03 Jun 2002 | 2 comentarios
Poco a poco, el empeño de diferentes empresas y asociaciones españolas relacionadas con el software libre por implantarlo en la Administración va cosechando sus frutos. El pasado viernes la Asociación Hispalinux se reunió con representantes del Consejo Superior de Informática (CSI), perteneciente al Ministerio de Administraciones Públicas.
Poco a poco, el empeño de diferentes empresas y asociaciones españolas relacionadas con el software libre por implantarlo en la Administración va cosechando sus frutos. Después del respaldarazo que supuso el proyecto LinEx, protagonizado por la Junta de Extremadura y la compañía española Ándago (veterana en eso de convencer a la Administración para que se fije en el pingüino), el pasado viernes la Asociación Hispalinux se reunió con representantes del Consejo Superior de Informática (CSI), perteneciente al Ministerio de Administraciones Públicas. Hispalinux es la asociación de usuarios de Linux más importante de España, con casi un lustro a sus espaldas y 2.500 asociados.
En esta reunión, y según Hispalinux, “El CSI manifestó su interés por que se libere el software de la Administración Pública y se desarrollen nuevas aplicaciones libres ya que comprende que enriquece tecnológicamente a la sociedad y a las empresas, las hace más competitivas y se reducen de manera drástica los costes de mantenimiento. Este organismo aseguró que, para potenciar el desarrollo de este tipo de software, su equipo jurídico va a estudiar la validez de la Licencia de Software Libre GNU/GPL”. El CSI también ha asegurado que pronto “lanzará algunos proyectos imbuidos de esta filosofía.
El open source no sólo es más barato, que es lo primero que piensa todo el mundo, con su adopción en la Administración también beneficia a las empresas del país por encima de las grandes multinacionales y, lo que es más importante, se está incrementando la seguridad en el tratamiento de una información especialmente sensible.
Quizás promoviendo con algo más de énfasis su implantación, España conseguiría avanzar unos cuantos puestos en materia de e-goverment. Conviene recordar que en el ranking que elabora anualmente Accenture estudiando la implantación de las Nuevas Tecnologías en la Administración Pública en 23 países, España ocupa un poco honroso decimoquinto puesto (el año anterior estaba en el undécimo).
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03.JUN
03.44
Redacción de Baquía:
El imperdonable lapsus ha sido corregido. Muchas gracias :)
Responder03.JUN
03.44
Anonimo:
Lo peor de todo es que España ocupe el puesto quinceavo (1/15), quizás un puesto completo (como el decimoquinto), hubiera sido un poco mejor para todos.
Responder