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Acoso y derribo a las redes P2P

Ya son un total de 16.087 los usuarios demandados por la Asociación de la Industria Discográfica de América -RIAA- por la subida y descarga de archivos musicales o de vídeo sujetos a derechos de propiedad intelectual. El enfrentamiento entre las grandes organizaciones discográficas y de distribución contra las redes P2P no ha cesado y el cerco se estrecha cada vez más.

La tecnología P2P, peer to peer (que en castellano podríamos traducir como de igual a igual) es una red sin clientes ni servidores fijos. Supone una transmisión de archivos a través de un servidor central que conecta a cada usuario con otros. Gracias a esta tecnología -Emule, Grokster, Streamcast, EDonkey, Kazaa, BitTorrent, etc- se pueden compartir archivos de música y vídeo de manera gratuita. Su innovación es tal que supone una clara amenaza para los modelos de las empresas establecidas.

Desde la RIAA, que engloba a Sony, BMG, EMI, Universal Music o AOL Time Warner, encargadas de la distribución del 95% de los discos a nivel mundial, se acusa a estos programas de \”enriquecerse a costa del mayor robo de propiedad intelectual que el mundo haya visto\”, en palabras de Theodore Olson, abogado que colaboró con esta asociación en junio de 2005 en la demanda presentada junto con la Motion Picture Association of America, MPAA (representante de los estudios de cine de Hollywood) contra Streamtcast y Grokster.

El precedente de Sony

Esta demanda recordaba a la presentada en 1984 contra Betamax, cuando el Supremo norteamericano permitió a Sony la venta de sus grabadoras de vídeo domésticas a pesar de que podían ser empleadas para hacer grabaciones ilegales de películas o series de televisión.

Sin embargo, esta vez el Tribunal Supremo no sólo ha declarado culpables a las dos empresas demandadas, sino que además hace una amenaza velada al resto, ya que los sitios P2P ahora pueden ser considerados responsables de violación del copyright.

Son ya 16.087 los usuarios denunciados por la RIAA desde que empezó la campaña contra las redes de intercambio. Entre septiembre y noviembre de 2005 han sido demandados 693. Para los defensores de estas redes, estos actos de la RIAA en EEUU no hacen más que perjudicar a consumidores y artistas, ya que salen beneficiadas las grandes discográficas que forman parte de esta asociación. \”Supone un control de la innovación y un ataque directo a la comunidad\”, afirman fuentes de Streamcast.

Muchos programas han decidido llevar a cabo una reforma forzada de sus contenidos. Kazaa, BitTorrent, EDonkey o Grokster han optado por no distribuir material sujeto a derechos de autor, y varios de ellos han creado una red legal de acceso limitado.

Algunos, como Grokster, a cambio de que la RIAA retire todas las demandas que pesan sobre ellos. Sin embargo, estas buenas intenciones dejan abierto un pequeño resquicio: esas redes seguirán activas y muchas mantendrán sus programas en las versiones anteriores a los cambios.

Métodos disuasorios

No son sólo armas judiciales las que se emplean. Otra forma de hacer presión sobre los usuarios ha sido a través de empresas que se dedicaban a disuadir del uso de redes P2P. ¿Cómo? Colgando millones de archivos falsos, ya fueran en blanco o dañados, para hacer perder la paciencia a la gente. La compañía Overpeer, una división de la discográfica digital Loudeye, ha estado en cabeza de estos métodos.

El pasado octubre se ilegalizó Kazaa en Australia. En Argentina, veinte personas han sido demandadas. Un ciudadano sueco fue condenado a pagar una multa de 1.700 euros por cargar una película en una red P2P, y en Hong Kong el ciudadano Chang Nai-Ming fue condenado a tres meses de cárcel por distribuir películas.

En otros países europeos, como Francia o Inglaterra, también se están llevando a cabo acciones legales contra los usuarios que descargan música con copyright o que la ofrecen en sus webs, obligando a los proveedores de redes de intercambio a facilitar el nombre de esas personas.

En España, la situación -que no ha llegado a los extremos estadounidenses- también está caliente. La SGAE no ha dejado de presionar para que se condene a aquellas personas que descarguen material sometido a derechos de autor. Ha sido tal la presión ejercida por dicha sociedad que el Gobierno ha realizado modificaciones en el Código Penal, ha lanzado una Ley Antipiratería y establecido el pago de un canon por copia para uso privado.

Por estos lares se han cerrado algunas webs, como ZonaTracker, CycdGo o Spanishare, debido a la presión que estaban padeciendo por parte de estas organizaciones. Una presión que en EEUU, por ejemplo, ha hecho descender el número de descargas aproximadamente en un 11%.


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