El tratado anti piratería ACTA, que países de todo el mundo están negociando con empresas de varios sectores, se está elaborando a puerta cerrada para disgusto de usuarios y autoridades. De hecho, lo que conocemos sobre su contenido es tan sólo un borrador publicado después de que alguien filtrase en Pirate Bay un esbozo de lo que se estaba discutiendo.
En la última reunión sobre el tema, el parlamentario sueco del Partido Pirata Christian Engström preguntó varias veces si podía poner en conocimiento público lo que se discutía allí, y que podría implicar desde nuevas leyes hasta medidas policiales o normas de aduanas. Después de insistir, le dijeron que no podría difundirlo.
"Entonces dejé la reunión, ya que no estoy dispuesto a aceptar información entregada bajo condiciones semejantes en este caso particular", indicó en su blog.
Las negociaciones, en las que participan 11 países y empresas de sectores diversos, desde la industria del entretenimiento hasta fabricantes de prendas de lujo, parecen estar atravesando tensiones, aunque no precisamente por preocupación por informar a los ciudadanos, como quería Engström.
Ya el miércoles, el comisario europeo de Comercio, Karel De Gucht, dijo sentirse frustrado por la posición de algunos participantes, aunque no quiso dar nombres.
"La mayoría de las partes negociadores sólo quieren proteger el copyright y las marcas comerciales, pero no están dispuestas a hacerlo por diseños o indicaciones geográficas", explicó, refiriéndose a objetos de diseño como los de firmas de costura y a productos con denominación de origen. Eso no es negociable para la UE, añadió. Lo que sí parece negociable
Incluso Reino Unido, un país que no se distingue precisamente por tener leyes blandas sobre la propiedad intelectual en Internet, criticó la semana pasada la marcha que seguían las negociaciones, sñealando que lo que se necesitan no son sanciones penales, sino mejorar el cumplimiento de las leyes actuales.
Mientras, se redactan textos de protesta formal , tanto de académicos e internautas como del Parlamento Europeo, exigiendo más transparencia y respeto a las libertades civiles en la negociación del tratado.
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