El Gobierno alemán tendrá que revisar la ley que había aprobado indicando que los datos de telefonía y correos electrónicos de sus ciudadanos deberían guardarse durante seis meses por si fueran necesarios en una investigación penal.
El proyecto había causado tanta polémica que 35.000 alemanes acudieron a los tribunales denunciando que se estaba violando su privacidad.
Ahora, un juez del Tribunal Federal Constitucional les ha dado la razón indicando que la ley, en vigor desde enero de 2008, viola su derecho constitucional al secreto de correspondencia.
"Las instrucciones en disputa ni ofrecían un nivel suficiente de seguridad de datos, ni limitaban suficientemente los posibles usos de los datos", indicó el tribunal.
Es decir, no sólo no estaba claro cuándo y para qué podría utilizarse la información. Además el Gobierno no ofrecía garantías de seguridad para todos esos datos personales que guardaba.
La legislación obligaba a conservar durante seis meses los datos de telefonía -tanto fija como móvil-, indicando los destinatarios y duraciones de las llamdas, y desde 2009, también los correos electrónicos, aunque no el contenido de estas comunicaciones.
Su creación respondía a una directiva de la Unión Europea sobre la lucha antiterrorista, aunque la UE dice que el Gobierno Alemán malinterpretó sus indicaciones.
.jpg?1337281277)
