Un tribunal de apelaciones formado por tres jueces ha determinado que las agencias gubernamentales podrán pedir a las operadoras estadounidenses los registros de localización de sus clientes de móviles, sin necesidad de una orden judicial.
Así, las autoridades pueden obtener una especie de registro de movimientos de una persona a partir de las torres telefónicas de las que obtiene cobertura. Este mismo sistema es el que utilizan muchos sistemas de geolocalización para determinar el tráfico en una carretera o la situación de una persona.
La cuestión de las órdenes judiciales tiene que ver con la Cuarta Enmienda de la Constitución de EEUU, que prohíbe las investigaciones "no razonables" con información de los ciudadanos. Y aunque deja espacio a decidir a los jueces locales, la decisión del tribunal de apelaciones implica que conseguir los datos de dónde estuvo un teléfono móvil entra dentro de lo razonable.
Por supuesto, esta decisión cuenta con la oposición de los defensores de la privacidad. Aunque en el fondo, tampoco es tan polémico teniendo en cuenta que el país ya está lleno de gente que no necesita ninguna investigación oficial: ya se pasan el día diciendo dónde están a través de Foursquare.
