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El Supremo condena a una web por los insultos a Ramoncín de sus usuarios

El Tribunal Supremo ha fallado contra los administradores de Alasbarricadas.org, indicándoles que tendrán que indemnizar con 6.000 euros a Ramoncín por los comentarios ofensivos que hicieron algunos usuarios en los foros de la página.

La decisión ha causado indignación en la Red, ya que no responsabiliza (ni busca) a los autores de los comentarios, sino a los gestores de la plataforma en la que se escribieron, y pone en peligro la llamada Web 2.0, basada en contenido creado por los usuarios.

El Tribunal argumenta que los comentarios ("escoria, grandísimo payaso, pedante, creído, farandulero, feo pasado por el quirófano", por ejemplo)  eran claramente ilegales por vulnerar el derecho al honor del cantante, y que los moderadores no fueron lo bastante diligentes al borrarlos, a pesar de que se eliminaron tras conocer el proceso legal en marcha, según Alasbarricadas.org.

"Asimismo fallan que se incumple la LSSI, al no disponer de una dirección actual en el registro, como es obligación de todo buen ciudadano, ignorando que existen otros medios de contacto como el correo electrónico, que por cierto jamás utilizaron", indicó la página en un post.La sentencia considera que los gestores de la página no habían dado opción al cantante para comunicarse con ellos directamente

Esta posición resulta polémica, dado que el propio Tribunal Supremo tomó la postura contraria en el caso de la página Quejasonline.com, y la misma (responsabilizar al gestor de la web) en el conocido "caso PutaSGAE".

En otro caso similar, un Juzgado de Primera Instancia absolvió a la web Rankia.com de presuntos delitos contra el honor y la intimidad personal de Ausbanc. La sentencia consideró que la comunidad online no era responsable de los comentarios de sus usuarios, y que actuó correctamente al publicar las normas de moderación y borrando los mensajes ofensivos.

"Los prestadores de servicios sólo serán responsables cuando no informen a los usuarios y/o posibles afectados por ataques a sus derechos de cómo comunicarse con ellos, cuando no eliminen datos de los que tengan conocimiento fehaciente -en la forma expresada- de que son ilícitos o cuando no colaboren con la justicia para identificar a los autores de esos ataques."


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