Baquia, nuevas tecnologias y negocios

El miércoles pasado, el Parlamento Europeo aprobó por abrumadora mayoría una solicitud para que las negociaciones del tratado ACTA dejen de celebrarse a puerta cerrada, como si nos estuvieran preparando una fiesta sorpresa a la que a lo mejor no queremos ir. Si no nos preguntan, ¿cómo van a saber que somos alérgicos a las nueces y la tarta es un peligro mortal?

Pero hablemos en serio. ¿ACTA? ¿Qué narices es eso?

El ACTA es un tratado que intentan alcanzar países como Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, negociando desde 2007 con empresas como los grandes estudios de Hollywood para poner freno a la piratería en Internet. Ese tratado es quizá el más grande, pero no el único de su clase.

Neutralidad, ese misterio

Lo que está en juego es la llamada neutralidad de la red, otro de esos conceptos difusos que el común de los mortales no tiene del todo claro.

En otras palabras, lo que se busca es un equilibrio entre derechos de autor, investigación policial y derechos civiles a la libertad de expresión o de información.

Claro que quizá debiéramos empezar a incluir otro más en la lista de derechos. Según una encuesta reciente, cuatro de cada cinco personas en todo el mundo considera que Internet debería ser otro derecho fundamental. Evidentemente, la legislación de la inmensa mayoría de los países no contempla semejante cosa. Pero da una idea de cómo se toman los usuarios la idea de que las autoridades les corten la conexión.

Precisamente esa medida es una de las que ha despertado más polémica. La UE ya criticó en su día las legislaciones que la ordenan sin decisión judicial.

Pero por mucho que digan los eurodiputados, Francia aprobó en septiembre una ley anti piratería en esta línea. Después de tres avisos, los usuarios que se descarguen sin pagar archivos protegidos por derechos de autor se quedan sin Internet.

Desde la aprobación de la ley, la piratería, en especial a través de páginas de descarga directa, no sólo no ha desaparecido sino que ha crecido un tres por ciento.

Manifiestos, listas y órdenes judiciales

El Gobierno español hizo en su día un amago de aprobar el cierre de páginas web sin orden judicial, colando una cláusula como quien no quiere la cosa dentro de la Ley de Economía Sostenible.

El escándalo fue mayúsculo. Se escribió un Manifiesto en Defensa de los Derechos de Internet que ha logrado más de 200.000 seguidores en Facebook. Se protestó y se criticó y el proyecto de cerrar páginas sin un juez de por medio quedó abandonado.

Ah, no, un momento. El nuevo plan es formar una Comisión que encuentre, identifique y cierre las páginas que comparten estos archivos. ¿Y el juez? Ah, el juez... nadie tiene muy claro dónde entra aquí el juez. Por si acaso, ya hay un grupo de protesta.

La gran polémica británica

No somos los únicos que nos estamos tirando los trastos a la cabeza. Reino Unido vive estos días su gran polémica particular ante el proyecto de la Ley Digital.

Las autoridades británicas insisten en que se les ha malinterpretado, que según el texto sólo se bloquearán páginas con una cantidad "sustanciosa" de archivos ilegales y que todo es perfectamente legal y respetuoso con los derechos de los ciudadanos. Tampoco cree que su proyecto ponga en peligro las redes WiFi abiertas de cibercafés, bibliotecas y universidades.

Mientras autoridades y ciudadanos se enzarzan, el consejero delegado de British Telecom, Ian Linvingstonn que está un poco en medio de Gobierno y usuarios, señaló que las últimas modificaciones del texto amenazan la libertad de expresión, que cortarle la conexión a la gente que comparte archivos sería "injusto", y que en vez de eso podrían ponerse multas como si de exceso de velocidad al volante se tratara.

No todo son derechos de autor

Tampoco crean que la gran batalla de los derechos de autor es el único factor aquí. Hace poco, el Tribunal Constitucional alemán ordenó que se reformara la ley de telecomunicaciones que, en nombre de la lucha contra el terrorismo, contemplaba guardar registros de llamadas y comunicaciones electrónicas de los alemanes durante seis meses, lo que en opinión del tribunal viola su derecho a la privacidad.

Y los Gobiernos no son los únicos con capacidad de, valga la redundancia, gobernar Internet. Las operadoras de telecomunicaciones llevan una temporada diciendo que deberían poder administrar el tráfico de sus propias redes, decidiendo por ejemplo qué aplicaciones tiene preferencia.

Internet está pasando ahora mismo, en todas partes, por las pruebas que decidirán su futuro. La seguridad es importante. Que un artista pueda ganarse la vida con su trabajo también. Pero lo mismo podemos decir de la libertad de expresión y de información, del derecho a la privacidad. De ese extraoficial derecho a Internet. ¿Cuánto deberíamos legislar la Red? ¿Dónde están los límites? ¿Y cuándo deja Internet de ser neutral? Lo que nos queda, en realidad, son un montón de preguntas y un ciberespacio haciendo equilibrismos.