Economía digital y hubs: la apuesta tecnológica de Podemos

El partido de Pablo Iglesias ha forjado su posición como azote del bipartidismo y de una forma de hacer política que consideran anclada en el pasado, mostrándose partidario de una reinvención del modelo económico español que dé prioridad a la innovación, el emprendimiento y la economía digital.

Economía digital y hubs: la apuesta tecnológica de Podemos

 

Economía digital y colaborativa

El programa electoral de Podemos recoge varias de las realidades socioeconómicas que vienen gestándose desde hace años en el tejido ciudadano, a través de iniciativas locales, y que los de Pablo Iglesias convierten en pilar de su propuesta de cambio mediante la promoción de hubs (pequeños centros de negocio), clústeres de innovación y el acceso a espacios de trabajo compartido (coworkings) para incubadoras de emprendedores y start-ups.

La investigación científica y tecnológica como motor de desarrollo económico e industrial

Precisamente los clústeres son una de sus apuestas clave para revertir lo que denominan “el proceso de desindustrialización” de cara a impulsar una diversificación de la productividad del país y potenciando “un tejido productivo innovador volcado en el desarrollo de las pymes, identificando aquellos sectores emergentes conectados con las industrias de red”.

Democratización de las telecomunicaciones

El partido surgido tras las movilizaciones sociales del 15-M se propone el reto de modernizar los servicios de las telecomunicaciones, poniendo especial atención al desarrollo de la redes de fibra óptica. Sin entrar en detalles sobre universalización de acceso a banda ancha o 4G como hacen Partido Popular y PSOE, sí anuncian una regulación “adecuada” que permita abrir el mercado actual –si bien no se especifican detalles de en qué consistiría esa apertura.

Asimismo, se proyecta la reorientación de la inversión pública hacia infraestructuras productivas y tecnológicas que posibiliten la transición al nuevo modelo productivo que plantea el partido si gana estas próximas elecciones, donde la industria de las telecomunicaciones cuenta con especial relevancia.

TIC al servicio de la cultura y la salud

La digitalización de la administración es un clásico en las promesas electorales, Podemos no es menos y quiere consolidar “una auténtica administración digital” con una ventanilla virtual única que facilite las gestiones burocráticas a la ciudadanía. Y con una particularidad: la implantación de un Plan Estratégico de Migración hacia herramientas de software libre y datos abiertos, en sustitución de herramientas propietarias –siempre que sea posible.

La cultura es un derecho básico de necesario acceso público para la joven formación política, por lo que se realiza una clara apuesta por el desarrollo de iniciativas y políticas públicas culturales adaptadas al entorno digital. Entre ellas, considera la creación de una nueva Dirección General de la Cultura Digital dentro del Ministerio de Cultura y Comunicación y una Plataforma Pública de Cultura Abierta (PLACA) para la difusión de contenidos y herramientas digitales libres de derechos.

Además de aprovechar las posibilidades de las TIC en el ámbito cultural, se ponen las Tecnologías de la Información y la Comunicación al servicio del sistema público de salud con la creación de una plataforma digital estatal que facilita el acceso a las historias clínicas de los pacientes a cualquier usuario autorizado del sistema sanitario.

Escasa regulación de derechos digitales

El punto 259, de los 394 que componen su programa de propuestas electorales, Podemos lo dedica a la “inmediata derogación de la ley mordaza”, la Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana en vigor desde el julio de este año, y que proponen reemplazar por una “nueva legislación de seguridad ciudadana” que facilite el libre ejercicio de los derechos fundamentales de expresión, reunión y manifestación.

La formación política, principal opositora de esta ley desde su gestación en solitario por parte del Partido Popular, se compromete a eliminar las sanciones administrativas y su restricción a los actos que el Código Penal considera sancionables.

Finalmente, se propone una reforma legislativa para un nuevo sistema de propiedad intelectual fruto de un pacto social que incluya, entre otros actores, a la industria y sector empresarial tecnológicos.


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