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El gobierno defiende el Plan Info XXI y la LSSI

Tanto el Plan Info XXI, pensado para extender la sociedad de la información por España, como la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI), probablemente las dos medidas más importantes relacionadas con Internet, le han acarreado numerosas críticas procedentes de diversos frentes y unos cuantos dolores de cabeza al gobierno español. Pero pese a todo, las siguen defendiendo.

El grado de cumplimiento del Plan Info XII, que ha sido tachado de ineficaz hasta la saciedad, es “satisfactorio” para el gobierno, ya que considera que se ha conseguido ejecutar 147 de las 305 acciones que contenía, y que otras 76 están en fase importante de desarrollo. Es decir, que dos terceras partes de esta iniciativa están “en fase muy avanzada de ejecución”.

Esta defensa a ultranza del Plan Info XII ha tenido lugar a raíz de la pregunta al respecto arrojada en el Parlamento por el diputado del Grupo Socialista (GS) Ángel Martínez Sanjuán. De todas maneras, pese a la satisfacción del Ejecutivo, no faltarán los que sigan pensando que sigue habiendo más ruido que nueces.

La única iniciativa relacionada con Internet que ha desatado más polémica que el Plan Info XXI ha sido la LSSI, que fue aprobada el pasado mes de julio y que incluso tiene montada una importante campaña en contra. Esta ley vio cómo las críticas arreciaban hace poco, al pretender obligar a los proveedores de servicios de Internet (ISPs) a guardar información de sus clientes durante un año.

Pues también esta faceta de la LSSI ha sido defendida por el gobierno, como reacción a una pregunta del diputado del Grupo Mixto Carlos Aymerich Cano, declarando que \”no afecta ni al derecho al secreto de las comunicaciones ni al derecho a la protección de datos personales, al respetar íntegramente su contenido esencial y las garantías para su ejercicio establecidas\” en la legislación española.

Además han recordado que esta medida responde al criterio del Consejo de la UE, y no a una iniciativa del Ejecutivo español. Aunque también han apoyado la directiva europea (que también fue ampliamente criticada) al asegurar que establece “las cautelas necesarias para que resulte garantizado suficientemente el derecho a la intimidad\”.


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