Científicos del Instituto de Tecnología de Massachusetts (EEUU) han propuesto al presidente de Brasil, Lula da Silva, desarrollar un proyecto social bautizado como "un portátil para cada niño". La idea consiste en una producción masiva de ordenadores portátiles de bajo coste, a los que además se les incorporaría el sistema GNU/Linux para abaratar aún más los equipos.
Lula recibió a los científicos Nicholas Negroponte y Seymour Papert, quienes le presentaron su proyecto de inclusión digital, que se presentó en el Foro Económico Mundial celebrado en enero pasado, en Davos (Suiza), y por el que han manifestado interés unos 50 países.
Según Negroponte, con el proyecto que le han propuesto a Lula desde el MIT el coste de los ordenadores podría reducirse a unos 130 dólares (108 euros) por unidad, si la demanda llegara a unos cinco millones de equipos. "En el caso de Brasil, calculamos que la demanda inicial no deberá bajar de un millón de PC", dijo. Este experto precisó que en EEUU un ordenador portátil se vende por unos 800 dólares (670 euros), pero matizó que cerca del 70% de ese dinero corresponde a publicidad, distribución y ganancias.
Lula ha creado un grupo de trabajo para analizar el proyecto bajo la coordinación de César Álvarez, experto en asuntos informáticos del Gobierno brasileño. Según dijo Álvarez a los periodistas, "el proyecto es revolucionario y propone algo totalmente nuevo en el área educacional", pues una de las condiciones es que parte de la producción sea distribuida de forma gratuita en los colegios.
"Es un proyecto de inclusión digital, de acceso al dominio de una tecnología y de producción industrial a gran escala, pero también es un proyecto educativo que convertiría al ordenador portátil en un instrumento pedagógico similar a los libros didácticos", concluyó.
Por otro lado, Microsoft, Intel, Dell, Advanced Micro Devices, Philips, la unidad Matushita de Panasonic y el conglomerado local Semp Toshiba han formado una alianza para luchar contra el vasto mercado negro de la piratería en Brasil, que le cuesta al país más de 40.000 millones de dólares (unos 33 millones de euros) al año en impuestos no pagados.
Las compañías crearán el denominado Instituto Legal Brasileño (IBL) para ayudar a reunir información sobre la venta de productos electrónicos robados o pirateados y entregarla a la policía.
