El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha dado un respiro a las iniciativas legislativas del Congreso que tratan desde hace años de proteger a los niños de las oleadas de pornografía que llegan de Internet. Hasta ahora, los intentos del Gobierno estadounidense por perseguir la pornografía en la era digital se cuentan por fracasos. El TS echó abajo la Communications Decency Act (CDA) por retrógrada y recientemente la Child Pornography Prevention Act (contra la pornografía infantil virtual), a la que ya le ha salido una sucesora (Child Obscenity and Pornography Prevention Act).
Sin embargo, una versión suavizada de la CDA impulsada por el gobierno Clinton, la Child Online Protection Act (COPA), que ya lleva tiempo esquivando palos de sus múltiples detractores y en los juzgados, ha recibido un pequeño balón de oxígeno del Supremo en un test inicial, aunque la división entre los magistrados augura que el sello 'inconstitucional' volverá a caer sobre el enésimo intento del Congreso de evitar que los menores sean perjudicados por las imágenes pornográficas. La libertad de expresión defendida en la Primera Enmienda es una barrera difícil de superar.
El Supremo votó para que la COPA regrese al tribunal inferior que la derogó para que vuelva a reconsiderarla, aunque no levantó la suspensión de la ley (de febrero de 1999), por lo que el gobierno sigue teniendo las manos atadas para bloquear contenidos.
La COPA, impulsada por el Congreso en 1998 aunque nunca ha sido aplicada, convierte en ilegal el contenido pornográfico de Internet si éste es accesible a los menores, imponiendo severos castigos (prisión y hasta 100.000 dólares) a los sites que lo permiten. Desde entonces, ha sido rechazada por varios tribunales, que estimaron que se extralimitaba y violaba la Primera Enmienda al restringir el acceso de los adultos a ciertos contenidos.
El TS piensa que el uso de "estándares de la comunidad", válidos en otras leyes, para determinar el contenido pernicioso no convierte a la ley en excesivamente amplia, aunque nada dice sobre otras acusaciones en contra de la COPA —como su vaguedad o el no utilizar las menores medidas restrictivas posibles para evitar que los menores vean porno online—, con lo que queda batalla legal para rato... Su constitucionalidad o no se deja para otra ocasión.
