La digitalización de las empresas, los canales de comunicación, los servicios entre consumidores y productores, y en general de cualquier aspecto de nuestras vidas cotidianas conllevan múltiples desafíos legales, máxime en un momento de conversión como el actual donde las reglas están por definir. Para tratar de arrojar algo de luz, la Asociación Española de la Economía Digital (Adigital) ha acogido el desayuno “Retos legales de la transformación digital”, organizado en colaboración con el despacho de abogados Ecija.
“El primer gran conflicto con el que se encuentran las empresas son las diferentes jurisdicciones” que operan en cada país, explica Alejandro Touriño, partner y head of Information Technology.
Las empresas han de asumir las obligaciones de aquellos países donde se instalan, independientemente del lugar de donde procedan y de la legislación que aplique, en muchas casos muy dispar. Así lo ha establecido recientemente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Las normas no siempre se han adaptado al mundo digital o no se han configurado para un entorno como el de Internet.
Big Data: regulación en pañales
La información personal que los usuarios facilitan en los servicios online de los que hacen uso, cada vez más, se han convertido en uno de los principales negocios (o al menos con más perspectivas de futuro) de esta economía digital que estrenamos.
Los órganos regulatorios tratan de adaptarse a esta situación con la mayor celeridad posible, y por ejemplo hoy en día ya se exige que las empresas, a la hora de recabar información sobre los usuarios, pidan previamente su consentimiento específico al cliente.
Pero “si los usuarios no solicitan información comercial, las empresas lo van a tener que justificar”, advierte Diego Pérez, abogado del área de Information Technology.
Y no es el único caso en el que se necesita consentimiento previo por parte de los usuarios apuntan desde el despacho Écija, “las condiciones de uso y políticas de privacidad han de estar completamente accesibles en un lenguaje comprensible”.
Más allá de las cookies, una cuestión que sigue pendiente de regulación es la suplantación de identidad. “A nivel de usuario es muy fácil suplantar la identidad”, comenta Pérez, que observa que para que exista una suplantación de identidad completa deben existir ciertos datos específicos.
Es el motivo por el que el inicio de acciones legales no siempre soluciona el conflicto. En ese caso, Pérez recomienda dirigirse directamente a las plataformas digitales para que acaben con el problema.
Usuario, prosumidor
La capacidad de comunicación multidireccional que ofrecen las nuevas tecnologías ha generado nuevas figuras como la del prosumidor, aquel usuario que consume y produce, al mismo tiempo, contenidos.
Este hecho plantea múltiples retos en lo que respecta a la gestión de la propiedad intelectual, sobre todo la de aquellos contenidos que se publican abiertamente en las redes sociales o en ciertas plataformas digitales.
Los derechos de propiedad intelectual son vulnerados constantemente.
“Cuando un usuario publica un vídeo en YouTube, a priori tiene todo el derecho a hacerlo”, admite Touriño, sin embargo, ¿en qué medida tienen los demás usuarios derecho a reutilizar esos contenidos?
Aunque muchos usuarios lo desconozcan, ciertas plataformas se hacen con sus derechos de propiedad intelectual al publicar un contenido en ellas. Eso es lo que permite al resto de usuarios replicar sus contenidos, concluyen desde el despacho de abogados.
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