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¿Es la base tecnológica de Lexnet inconstitucional?

El Consejo General de la Abogacía Española se reúne de nuevo en pleno para “estudiar la situación de Lexnet”. El sistema tecnológico llamado a lograr el “papel cero” en la Justicia española debía haberse convertido en modus operandi obligatorio con la llegada del 2016 pero, pese a las recientes congratulaciones del ministro de Justicia, Rafael Catalá, el descontento por su implantación es quasi generalizado entre los profesionales de la abogacía. Más allá de los obstáculos técnicos y tecnológicos, ¿estamos ante un sistema que vulnera principios básicos de la Constitución?

Lexnet inconstitucional

Javier de la Cueva. Imagen Flickr (Javier Candeira)

Los fallos técnicos, la inadaptación tecnológica de usuarios y administración o la duplicidad de documentación en digital-papel, han sido hasta el momento las quejas habituales que han llevado a colegios de abogados de distintas comunidades autónomas ha pedir el aplazamiento, e incluso suspensión, del nuevo sistema digital de gestión de documentación jurídica.Sin embargo, para Javier de la Cueva, abogado especializado en Tecnología y experto en propiedad intelectual, “que el sistema funcione bien o mal, es anecdótico; el problema de Lexnet reside en la arquitectura”.

Una arquitectura tecnológica que estaría poniendo en peligro no uno sino cuatro principios del derecho constitucional “al atentar contra la separación de poderes, la independencia del poder judicial, la independencia de la abogacía y la privacidad de los clientes de los abogados”, denuncia el abogado.

El sistema Lexnet hay que desmontarlo y volverlo a construir sobre unos servidores en los que sea el poder judicial quien los gestione

De la Cueva, que precisamente se encuentra ultimando la publicación de su próximo libro ‘Haga usted la ley y el reglamento, déjeme la aplicación informática’, advierte de que lo que se ha hecho con el sistema Lexnet es “darle al poder ejecutivo, la gestión de toda la información de los pleitos que hay en España”, lo que supone “un atentado en la línea de flotación de la separación de poderes”.

Con anterioridad, el abogado ya había manifestado su inquietud por el hecho de que los nuevos sistemas telemáticos de la Administración de Justicia estuviesen alojados en el hosting del Ministerio de Justicia. Ahora su preocupación va más allá, ya que tal y como publicaba hace poco en su blog su colega y decano del Ilustre Colegio de Abogados de Cartagena, José Muela, todos los datos recogidos por este sistema se estarían almacenando en servidores propiedad de Telefónica

Lexnet inconstitucional

De este modo no sólo se estaría dando al poder ejecutivo acceso a todas las notificaciones que se producen en la práctica totalidad de los expedientes judiciales de España, sino que a su vez el Ejecutivo se lo estaría dando a una corporación privada como es Telefónica. En respuesta a la información de Muela, salía al paso José L. Hernández Carrión, subdirector General de Nuevas Tecnologías del Ministerio de Justicia, aunque aún no se ha aportado públicamente información al respecto.

Para Muela, que ha impulsado recientemente una campaña de recogida de firmas en change.org contra la inciativa que se atribuye el ministro Catalá, una “medida básica de seguridad” habría sido atribuir el control de sus infraestructuras al Consejo General del Poder Judicial y no a una administración distinta de la administración de justicia.

“Que los datos de la Administración de Justicia se encuentren bajo el control y supervisión del poder ejecutivo, y que éste a su vez pueda entregar el tratamiento de los mismos a una empresa privada es algo que repugna al sentido común y choca con las más elementales buenas prácticas. Y no hay razones económicas que lo justifiquen”, añade.

De la Cueva coincide con Muelas, pero va más allá señalando numerosas injerencias que se están produciendo desde el punto de vista tecnológico en el sistema Lextenet: se está utilizando una tecnología propietaria, se están utilizando máquinas que solamente funcionan con un determinado Java, no se está cifrando la información, la identificación de los usuarios esté en manos de ActiveX (diseñado por una empresa que ha tenido gravísimos fallos de seguridad) y los formatos exigidos (como el PDF) hacen que el sistema no sea interoperable.

“El código ya es ley y tenemos derecho a conocer las leyes que nos están afectando”

Pero de todos ellos, lo más preocupante es que “no esté escrito en software libre y que el código no esté a disposición de la ciudadanía para auditarlo públicamente”. Lo que es comparable a que hubiese leyes en vigor a las que la ciudadanía no pudiera acceder, algo que sería contrario el Principio de Legalidad que rige el estado de derecho. Y que por tanto, debe ser también “aplicable al código informático” en una sociedad inmersa en las TIC como la nuestra.

En la sociedad actual, el desarrollo normativo se hace mediante leyes, reglamentos y aplicaciones informáticas, ya que cada vez más, es ya “el código de los programas informáticos el encargado de aplicar estas leyes –pensemos por ejemplo en el sistema informático para presentar telemáticamente la declaración de la renta. Por ello, el ciudadano “tiene derecho, por ley, a verificar que está correctamente hecho, accediendo al contenido de la ley, del reglamento y del código fuente de la aplicación informática”.

Sin embargo, ahora mismo no está sucediendo, y al confiar estas infraestructuras digitales públicas sobre sistemas propietarios, “se están construyendo sistemas de gestión y control de los ciudadanos que son cajas negras”, denuncia de la Cueva, quien no sólo aboga por un sistema Lexnet – y extensible a todas las aplicaciones informáticas que está desarrollando el Estado— en código abierto, sino que además sea de dominio público, al igual que las leyes, y al que fuere aplicable el artículo 13 de la ley de propiedad intelectual.

“Lexnet es un sistema absolutamente inconstitucional, que ha sido posible por la absoluta ceguera de nuestros gobernantes con respecto al mundo tecnológico en el que vivimos”, apunta De la Cueva recordando el concepto de “sonambulismo tecnológico” de Landong Winner. Un sistema que, pronostica, “está condenado a morir jurídicamente y serán los propios tribunales los que tengan que acabar con él”.


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