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Caso Microsoft, la pelota continúa saltando de tejado en tejado

A lo largo de los últimos días parecía que el caso Microsoft podía llegar a su fin de una vez por todas después de años de litigio. El Departamento de Justicia y el coloso de Redmond firmaron un acuerdo el pasado 2 de noviembre que, además de despertar bastantes críticas, se anunció como el fin de esta historia interminable.

A los pocos días el entusiasmo comenzó a templarse al mismo tiempo que crecían los rumores de que no se iba a conseguir tan fácilmente el visto bueno de los 18 estados que acusaron a Microsoft de prácticas monopolísticas. Finalmente ha resultado que los malos augurios se han cumplido: después de intensos debates y revisiones, la mitad de los representantes estatales han dicho que no, y ahora le toca a la juez Collen Kollar-Kotelli dilucidar el nuevo rumbo que debe tomar este proceso, aparentemente eterno.

A continuación, un pequeño resumen de lo acontecido durante los últimos cuatro días. Menos de una semana en la que pareció que el caso Microsoft había llegado a su fin.

Y el gobierno dijo sí

El viernes 2 de noviembre cumplía el plazo dado por la juez recién llegada Kollar-Kotelli (se hizo cargo del caso en agosto y, según muchos, deseosa de acabar con él cuanto antes) para que la empresa de software más grande del mundo, declarada hace ya tiempo culpable pero indivisible, y el gobierno estadounidense, con la mediación del profesor de derecho Eric Green, llegaran a un acuerdo amistoso sobre las medidas a adoptar para evitar de nuevo una situación de abuso de posición dominante.

Pues el mismo día que expiraba el plazo, con el dramatismo que siempre otorga el último momento, ambas partes anunciaron que por fin habían alcanzado el famoso acuerdo que podría suponer el fin del culebrón judicial protagonizado por Microsoft.

Según este pacto extrajudicial, un comité formado por tres personas velaría por el correcto funcionamiento de una serie de restricciones que en teoría evitarían que Microsoft incurriera de nuevo en prácticas monopolísticas.

Estas cortapisas, válidas durante el próximo lustro y ampliables por dos años más, obligarían entre otras cosas a la empresa de Gates a ofrecer versiones de su sistema operativo sin incluir sus programas de audio y vídeo, a facilitar la desinstalación de determinadas aplicaciones, a no firmar acuerdos de exclusividad y a desvelar partes de su código fuente a la competencia. La inclusión de serie de su navegador Explorer, fruto del bien y del mal (es decir, principal causa) de este proceso judicial, se mantendría tal cual está.

Consecuencias del acuerdo

Inmediatamente, tras la publicación de la noticia y de las condiciones del acuerdo, las acciones de Microsoft sobrepasaron el 6% en bolsa (desde entonces no ha dejado de subir, despacio pero seguro). Todo el mundo tenía claro que, de aceptarse este pacto, el de Redmond saldría, sino beneficiado, sí prácticamente ileso después de un proceso judicial de varios años en el que fue declarado culpable.

Evidentemente, esta impresión generalizada hizo que muchos rivales, analistas y diferentes grupos de usuarios contrarios o precavidos ante la posición dominante de la empresa de Gates mostraran su descontento.

Paul T. Cappuccio, vicepresidente ejecutivo y consejero general de AOL Time Warner, aseguró que el acuerdo \”hace muy poco para promover la competencia y proteger a los consumidores, y puede ser fácilmente evadido por un demostrado monopolista como Microsoft\”. Para Scott McNealy, presidente y CEO de Sun Microsystems, \”el acuerdo de hoy significa la retirada del gobierno federal y una derrota para los consumidores\”.

Ed Black, presidente de la Computer & Communications Industry Association (CCIA) se refirió a él como \”una capitulación total\”. Por último, el presidente de la Progress & Freedom Foundation coincidió en que el acuerdo \”es embarazoso para el Departamento de Justicia\”.

Por el contrario, tras presentar la propuesta, el fiscal general John Ashcroft la describió como \”histórica\” y dijo que acabaría con \”la conducta ilegal de Microsoft\”. El cofundador de Microsoft, Bill Gates, aseguró que las medidas adoptadas son justas y ayudarán a que sus competidores olviden los resquemores lógicos producidos por el enorme éxito de muchos de sus productos, y a que ellos puedan seguir innovando y ayudando a reforzar la economía de Estados Unidos. Todo un alarde de espíritu patrio a la par que conciliador.

