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Mafiaa Fire enfrenta a Mozilla con el Gobierno de EEUU

En su incansable campaña en defensa de los derechos de autor tradicionales, Estados Unidos ha confiscado varios dominios registrados en el país, que antes enlazaban a emisiones deportivas en streaming y en los que ahora se muestran mensajes y vídeos que intentan concienciar contra la piratería.

Pero como suele ocurrir, tras la norma llega la trampa. Las páginas afectadas, como la española RojaDirecta, pasaron su contenido a dominios en otros países, y los internautas han acudido a Mafiaa Fire, una extensión para Firefox que redirige automáticamente a las nuevas direcciones de las páginas.

Esta artimaña, como era de esperar, no ha causado sensación en las altas esferas. Y así es como el Gobierno estadounidense terminó pidiéndole a la Fundación Mozilla que retirase la aplicación, porque elude la orden de confiscar esas direcciones.

El abogado de Mozilla Harvey Anderson ha explicado en su blog que han rechazado la petición, y solicitado a las autoridades que les aclaren si algún tribunal ha declarado ilegal a la aplicación, y sobre qué base, si están obligados a retirarla y que se les envíe, si existe, la orden para retirarla de su catálogo.

"Una de las cuestiones fundamentales aquí es bajo qué condiciones acceden los intermediarios a solicitudes del Gobierno que tienen un efecto censor y que podrían amenazar una Internet abierta", señaló Anderson.

No es raro que instituciones, organismos de gestión de derechos o las autoridades presionen a servicios online pidiéndoles la retirada de contenidos o herramientas, o bien que les proporcionen información sobre sus usuarios, con argumentos y amenazas legales pero con frecuencia sin órdenes judiciales. La reacción de estos servicios es muy dispar. Unos se niegan y denuncian las presiones, como ha hecho Mozilla, mientras que Facebook cierra páginas de empresas en su red sólo con una denuncia de que están infringiendo derechos.

En los últimos años, la industria del entretenimiento y las firmas legales a las que contrata, apodadas "copyright trolls" por sus críticos, han convertido en habitual escribir a ciudadanos británicos y estadounidenses acusados de haberse descargado música o vídeos, amenazándoles con un largo proceso judicial si no pagan una indemnización. Esta lucrativa práctica empieza a estar mal vista por los jueces de EEUU, cada vez más reacios a aceptar las demandas de discográficas y estudios de cine.

Mientras tanto, los creadores de la aplicación siguen trabajando en la versión para Chrome y agradecen a Mozilla que se atuvieran a sus valores de defensa del software libre, mientras señalan que si hubiera argumentos legales contra ellos ya se los habrían presentado.


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