El multazo de 1.060 millones de euros con el que la Unión Europea sancionó el pasado mayo a Intel por entender que cometió abuso de poder dominante, no va a quedar impune.
El fabricante de chips ha recurrido la sanción, la más elevada que ha impuesto nunca la Unión Europea a una empresa por prácticas monopolísitcas, ya que a su entender su comportamiento ha estado siempre dentro de la legalidad.
Según Robert Manetta, portavoz de Intel, la UE desestimó o malinterpretó las pruebas presentadas. Además, Intel entiende que tiene derecho a defenderse ante un tribunal judicial, ya que fue condenada por un órgano administrativo sin posibilidad de hacer oír sus argumentos.
Una opinión, desde luego, muy distinta de la valoración de la UE, que entendió que durante los últimos ocho años Intel ha venido desarrollando prácticas contra la libre competencia, entre ellas, pagar a algunos fabricantes de PCs para retrasar o cancelar el lanzamiento de productos equipados con chips de su rival AMD.
El recurso ha sido presentado ante el Tribunal de Primera Instancia de Luxemburgo, que podría tardar hasta dos años en emitir un veredicto. Eso no retrasará el pago de la multa, que deberá hacerse efectiva en el presente trimestre fiscal.
La cuantía de la multa equivale al 4% de la facturación anual de Intel. Por eso, lo que más preocupa al gigante de los chips no es la repercusión en sus cuentas financieras, sino en su reputación dentro del sector informático, después de haber quedado retratada por la UE poco menos que como una organización mafiosa.
Pero sobre todo, a Intel le conviene disipar dudas sobre su ética corporativa ante la posibilidad de que tanto la Comisión de Comercio Federal como la Oficina del Fiscal General de Nueva York inicien investigaciones similares en los Estados Unidos.
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