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El toma y daca de la Ley de Economía Sostenible

No hay día que no se produzca una novedad en torno a la polémica Ley de Economía Sostenible, uno de cuyos apartados contempla el cierre de páginas webs sin necesidad de un permiso judicial si se considera que éstas han vulnerado los derechos de autor.

Y es que los Agentes Sociales de la Producción Audiovisual en España han emitido hoy un comunicado conjunto defendiendo los principales puntos de este anteproyecto de Ley, del que dicen que protege la propiedad intelectual porque “reconoce y fomenta el valor perdurable de la creatividad, la cultura y la innovación en España”. Así pues, ven positiva esta batería de reformas que pretende llevar a cabo el Ministerio de Cultura y y consideran que fomentará “la creación de nuevas oportunidades de empleo y la protección de los ingresos de todos los titulares de derechos en la industria de la producción audiovisual y otros sectores creativos”.

De este modo, piden que el Gobierno instaure “leyes y normas adecuadas que establezcan medidas proporcionadas para impedir el uso indebido de contenidos y emisiones protegidas”. Del mismo modo, cargan contra las operadoras y piden “la obligatoriedad para los proveedores de acceso a Internet de trabajar con todas las tipologías de titulares de derechos y las autoridades competentes, con el fin de impedir los intercambios ilegales de archivos a través de las redes P2P”.

Y sin salir del día de hoy, la polémica matutina ha corrido a cargo del secretario nacional de Cultura del PP, José María Lassalle, que publica hoy en El País un controvertido artículo titulado Más libertad, propiedad y legalidad. Y es que si los internautas que están en contra del anteproyecto de Ley buscaban una alternativa válida en el partido de la oposición, Lassalle parece haber demostrado con su artículo que la postura del Partido Popular no se acerca, ni de lejos, a la de la comunidad internauta involucrada en los temas de derechos de autor. Para Lassalle, “la piratería daña la propiedad intelectual, menoscaba la seguridad jurídica que requieren nuestras industrias de contenidos para desarrollar sus modelos de negocio en la Red y, sobre todo, genera desempleo que, en un momento de crisis, es una sangría inaceptable en términos personales y profesionales”.

En un tono muy crítico tanto con la postura del gobierno como la de los colectivos de internautas, Lassalle asegura que “España necesita dar seguridad jurídica a la creación en general y a las industrias de contenidos”.

Un día más, y dos posturas nuevas salen a la palestra. No tardarán mucho en salir otras.


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