El Gobierno ha introducido una reforma en la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información que ha levantado numerosas protestas en Internet.
El artículo 17 bis, introducido a última hora, obliga a las empresas prestadoras de servicios de Internet a informar, a las entidades de derechos de autor reconocidas por el Ministerio de Cultura, de las actividades de sus clientes que vulneren los derechos de propiedad intelectual.
Las compañías, por su parte, aseguran que esta reforma les convertiría injustamente en "policías" de la Red, ya que tendrían que acusar a sus propios usuarios.
Tanto el contenido de este artículo, como la forma de introducirlo, han sido rechazados por el Consejo de Estado, que lo califica de "restrictivo". Además, recuerda al Gobierno que este no es el sistema recomendado por la normativa comunitaria, que sin llegar a prohibirlo, propone otro bien distinto: el código de conducta.
Por último, el Consejo de Estado lamenta que, ante una reforma de este calibre, no se haya informado antes a algunas organizaciones interesadas, como la Asociación de Internautas, o de usuarios de Internet, así como a los propios proveedores de servicios.
Este dictamen del Consejo de Estado supone un serio revés a los planes del Gobierno, pero no ha sido el único.
Los proveedores de Internet no están de acuerdo con lo que el Gobierno les pide, alegando que "el nuevo artículo afecta a los derechos fundamentales de la libertad de expresión y el secreto de las comunicaciones".
Aún así, las críticas más duras hacia esta reforma han llegado de los propios internautas. La noticia ha sido recogida en numerosas webs informativas y blogs y no cesan los comentarios de los usuarios en contra de la reforma de la ley.
Una de las valoraciones más duras la ha hecho la plataforma Todoscontraelcanon, que ya ha calificado esta ley como "censura", y ha manifestado su rechazo a lo que considera "un ataque frontal a la libertad de uso de Internet".
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