Y los estados no sabían que decir

¿Ya está? ¿Se ha acabó al fin el culebrón judicial de Microsoft? Pues mucho nos tememos que no. Aunque haber logrado alcanzar un acuerdo supone una gran victoria para Microsoft, que le acercaba a los títulos de crédito de esta película interminable, aún quedaba la guinda del pastel: conseguir la aprobación de la juez (algo que se da por sentado) y de los representantes de los 18 estados que se sumaron en su momento a la acusación antimonopolio. Una decisión que la juez Kollar-Kotelli decidió que debía hacerse pública a lo largo del martes 6 de noviembre.

En un primer momento todo parecía indicar que se mostrarían favorables a dar por sentada esta historia de una vez por todas. Unos apoyaban esta tesis aduciendo que el delicado momento que vive Estados Unidos requería que se produjera la reconciliación entre el gobierno y una de sus empresas más emblemáticas como símbolo de armonía y buen hacer. Al fin y al cabo incluso el Departamento de Justicia pidió a los Estados que aceptaran \”por el bien del interés público\”. Otros añadían que los fiscales generales, que fueron los principales defensores de la partición de la compañía de Gates, se habían vuelto más amigables durante el reinado Bush.

En cualquier caso, el lunes empezó a resquebrajarse la creencia de que el beneplácito fuera a obtenerse tan fácilmente. Comenzó a filtrarse el disgusto de varios representantes que requerían diversas modificaciones en el acuerdo. El primero en descolgarse fue el representante de Massachusetts, Tom Reilly, al asegurar en una rueda de prensa celebrada en Boston que ni él ni otros representantes estatales (no determinó el número) estaban dispuestos a aceptar la propuesta.

Reilly se mostró muy duro con el Departamento de Justicia al afirmar que \”es difícil de creer que haya accedido a firmar un acuerdo semejante\” y asegurar que es necesario controlar más duramente al gigante de Redmond para evitar que \”acabe con sus rivales más pequeños\”.

Y al final la pelota vuelve a cambiar de tejado…

Ya el mismo día que debían pronunciarse en uno u otro sentido, Brendan Sullivan confesó que entre los 18 representantes se habían formado tres grupos: uno que acepta el acuerdo tal cual, otro que quiere seguir litigando y por último el grupo formado por los indecisos.

Finalmente, nueve de los 18 estados se negaron a firmar el acuerdo. Parece ser que entre los que están dispuestos a firmar el acuerdo se encuentran Carolina del Norte, Ohio, Illinois, Michigan, Kentucky y Nueva York. Y entre los cabecillas de la rebelión destacan Connecticut, Iowa, California y, evidentemente, Massachusetts.

En este momento el camino del proceso judicial de Microsoft se bifurca, y la pelota está ahora en el tejado de la juez, que ha prometido mostrar la mayor diligencia posible.

Por una parte cabe la posibilidad de que el litigio continúe hasta contentar a los nueve estados que no han visto con buenos ojos el pacto judicial. La otra opción sería que el acuerdo entre Microsoft y el DoJ siguiese adelante ignorando a la opinión de estos estados y llegase ante la juez Kollar-Kotelli, última encargada de ratificar las sanciones según la Tunney Act (una ley que requiere que la juez revise el acuerdo para asegurarse que defiende el interés público y no esconde motivaciones políticas).

Llegado este momento conviene tener en cuenta que aunque contar con la aprobación de los estados no sea imprescindible, es muy deseable porque aporta legitimidad a cualquier decisión. Y aquellos que piensen que este último camino podría ser muy rápido debes saber que hay que esperar unas dos semanas hasta que la propuesta aparezca publicada en el Registro Federal, después sería debatida publicamente durante 60 días, y harían falta otros 30 días más para que el Gobierno responda, lo que siginifica que la siguiente fase no comenzaría hasta febrero de 2002.

Siempre nos quedará Bruselas

Ajena a lo que sucede allende el Atlántico y a las declaraciones de Steve Ballmer, actual presidente de Microsoft, que manifestó su deseo de que el acuerdo presentado por su empresa y el Departamento de Justicia sea un ejemplo a seguir por la Comisión Europea, la UE continúa la investigación que inició hace pocos meses para dilucidar si el coloso del software intentaba dañar a sus rivales al incluir su programa propietario de audio y vídeo, el Microsoft Media Player, en su sistema operativo.

Definitivamente, es demasiado pronto para afirmar que el culebrón judicial de Microsoft está a punto de expirar.


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