El canon digital supone más del 60% del precio de CDs y DVDs

José Pérez, director general de ASIMELEC (Asociación Multisectorial de Empresas Españolas de Electrónica y Comunicaciones), asociación que agrupa a más de 1.200 empresas de diferentes áreas del sector de la electrónica y las nuevas tecnologías, ha destacado hoy en una ponencia celebrada en Valencia que “lo que popularmente se conoce como el canon digital supone para los usuarios más del 60% del precio final en algunos productos como los CDs y los DVDs, y una bolsa de fraude de casi un 50% del mercado”.

Bajo el título “La situación actual del canon digital en España”, José Pérez ha analizado las consecuencias que supone la aplicación del canon digital y la trascendencia económica que conlleva para el mercado y los usuarios. Pérez se ha referido a la definición del canon como la remuneración compensatoria por copia privada, o lo que es lo mismo, “la obligación de pago que tienen las empresas por comercializar determinados productos”.

Pérez ha explicado el origen del canon, con vigencia en España desde 1987, y que desde su aplicación en 1992 ha supuesto un “gran impacto entre las empresas”, aunque su ámbito estaba limitado a los productos de tecnología analógica. En este sentido, el ponente ha resaltado que “ahora el impacto se verá aumentado como consecuencia de la penetración en la tecnología digital”.

Sobre las consecuencias derivadas del canon, el director general de ASIMELEC advierte de que “el impacto se ha traducido en algunos casos no sólo en incrementos de precio de los productos, sino también en la aparición de fenómenos de competencia desleal, hechos que han provocado numerosos problemas, incluido el cierre y cese de empresas”.

Respecto a la situación actual del canon digital, Pérez aseguró que “es un momento crítico y de especial relevancia”. Según la ley aprobada el pasado año, la industria del sector y las entidades de gestión de derechos de autor estaban obligadas a negociar qué equipos estaban sujetos al canon y sus importes.

Al no haber existido acuerdo, los Ministerios de Industria y Cultura tendrán que elaborar y aprobar la Orden Ministerial que fije cuáles son los equipos que se gravarán y sus correspondientes cuantías, normativa que todavía no ha sido publicada. En esta línea, Pérez ha comentado que “esta disposición tendrá graves consecuencias y un gran impacto en las empresas y en los consumidores, que se verán afectados por el aumento del precio de equipos como los reproductores MP3 y los teléfonos móviles”.

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