En Italia se ha suscitado una movida notable al hilo de la decisión del Ejecutivo de obligar a los ISP a bloquear el acceso a los sitios de juego online no establecidos en territorio trasalpino, so pena de persecución penal y fuertes multas.
Estamos por tanto ante un nuevo episodio de proteccionismo, una versión en la Red de casos como el de la española Endesa y la OPA de nunca acabar o los numerosos episodios protagonizados por Francia, gran adalid del llamado patriotismo económico.
El tema es grave, pues supone una violación de la legislación europea. Betfair, la compañía británica online más grande del mundo, ha denunciado que el decreto del gobierno italiano se ha aprobado sin informar previamente a la Comisión Europea.
Hasta 500 empresas de apuestas en Internet se han unido para establecer un frente común contra la nueva norma restrictiva, todo ello con el apoyo de la Remote Gambling Association (RGA).
Como suele acontecer, quien sale perdiendo realmente es el consumidor; ahora, los usuarios italianos no podrán beneficiarse de los precios competitivos que puede ofrecer una pluralidad de firmas operando.
La implantación de estas restricciones para los ISP ha abierto una amplia brecha en el derecho europeo. La Comunidad Europea reconoce la libertad para establecerse y proveer servicios fuera de las fronteras nacionales y dentro de cada estado miembro.
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