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En Italia, YouTube es sólo otro canal de televisión

Los gobiernos del mundo se han visto desbordados ante la Red, todo un universo desconocido y con sus propias reglas internas. Ante ese panorama, unos han dejado que los internautas se apañen, otros intentan crearles normas a medida, con mejor o peor fortuna, y otros intentan encajarles en las que ya existen. En Italia, por ejemplo, YouTube tendrá que atenerse a las mismas reglas que un canal de televisión normal.

YouTube es sólo un ejemplo, porque las resoluciones aprobadas por el Gobierno afectan a todas las páginas de vídeos online, que serán consideradas como canales de televisión, y de radio online, que pasarán a regularse como estaciones de radio convencionales.

A partir de ahora, algunas páginas de vídeo en streaming o bajo demanda necesitarán licencias del Gobierno, y las que ganen más de 100 euros al año tendrán que moderar su contenido, y ofrecer al menos 24 horas de producción nueva a la semana. Probablemente, esto último es lo menos problemático para servicios como YouTube, que sirve unos 200 millones de vídeos al día, pero podría causarles problemas a sitios más amateur.

Una de las mayores polémicas es la referida al contenido. Cumpliendo con las normas italianas de televisión, YouTube y compañía tendrían que respetar el horario infantil, retirando o bloqueando el acceso a los vídeos considerados no aptos para niños. La vía de escape más probable esté en las páginas alojadas en otros países (como YouTube, que se ofrece a los internautas italianos desde su sede en Irlanda).

Los controles de contenido no son nada nuevo para YouTube, que ha visto como las autoridades de diferentes países imponían bloqueos aludiendo a vídeos demasiado violentos o, simplemente, demasiado rebeldes. Pero por lo general son países como Rusia o Pakistán, que no tienen el mejor historial de respeto a las libertades civiles en general, y de prensa en particular.

Por otro lado, es más que sospechoso que estas normas lleguen en pleno conflicto legal entre YouTube y la productora de Berlusconi, Mediaset, que reclama 500 millones de euros por varios vídeos subidos por los usuarios y que considera una infracción a su propiedad intelectual. Dentro de las nuevas regulaciones, sería difícil argumntar que la página no es responsable de lo que suban sus usuarios.

Los críticos no han tardado en señalar esa coincidencia, denunciando que las resoluciones son una amenaza a la libertad de expresión en Internet, a donde Berlusconi (que controla la mayoría de los canales nacionales) quiere trasladar su dominio mediático, y que posiblemente contradigan directivas de la Unión Europea.


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