas deficiencias se pueden observar en la actualidad en múltiples escenarios, y por poner un ejemplo, podemos citar el conocido como derecho al olvido.

Durante muchos años se ha venido solicitando a Google la desindexación de determinados resultados de búsqueda, invocando para ello precisamente esa legislación de finales de los 90, lo que suponía irremediablemente encajar un supuesto de hecho (resultados en un buscador de Internet) en unas categorías de derechos (acceso, rectificación, cancelación y oposición) que no fueron diseñados para ese supuesto de hecho. Tuvo que interpretarse en el año 2014 por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea esos derechos para encajarlos forzosamente en la actividad del buscador.

Google entonces aceptó que los ciudadanos europeos tenían ese derecho a eliminar determinados resultados de búsqueda bajo ciertos parámetros, pero como derecho europeo que era se negó a aplicarlo fuera de nuestras fronteras, de forma que el enlace eliminado en virtud de una petición de un ciudadano español desaparecía de la versión española del buscador (google.es) y de todas las europeas, pero no así de las no europeas ni la genérica (google.com.mx o google.com por ejemplo).

Esta circunstancia ha tenido que volver a ser revisada, y precisamente esta semana se ha conocido que Google tendrá ahora en cuenta la dirección IP del usuario que realiza la búsqueda para geolocalizarlo y si es un ciudadano europeo tampoco verá esos resultados eliminados aunque haga las búsquedas en versiones no europeas del buscador.

Pero esta solución también se va a demostrar insuficiente e inadecuada por lo que habrá que volver a revisarla y encontrar una nueva solución que sea acorde con esos derechos de los 90 y mientras tanto tendremos a cientos de ciudadanos desprotegidos, percibiendo que aunque tienen un derecho reconocido en una ley resulta inútil cuando se quiere aplicar en la práctica. Quizá todo este embrollo se podría haber evitado si se hubiera legislado con precisión en los últimos 5 o 10 años, regulando estos contextos específicos.

El legislador de los próximos años y décadas va a tener que ser mucho más ágil y responder con celeridad a los problemas antes de que surjan y no esperar a que aparezcan para regularlos, como ha venido siendo la forma de hacer normas desde hace miles de años, y esto supondrá, qué duda cabe, una revolución también en el mundo del Derecho.

[1] Según fuentes del portal Internet Live Stats en: http://www.internetlivestats.com/internet-users/

[2] Según Cisco Visual Networking Index: http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/visual-networking-index-vni/VNI_Hyperconnectivity_WP.html


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